Luis Mª Diez Picazo26/10/18. "Luis. Lo entiendo. Sé fuerte" fue la frase que Mariano Rajoy decidió enviarle un 18 de enero de 2013 a través de un sms a Bárcenas en pleno proceso de destape público de la contabilidad B del PP. El objetivo del mensaje era que resistiera, que no "cantara" sobre las prácticas irregulares de la financiación del PP, de ese "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" del que participaron empresarios notables y políticos destacados, también valencianos, hoy condenados por sentencia firme.
Hace unos días otro Luis, en este caso, Luis Mª Diez Picazo, Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, era objeto de todas las miradas y blanco de todas las críticas. Una resolución de la Sala que preside había decidido cambiar la doctrina consolidada sobre el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras hipotecarias, al establecer que serán las entidades bancarias las que deben pagarlo en vez de sus clientes.
Se trata de una decisión judicial importante, un severo varapalo a la banca y una buena noticia para los clientes hipotecados de la misma. Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, establece que 1.500.000 contribuyentes podrían solicitar la devolución de este impuesto a raíz de la sentencia. Peccata minuta para el rosario de abusos continuados de la banca a la ciudadanía, pues se calcula que el importe a devolver sería tan sólo de 3.631 millones de euros.
Pero todo está en el aire, porque D. Luis, el Presidente de la Sala, alertado por la "enorme repercusión económica y social" del fallo judicial, situación que conocía a la perfección, ha convocado Pleno urgente para confirmarlo o rectificarlo, aun cuando el fallo es firme y se dictó por la Sala Segunda a la que él había abocado el conocimiento de la causa por su especialización.
Todo un escándalo. Un cuestionamiento de la imparcialidad y de la independencia de los jueces. Un atentado a la seguridad jurídica que denuncian organizaciones de jueces y fiscales. Una llamada al orden a magistrados competentes y especializados en materia impositiva que han hecho su trabajo, juzgar con arreglo a derecho, en el que la sustancial diferencia es que en esta ocasión no pierden los de siempre. Esta vez la banca no siempre gana.
La pregunta es obvia ¿A qué intereses sirve el Presidente en la convocatoria de este Pleno? ¿Tendrá que ver algo con su contrato para dar cursos durante años en un centro universitario propiedad de los bancos? Podemos ha presentado una querella por prevaricación, por considerar que las decisiones de Luis Díez-Picazo son "totalmente contrarias a derecho y que atentan contra la independencia judicial, y sirven exclusivamente a intereses económicos particulares de las entidades financieras que en nada benefician el interés social".
Esta resolución ordenaba dejar sin efecto señalamientos pendientes sobre la misma materia para impedir que se hiciera valer la tesis de esta sentencia. No ha sido así en Alicante, donde los jueces han decidido no suspender los señalamientos y han dictado ya más de una veintena de sentencias a la luz de este fallo del Tribunal Supremo, a diferencia de otras provincias donde reina la cautela hasta que el Pleno, en la próxima reunión, decida qué hacer.
Hoy como siempre, pero hoy especialmente, tengo en mente la situación de emergencia habitacional que azota a España y a la Comunitat Valenciana, los desahucios que siguen produciéndose por la imposibilidad de las familias de pagar. Hoy no olvido las casas sin gente y el papel de los fondos buitre, ni los efectos de la turistificación, ni por supuesto todos, absolutamente todos, los abusos de la banca hacia los clientes hipotecados o no. Una banca despiadada a la que nadie ha querido ponerle freno durante demasiados años y a la que se la ha rescatado desde lo público cuando tan sólo ha estornudado sin exigirle la devolución.
La vivienda es un derecho fundamental, aunque no lo reconozca nuestra Constitución, por eso necesitamos en la Comunitat valenciana dar pasos decisivos: avanzar con un censo actualizado de vivienda pública y vacía, ampliar el parque público y garantizar un techo para las supervivientes de violencia machista. Necesitamos una Consellería de Vivienda que vele por garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Es el momento de recordarles los deberes a todos, y de reconocer la importancia de una justicia independiente para un Estado de derecho, una que no sucumba a intereses económicos de los poderosos, como única y verdadera trinchera para quienes víctimas de los abusos no han perdido la esperanza de encontrar en la justicia respuestas. Tengo en mente a movimientos sociales valientes, sin miedo, como la PAH, las víctimas de las preferentes, los yayoflautas, a nuestros pensionistas.
Hoy más que nunca la banca le dirá al Presidente de Sala en ese Pleno del 5 de noviembre: "Luis sé fuerte". El Presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Lesmes, al que le gustaría decirlo porque fue su mentor para el cargo -lo que fue muy contestado por jueces progresistas- ya no puede. Afortunadamente fuera de la Sala hay ya demasiado ruido, demasiada gente pidiendo justicia dictada en interés general y no en estricta obediencia a intereses de las entidades financieras, demasiados jueces pidiendo independencia.
Yo por mi parte, le diré a esos magistrados que defiendan su fallo con coraje porque la justicia no es un valor que sólo se explica en clase de derecho, se administra, y es capaz de cambiar a mejor la vida de la gente. Les diré con palabras del íntegro Atticus Finch (Matar a un ruiseñor) que el "coraje es saber que estás en desventaja desde antes de empezar, pero sigues adelante sin importar nada, porque la única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno".
