Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) tiene claros los cambios que haría en la reforma de la ley que dio vida a la cadena. Al menos, su presidenta en funciones, Mar Iglesias, que la semana pasada remitió un escrito a la subcomisión de reforma de la norma que dio vida a la radiotelevisión pública valenciana con los cambios que considera que serían oportunos introducir en la normativa actual.
El escrito de Iglesias, motivado por una petición de documentación de esta comisión para iniciar los trabajos de modificación legal del texto aprobado en 2016, se centra en cuatro puntos clave. El más relevante profundiza en una cuestión que ha sido el principal dolor de cabeza del Botànic año tras año en la Ley de Acompañamiento: el límite del presupuesto que tiene À Punt por norma en el capítulo de personal. Una restricción que, a su juicio, debería ser modificada para explorar otras fórmulas: "No es eficiente, y si lo que se estima necesario es introducir un mecanismo que garantice que no aumente el personal, se puede tomar como referencia el crecimiento que establece la Ley de Presupuestos para el capítulo 1 de toda la Generalitat".
Cabe apuntar que, por ejemplo, para la elaboración de las últimas cuentas del Gobierno valenciano, la Conselleria de Hacienda limitó el crecimiento de gastos en nóminas en un máximo de un 2%. "De esta manera también se limitaría el crecimiento de la plantilla, sin condicionar la dimensión del presupuesto, que es contradictorio con la estabilidad de la plantilla", termina de justificar Iglesias.
Ahora bien, no es el único cambio propuesto por la presidenta en funciones del ente. También insiste en una cuestión en la que ha venido insistiendo la Presidencia del ente, antes ocupada por Enrique Soriano y ahora temporalmente por la también vicepresidenta y candidata de Compromís para cubrir la vacante del Consejo del Audiovisual: la necesidad de fusionar las dos sociedades que conforman À Punt.
"La experiencia ha puesto de manifiesto la conveniencia de agrupar en una única entidad la CVMC y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), y de los modelos existentes en los medios de comunicación públicos autonómicos, entendemos que el modelo de entidad pública es el más adecuado porque es el que más ventajas presenta", expone el escrito.
Si bien explica que desde el punto de vista de la contratación, régimen de personal o fiscalización interna y externa que reciben tanto la Corporació como la Societat "son muy próximos", Iglesias ahonda en que la sociedad presenta otras cargas propias de las mercantiles con las que no quieren lidiar.
Entre otras, se encuentran por ejemplo, "las relacionadas con el capital social -el coste de escritura pública y registro en el caso de las ampliaciones y reducciones de capital son enormes- o las causas de disolución, las obligaciones con el Registro Mercantil relacionadas con las cuentas o escrituras modificativas de los estatutos, o la necesidad de avalar ante recursos contra la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la administración local". "Todo son problemas y no hay ninguna ventaja", concluye tras subrayar que la "complejidad contable entre las dos entidades no favorece el funcionamiento de los medios públicos valencianos".
Por último, la también presidenta del Consejo Rector insta a que los instrumentos de control interno se adecúen a lo que se prevé en el resto del sector público instrumental. Según la Ley 1/2015, este se basa en un control de auditoría anual, y la propia norma contempla que las entidades públicas como la CVMC que están sometidas a un control financiero permanente pueda ser sustituido "por las actuaciones de auditoría pública".
Iglesias, además, pide a los grupos parlamentarios de Les Corts que no se limite "la colaboración de terceros" en "la captación de imagen y sonido en el caso de los programas informativos, personal del cual se hará control editorial". Y para concluir insta a que la denominación de la CVMC sea "en una única lengua, el valenciano".
Las peticiones ya han llegado al Parlamento, que ahora deberá estudiarlas. Pero para eso, primero deberá ponerse en marcha la subcomisión de À Punt, que a pesar de haberse constituido y haber aprobado un calendario de trabajo -en el que tan solo constan seis sesiones para reformar la ley-, todavía no se ha reunido desde el año pasado. La subcomisión lleva constituida desde septiembre de 2019, pero solo ha aprobado un calendario de sesiones que ni siquiera han arrancado. Por lo que a juzgar por los ritmos que se manejan, los partidos tendrán que reformar la ley de nuevo mediante la Ley de Acompañamiento.
