VALÈNCIA (EP) El Consejo General del Poder Judicial ultima una guía de buenas prácticas para prevenir posibles contagios por Covid-19 en las sedes judiciales cuando se reanude la actividad. Entre las medidas a adoptar proponen medir la temperatura en los accesos a los juzgados, que haya material de protección o límites en el aforo de las salas de vistas y en otras dependencias judiciales.
Así lo refleja el documento que la Comisión Permanente del CGPJ ha estudiado este lunes, el 'Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional', documento que incluye la 'Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales'. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha acordado dar traslado de ambos al Ministerio de Justicia, a la Audiencia Nacional y a los Tribunales Superiores de Justicia antes de su aprobación definitiva.
De este modo, el CGPJ contempla prácticas colectivas que deben observarse cuando arranque la actividad en la Administración de Justicia, nuevos hábitos que irán desde la limpieza y desinfección periódica a la instalación de elementos de protección colectiva como mamparas de seguridad en los puestos de atención al público o fundas de plástico para los micrófonos.
También se realizarán evaluaciones del riesgo de exposición al coronavirus en las diferentes actividades que contempla el trabajo de los miembros de la carrera judicial, se fijarán criterios generales para coordinar las agendas de señalamientos o se atenderá al público mediante sistemas telemáticos y de cita previa.
La Guía, elaborada por el Servicio de Prevención de Riesgos del CGPJ, marcará el camino para el proceso de incorporación en régimen presencial de los jueces y magistrados a partir del levantamiento del estado de alarma, y fijará cuáles son los colectivos especialmente sensibles ante un posible contagio por enfermedad, embarazo o edad.
El documento también aborda la potenciación de los medios telemáticos para las actuaciones procesales, el fomento del teletrabajo o el establecimiento de sistemas de gestión documental. Y añade un protocolo de actuación para saber con quien se debe contactar en caso de sintomatología o contacto estrecho con personas que presenten síntomas compatibles con el Covid-19.
Según informan desde el CGPJ en un comunicado, el protocolo contempla las actuaciones necesarias a realizar para limitar contagios y garantizar la seguridad y salud del colectivo de la Carrera Judicial, y los espacios que se comprenden son tanto las sedes judiciales como los distintos escenarios en los que se practiquen actuaciones fuera del juzgado.
La guía especifica asimismo que las Comisiones de Seguimiento, los órganos de gobierno o las administraciones prestacionales serán las competentes para la adopción de las medidas necesarias, y recoge las buenas prácticas que deben llevarse a cabo de manera coordinada al existir espacios comunes para el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.
De hecho, el documento --que debe ser aprobado aún-- será de aplicación al colectivo de jueces en activo, jueces sustitutos y magistrados suplentes durante el tiempo en que realicen actividad jurisdiccional, jueces en prácticas adscritos a funciones de refuerzo en Juzgados y jueces que ejerzan funciones en el ámbito de la Administración electoral. También tendrá como destinatarios a los órganos de gobierno del Poder Judicial (Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia) y las Comisiones de Seguimiento.
Refleja además que las actividades de jueces en las que concurran con fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y personal de la Administración de Justicia, profesionales (abogados, procuradores graduados sociales), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal sanitario y usuarios de la Justicia, "serán coordinadas con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias".
Declara inconstitucional tanto esa prórroga como el nombramiento de autoridades competentes delegadas
