'Mihenmano'

Hace 30 años, el todopoderoso Alfonso Guerra dejó de ser todopoderoso por un escándalo protagonizado por su hermano Juan, personaje ideal para memes y viñetas –memorable la de Gallego & Rey que marcó la ruptura de los humoristas con El País– que quedó retratado como 'Mihenmano' cuando salió a defender a su hermano ante las cámaras con un pronunciado deje andaluz. El vicepresidente había colocado a 'Mihenmano' como asistente de la Vicepresidencia en la Delegación del Gobierno en Andalucía y dijo no saber nada de lo que este negociaba en aquel despacho. Los chanchullos le valieron a Juan Guerra ocho procesamientos y dos condenas por fraude fiscal e inducción a la prevaricación. Eso sí, fue absuelto del delito de usurpación de funciones por el uso del despacho oficial para su provecho, lo que ha permitido a Alfonso Guerra sostener en todo momento que fue víctima de una campaña política y mediática.

Un político no es responsable de las pillerías de sus hermanos, menos aún si tiene doce, como Guerra. Es un clásico de la picaresca española ese pariente/amigo del poderoso que se deja agasajar o sablea a incautos que creen estar haciéndole un favor al césar. Un césar que primero no se entera y luego no quiere enterarse, cuando le llega el eco del escándalo y a lo más que alcanza es a una amonestación en privado, en plan 'para el carro, que como te pillen me vas a joder a mí'.

Cuando les pillan, la indignación popular es tragicómica porque el personaje es un granuja de libro, un jeta cuyas andanzas darían para una novela picaresca, una serie, unas risas. Más recientes que 'Mihenmano' y no menos sonados fueron los casos de Iñaki Urdangarin o el clan de los Pujol, la familia que roba unida permanece unida.

Decía en sus memorias Ben Bradlee, legendario director del Washington Post, que lo que más corrompe a un periodista no es el dinero sino los amigos. A un periodista honrado, habría que añadir. En política ocurre otro tanto. Quitando a los políticos ladrones, que los hay, la perdición para muchos honrados servidores de la res publica llega cuando familiares y amigos se arriman a ver si les cae un nombramiento, una subvención o un contrato menor. A ver cómo te los quitas de encima o les dices que no sin deteriorar la relación.

Escribí aquí hace meses que Ximo Puig no es un político corrupto, que no está en política para forrarse, como no lo estaba Alfonso Guerra. Pero el president se complicó la existencia con la quita del IVF al grupo Editorial Prensa Ibérica cuando compró el grupo al que pertenece Mediterráneo, del que Puig es accionista, y la imputación de su hermano se la va a complicar aún más.

A Francis Puig i Ferrer le van muy bien los negocios desde que gobierna su hermano, no por casualidad sino porque vive en buena parte de las subvenciones públicas. Eso no es delito y ni siquiera es excepcional en el sector de los medios de comunicación, donde la dependencia de la publicidad institucional de muchos de ellos se ha acentuado, como se puede constatar en el tratamiento de las noticias, lagunas incluidas. Sus dos empresas, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, perdían dinero hasta que llegó el Botànic y abrió el grifo. Es posible que este año vuelvan a pérdidas porque los recortes de la Generalitat afectan a las ayudas al valenciano, que no se repartirán. Pero eso no es delito.

Lo que sí es delito es conseguir las subvenciones con facturas falsas, duplicadas o a través de dos empresas que comparten gastos e infraestructura aunque en sus memorias anuales digan que no han registrado ninguna operación entre ellas. La querella presentada por el PPCV se sostiene sobre numerosas pruebas documentales en ese sentido y ha dado lugar a una investigación judicial en la que se ha hecho cargo la Fiscalía Anticorrupción.

El hermano de Puig está también bajo investigación de la Comisión Nacional de la Competencia tras ser sorprendido por À Punt pactando precios para un concurso público. Pactando precios con los inevitables amigos de todo aprovechategui que se precie, que en este caso es la familia Adell Bover, a su vez denunciada por una exempleada de su productora por utilizar los mismos métodos presuntamente fraudulentos que Francis Puig para cazar subvenciones. Los Adell Bover acaban de comprar Televisión de Castellón a Marina d’Or, transacción que en medio de la tormenta debe autorizar el Gobierno de Ximo Puig.

El president asegura que no sabía nada, como Alfonso Guerra, y defiende que todo se hizo correctamente desde la Dirección General de Política Lingüística, comandada por el ahora imputado Rubén Trenzano, nombrado por Compromís igual que su jefe, el conseller Marzà. Que las subvenciones vengan por el lado de Compromís, quizás por agradar al césar, da credibilidad a Puig (Ximo) y obliga a los de Mónica Oltra a defenderlo a capa y espada.

Con todo, se le va a hacer larga la investigación del caso Mas Mut –declarado causa compleja, hasta 18 meses de instrucción– en un momento de muy mal rollo dentro del Consell. Pero ojo, que  después de los parientes vienen los amigos, los viejos –ya ha tenido varios avisos con Carns de Morella, Orengo, Baleària– y los nuevos. Tanta gente con suerte a su alrededor puede pasarle factura.