José María Mollinedo, Secretario General De GesthaVALÈNCIA. El grupo parlamentario Compromís mantuvo este miércoles una reunión con el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) para avanzar en las propuestas de reforma tributaria que la coalición trasladó al president de la Generalitat, Ximo Puig, hace dos semanas con la intención de poder incluirlas en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021.
Un encuentro en el que principalmente se abordó la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el que Compromís quiere crear en 2021 dos tipos más en el tramo autonómico: uno para aquellos que sumen una renta superior a 140.000 euros e inferior a 175.000 euros, y otro para aquellos que cuenten con una retribución anual que supere los 175.000 euros. Actualmente, en la Comunitat el tipo impositivo más alto es el que se aplica a aquellas rentas que superan los 120.000 euros anuales, que tributan a un tipo marginal del 25,5% en la parte autonómica, por lo que la propuesta partiría de aplicar este tipo a aquellos que perciban entre 120.000 y 140.000 euros cada año. A partir de ahí, la pretensión es crear dos tipos nuevos para los tramos de 140.000 a 175.000 euros y de 175.000 euros en adelante.
Una medida que el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, negó que pudiera derivar en una "fuga de capitales" para instalarse en otras autonomías con la madrileña, con mayores beneficios fiscales: "Lo hemos estado estudiando bastante con las estadísticas de movilidad del IRPF que desde hace años publica la Agencia Tributaria y no está definido que esa movilidad se produzca por razones exclusivamente tributarias". "Puede haber otras razones; habitualmente, que en Madrid están las sedes de las grandes compañías, donde esas personas ejercen su labor como consejeros o altos directivos de las grandes compañías. El 60% de las personas que tienen un patrimonio superior a 30 millones de euros están radicados en Madrid, pero porque ahí están los propietarios de grandes paquetes de acciones que les permiten sentarse en esos consejos de administración de las empresas del Ibex. Una persona no se cambia de una comunidad a otra por razón fiscal", subrayó Mollinedo.
Unas manifestaciones con las que los técnicos de Hacienda dejaron claro que la política fiscal que aplican comunidades autónomas como Madrid no generan una atracción de empresas ni de tributantes. Actualmente, la ley permite a las comunidades autónomas subir o bajar los impuestos de Sucesiones y Donaciones, de Patrimonio y el 50% del IRPF que tienen cedido por el Estado. La Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% el de Patrimonio, por lo que nadie paga este impuesto. También tiene bonificado al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en primer y segundo grado -entre cónyuges o en la línea padres-hijos-nietos- y al 95% en sucesión de empresas. En el caso del IRPF tiene una escala muy inferior a la del resto de comunidades, lo que para una persona de renta alta puede suponer pagar varias decenas de miles de euros menos cada año.
No obstante, para Gestha este no sería una razón determinante para que una empresa o una persona con renta alta decida cambiar de comunidad autónoma ni esto genera efecto "llamada". Preguntado sobre si entonces Madrid no hace dumping fiscal, como ha denunciado en diversas ocasiones el presidente Ximo Puig, y por la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Mollinedo aseguró que la "Comunidad de Madrid puede hacer un efecto de escalada para llevar a otras comunidades vecinas a bajar impuestos, como ha ocurrido en Sucesiones y Donaciones en varias autonomías", y recordó que la autonomía madrileña pierde 170 millones de euros cada año por no hacer tributar a personas que tienen más de 2 millones de euros de patrimonio. Una anomalía que, aseguró, "es posible gracias al sistema de financiación que tiene y por el efecto capitalidad".
"Al estar radicados allí las mayores empresas, las mejores retribuciones se están pagando en Madrid, y si miramos el impuesto de la renta por municipios y distrito, podemos ver que son municipios madrileños los que tienen las rentas más altas y esto desde luego no es la realidad del país. Pero esto no ocurre porque haya impuestos más bajos allí, sino porque las sedes de las grandes compañías son las que retribuyen de forma tan generosa", afirmó Mollinedo.
Con todo, concluyó que la política fiscal en Madrid no genera un efecto llamada a empresas -dado que tributan el Impuesto de Sociedades que es de carácter estatal-, y tampoco provoca traslados de trabajadores de un territorio a otro. "Hay muchos trabajadores que se mueven entre distintas regiones que pueden tener mayor o menor presión fiscal, pero se mueven por razones laborales; se mueven a Madrid y de Madrid se van a otras comunidades autónomas", concluyó.
