El síndic de Compromís, Fran Ferri. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Compromís quiere que las propuestas de resolución que impulsó y aprobó el Botànic II hace apenas una semana en Les Corts Valencianes tomen forma ahora en la Ley de Acompañamiento de 2021. Y con esta pretensión, el síndic de la coalición valencianista, Fran Ferri, trasladó este jueves en la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, una propuesta de reforma tributaria para generar más impuestos propios dirigidos a "crear un sistema fiscal más justo y sostenible".
Una propuesta que busca, por una parte, poner en marcha nuevos tributos como el que se impondría a los grandes tenedores de viviendas vacías o el impuesto a las bebidas azucaradas, y, por otra, reformular otros ya existentes como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para el que Compromís quiere incorporar nuevos tramos para aquellos que cuenten con rentas más altas.
En este caso, la propuesta de los valencianistas contaría con dos fases. La primera de ellas se basa en crear en 2021 dos tipos más en el tramo autonómico: uno para aquellos que sumen una renta superior a 140.000 euros e inferior a 175.000 euros, y otro para aquellos que cuenten con una retribución anual que supere los 175.000 euros.
Actualmente, en la Comunitat Valenciana el tipo impositivo más alto es el que se aplica a aquellas rentas que superan los 120.000 euros anuales, que tributan a un tipo marginal del 25,5% en la parte autonómica, por lo que la propuesta de Compromís partiría de aplicar este tipo a aquellos que perciban entre 120.000 y 140.000 euros cada año. A partir de ahí, el ofrecimiento a los socialistas se centra en crear dos tipos nuevos para los tramos de 140.000 a 175.000 euros y de 175.000 euros en adelante.
Obviamente, estos nuevos tramos tendrán un tipo más alto, que en caso de prosperar deberán pactar los tres socios del tripartito en Les Corts Valencianes, dado que este viernes el Consell presenta ya su proyecto de Ley de Acompañamiento de 2021 y en él no se encuentra reflejada esta reforma tributaria.
La segunda fase, para poner en marcha ya en el siguiente ejercicio, en 2022, Compromís insta a "mejorar la progresividad del IRPF revisando las deducciones autonómicas".
Ahora bien, esta no fue la única propuesta en materia fiscal que el síndic de Compromís, Fran Ferri, puso encima de la mesa. La intención de la UTE electoral integrada por Bloc, Iniciativa y VerdsEquo de cara al próximo ejercicio es poner en marcha un impuesto a los grandes propietarios que tengan durante un periodo superior a dos años viviendas vacías "sin causa justificada".
Un tributo que Unides Podem reclamó que se incorporara en el Acuerdo del Botánico II en junio del año pasado y que sería similar al que se aprobó en el Parlament de Cataluña en 2015 con la ley del impuesto sobre viviendas vacías. De naturaleza directa, este tributo grava el "incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas por el hecho de permanecer desocupadas de forma permanente durante más de dos años sin causa justificada". Este es un gravamen finalista, por lo que los ingresos que se derivan de él van dirigidos a la "financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda".
En esta línea, Compromís también recupera otro impuesto que no logró salir adelante en la legislatura pasada por la negativa del PSPV a ponerlo en marcha debido al fuerte rechazo que éste generó en la patronal CEV. Es el caso del inédito impuesto sobre las bebidas azucaradas que ya se aplica también en Cataluña y que tanto los valencianistas como los morados trataron de incorporar a cada Ley de Acompañamiento que elaboró el Botànic en el mandato pasado.
La iniciativa original fue presentada por la coalición valencianista en mayo de 2017 -cuatro días después de entrar en vigor la tasa a las bebidas azucaradas en Cataluña- e instaba al Consell a establecer un impuesto "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%". Es decir, era más ambicioso porque no lo limitaba tan solo a los líquidos porque la pretensión era desincentivar el consumo de otros alimentos azucarados o con exceso de grasa como los productos de bollería.
La propuesta hizo sonar las alarmas en la CEV, organización que preside Salvador Navarro, que constituyó un grupo de trabajo interno para sustentar su posicionamiento ante el Consell y elaboró un borrador en el que detalló los motivos de su radical oposición a la tasa. Esto, sumado a varias reuniones con dirigentes de los partidos del Botànic del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios, derivó en que Compromís reformulara su PNL y restringiera el ámbito de aplicación de este impuesto solo a las bebidas, ya que sus socios en el gobierno -el PSPV- rechazaba frontalmente la propuesta.
La nueva propuesta de Compromís, que no detallaba ningún tipo impositivo a aplicar -ya que es competencia de la Consellería de Hacienda definir los porcentajes-, incluía también que lo recaudado con esta tasa fuese destinado a dotar de más recursos al sistema de salud o a campañas de concienciación -tanto en centros educativos como en centros de salud- para reducir la obesidad infantil y mejorar los hábitos alimentarios de manera que se redujera el consumo de este tipo de productos. A pesar de tender la mano en este sentido para favorecer la negociación, tampoco el nuevo ofrecimiento convencía a las empresas y federaciones integradas en la patronal contrarias a la iniciativa.
Una rebaja de la iniciativa considerable ante la cual reaccionó Podemos, que decidió presentar una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales de 2019 para recuperar la idea inicial de implantar un tributo de este tipo en la Comunitat y no limitarse sólo a la realización de un mero estudio. Esta fue rechazada y un año después, en la Ley de Acompañamiento de 2020, tanto los morados como los valencianistas decidieron retomarla, si bien durante la fase de negociación volvieron a retirar la iniciativa porque no lograron llegar a un acuerdo con los socialistas a pesar de que la propia Conselleria de Sanidad, gestionada por el PSPV, avaló la utilidad de implantar este impuesto para reducir la ingesta de estos líquidos y los efectos sobre la salud que generan.
Por otra parte, Compromís también quiere negociar en el ámbito de la fiscalidad verde el impuesto sobre instalaciones de transporte de energía eléctrica, de alta tensión y telefonía y crear una modalidad de residuos urbanos del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos para que estos entren en vigor ya el año que viene.
La coalición dejaría para una segunda fase, entre 2021 y 2022, la mejora de la progresividad del IRPF a través de la revisión de las deducciones autonómicas, la revisión de los impuestos cedidos de base patrimonial -Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados- de acuerdo con el nuevo sistema de financiación autonómico, y la tasa turística, ya que con el escenario actual de la covid-19 "no tendría sentido poner en marcha este gravamen", explican fuentes de la coalición. No en vano, el sector del turismo es uno de los más afectados por la pandemia.
También propone para ese momento introducir una fiscalidad encaminada a prevenir del cambio climático y avanzar en la transición energética, que contemple impuestos sobre las emisiones de CO2 de los vehículos, sobre gases de efecto invernadero, y sobre los grandes establecimientos comerciales.
Una serie de propuestas que, si bien el síndic de Compromís defendió porque estaban basadas en los datos que arrojaron técnicos de Hacienda en la comisión de reconstrucción o son fruto de compromisos del Botànic II, no agradaron especialmente al president de la Generalitat, Ximo Puig, que espetó al portavoz de la coalición que no se podía "improvisar en esta cuestión".
La reacción no es baladí. Las tres fuerzas del tripartito se habían reunido 24 horas antes en la comisión de seguimiento del Botànic II para debatir sobre la elaboración de los presupuestos del próximo año y, en ella, Compromís no puso en ningún momento esta propuesta sobre la mesa. Un detalle que no cayó bien entre los socialistas, que por el contrario sí que compartieron con valencianistas y morados su intención de instaurar el impuesto a viviendas vacías.
