Los síndics Naiara Davó (Unides Podem) y Fran Ferri (Compromís). Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La única nota discordante del Botànic II en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020 se silenció este lunes. Compromís y Unides Podem decidieron retirar en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda la enmienda que pretendía implantar en la Comunidad Valenciana una tasa a las bebidas azucaradas a partir de junio del próximo año. Un tributo al que los socialistas ya habían advertido que no votarían a favor.
El impuesto planteado, con carácter finalista y directo -es decir, que abonarían los consumidores y no los empresarios-, pretendía gravar 0,08 euros por litro las bebidas con un contenido en azúcar entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros; y 0,12 euros por litro para las bebidas con un contenido de azúcar superior a 8 gramos por 100 mililitros. En caso de los preparados solubles y jarabes concentrados preparados para diluir, el tipo se aplicaría "a la bebida en base a su composición" una vez estuviera "reconstituida y preparada para su consumo".
Las bebidas que estarían sujetas a este impuesto serían los refrescos o sodas; zumos o néctar de frutas con edulcorantes calóricos añadidos; bebidas deportivas y energéticas con grandes dosis de cafeína, azúcar y otros ingredientes como estimulantes; bebidas de té o café; aguas con sabores; leches endulzadas o batidos de leche con zumo de frutas; y bebidas vegetales. Quedarían excluidas todas aquellas que estuvieran "elaboradas a partir de zumo de frutas o verduras naturales" y las "leches o sus alternativas que no contuvieran edulcorantes calóricos añadidos".
El objeto de este tributo, según planteaba el texto de la enmienda, sería disuadir el consumo de este tipo de líquidos dados los efectos que tienen sobre la salud de la población. Por ello, Compromís y Unides Podem pretendían que lo que se recaudara con él fuera destinado a realizar campañas para "fomentar la alimentación saludable, especialmente entre la población infantil, juvenil y mayor de la Comunidad Valenciana", así como "promover hábitos que disminuyeran la obesidad y el sedentarismo entre los valencianos".
La enmienda no tenía visos de salir adelante, pues tan sólo la apoyaban sus proponentes: Compromís y Unides Podem. Un escenario desfavorable ante el que estos dos partidos del Botànic II decidieron este lunes retirar el texto antes de que se votara en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda con la intención, según aseguró la portavoz de los morados en Les Corts, Naiara Davó, de plantear un debate más amplio más adelante para lograr sumar a otros grupos parlamentarios. "Incluso, a través de la presentación de una Proposición de Ley", añadió la síndica.
Conviene apuntar que este es un debate que ya se intentó desbloquear la legislatura pasada sin éxito. La propuesta original fue planteada por Compromís en 2017, que registró una PNL para que se introdujera un impuesto a los alimentos azucarados para desincentivar su consumo ante los altos porcentajes de obesidad infantil que existían en toda España. La iniciativa, no obstante, no agradaba a sus socios del Gobierno -PSPV- por el alto rechazo que generaba en el sector empresarial.
De manera inmediata se topó con una oposición férrea de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro, y aunque la coalición valencianista cedió a limitarlo sólo a las bebidas azucaradas, no fue suficiente. PSPV, Ciudadanos y PP no estaban dispuestos a apoyar la iniciativa.
Después de un año de negociaciones y de tiras y aflojas, en junio de 2018 se aprobó una PNL en el Parlamento valenciano sobre la tasa del azúcar. Eso sí, de la iniciativa original a la que finalmente se validó había un abismo. El texto que terminó aprobándose contenía varias acciones a llevar a cabo por el Consell para incentivar la vida saludable en los colegios y la realización de un estudio sobre la oportunidad de implantar la tasa que, posteriormente, debería valorar la Conselleria de Hacienda ya en la siguiente legislatura. Pero la exigencia de instaurar el impuesto había desaparecido.
Ante esta situación, Podemos recogió el guante y se comprometió a registrar la tasa en el transcurso de las negociaciones de la Ley de Acompañamiento de 2019. Una enmienda que tan solo logró el voto favorable de Compromís, por lo que no salió adelante. Ahora, el debate volvía a estar sobre la mesa, pero la minoría parlamentaria de sus proponentes era la misma. Otro año más la iniciativa quedará en un cajón.
