VALÈNCIA. El 100% de los funcionarios de la Generalitat Valenciana no volvieron este lunes al trabajo presencial como dictó el viernes pasado la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo. Una orden del departamento de la responsable de los funcionarios que fue incluida en el acuerdo del Consell y publicada este fin de semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que ha generado una fuerte división tanto entre los sindicatos como en el Ejecutivo valenciano.
Tanto, que este lunes la mitad de los departamentos del Gobierno valenciano incumplieron el acuerdo y sus empleados públicos no se incorporaron al completo, sino que lo harán de manera progresiva a lo largo de los próximos días. En concreto, sólo cuatro consellerias contaron con la totalidad de las plantillas trabajando de manera presencial: Presidencia de la Generalitat, la Conselleria de Justicia, la Conselleria de Innovación y Universidades y el departamento de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
En la Conselleria de Política Territorial acudió este lunes en torno a un 85-90% de la plantilla porque, según informaron fuentes de la cartera que dirige Arcadi España, necesitan un periodo de adaptación y están ajustando los espacios y comprobando que las distancias que existen entre las mesas de los trabajadores es de al menos 1,5 metros. "A lo largo de la semana la idea es alcanzar ese 100%", subrayaron desde este departamento con la excepción de que acudan aquellas personas que formen parte del personal de riesgo, que seguirán desempeñando, previo informe del Invassat, la modalidad de trabajo a distancia. Un porcentaje en el que también se encuentran la Conselleria de Hacienda de Vicent Soler y la de Sanidad que dirige Ana Barceló.
En la Conselleria de Educación tampoco volvió el 100% del personal, si bien no especificaron en qué horquilla se hallaron este lunes. Por su parte, a la Conselleria de Participación y Transparencia que gobierna Rosa Pérez Garijo acudieron en torno al 80% de los funcionarios; a la de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra asistieron alrededor del 75%; a la de Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica de Mireia Mollà, aproximadamente el 70%; y a la de Economía, entre un 45 y un 50% de los empleados públicos. Unos porcentajes que, insisten fuentes de cada departamento, no corresponde al personal que se encuentra trabajando, sino a los que están ejerciendo sus funciones de manera presencial y no telemática.
"Los funcionarios están todos trabajando, pero algunos en las consellerias y otros en su casa, bien porque son personas de riesgo, o porque no pueden volver todos de golpe porque hay que garantizar la seguridad y salud en el trabajo para que no se produzca ningún contagio en la conselleria", explican fuentes responsables del personal en el Gobierno valenciano. "La orden se dicta el viernes y entraba en vigor hoy -este lunes- y previamente debía reunirse el comité de seguridad y salud laboral", añaden.
Más allá del porcentaje de asistencia, la cuestión ha sido un foco de disputa entre algunas carteras del Botànic II y el departamento que dirige Gabriela Bravo. La Conselleria de Justicia y Administración Pública dictó una orden el viernes pasado en la que establecía que desde el día 21 de junio de 2020, el 100% del personal al servicio de la Administración de la Generalitat debía "incorporarse a la actividad presencial en su correspondiente centro de trabajo". Un redactado para adaptarse a la "nueva normalidad" que levantó en armas a sindicatos como CSIF o Intersindical, pero también a medio Consell.
Las dos organizaciones sindicales criticaron que no se les había tenido en cuenta a la hora de elaborar este documento y tacharon esta decisión de "irresponsable" e "imprudente". Mientras, dos consellerias del Botànic II -Agricultura y Economía- trasladaron a su personal el sábado, cuando la orden fue publicada en el DOGV, que la vuelta al trabajo presencial se haría de forma progresiva y no se seguiría el decreto de manera estricta dada "la premura en su entrada en vigor y a los efectos de la correcta y completa aplicación de los objetivos prioritarios sanitarios, de salud y seguridad en el trabajo".
Una contestación que molestó especialmente a la Conselleria de Justicia, que criticó este lunes que todos los miembros del Consell y sindicatos conocían que con la nueva normalidad todos los funcionarios debían volver presencialmente a sus puestos de trabajo al 100% porque así lo recogía una resolución dictada por su propio departamento el 8 de mayo.
Ahora bien, conviene subrayar que esta resolución de Justicia quedó sin efecto el mismo viernes, ya que el acuerdo del Consell -publicado en el DOGV este fin de semana- recoge en su preámbulo que la transición a la situación de nueva normalidad "conlleva la pérdida de eficacia de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se estableció el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración de la Generalitat". Y, en cualquier caso, si hubiera continuado vigente este lunes, establecía que la asistencia debía hallarse entre un 85% y un 100%, pero en ningún caso que sólo hubiera de cumplirse lo segundo. O, incluso, podrían reducirse estos porcentajes en caso de necesidad de adaptación al Plan de Contingencia de cada conselleria.
Las consellerias que, por el momento no cuentan con la plantilla incorporada por completo de manera presencial, recuerdan además que el Real Decreto-Ley 21/2020 aprobado por el Consejo de Ministros que es de aplicación "en todo el territorio nacional" establece en su artículo 7 que a quien corresponde en los centros de trabajo "adoptar las medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible" es a los titulares de la actividad económica o los directores de los centros. En el caso de la Generalitat, entienden que serían los subsecretarios de las consellerias y no Bravo.
El acuerdo del Consell publicado el sábado en el DOGV que recoge la orden de Bravo para la vuelta al trabajo presencial al 100% en toda la Generalitat Valenciana, por tanto, podría entrar en colisión con la normativa estatal.
Otra cuestión que genera malestar es que esta orden que elaboró Bravo para que se incorporaran los funcionarios al 100%, pasó por el pleno del Consell sin que previamente lo hiciera por el consellet el jueves, por lo que la mayoría de departamentos desconocían que la Conselleria de Justicia fuera a ponerlo sobre la mesa en la reunión del 19 de junio.
Una circunstancia por la que ninguna conselleria pudo revisar con antelación el documento para realizar algún tipo de aportación y directamente se incluyera como un anexo en el acuerdo del Consell publicado el sábado, ya que no se sometía a votación. Es decir, que la orden de Justicia se convirtió en una norma del Gobierno valenciano en su conjunto. Lo que, en consecuencia, originó la paradoja de que este lunes varias carteras del Botànic II incumplieran un acuerdo del Ejecutivo, no una orden de la Conselleria de Justicia y Administración Pública.