"esto en cataluña no pasa", alerta el presidente de la patronal sobre la polémica "política" de la ampliación

Navarro (CEV): "Si los políticos hacen con el Puerto lo mismo que con las cajas de ahorro, mal vamos"

15/01/2020 - 

VALÈNCIA. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), Salvador Navarro, ha alertado este miércoles de que el conflicto “político” sobre la ampliación norte del Puerto de Valencia pone en riesgo una inversión privada de mil millones de euros y el futuro de la que considera la “joya de la corona” de la Comunitat Valenciana: “Espero que la política no convierta esto en un erial”.

El presidente de la patronal de la Comunitat se ha pronunciado en estos términos durante una comparecencia para hacer balance del ejercicio recién cerrado y lanzar sus previsiones para 2020. En la misma, Navarro ha subrayado que la construcción de la nueva terminal de contenedores de MSC ha recibido 195 alegaciones positivas y ha instado a los políticos a no entorpecer el proyecto. “Si los políticos hacen con el Puerto lo mismo que con las cajas de ahorro, mal vamos”, ha opinado el presidente de la CEV, que ha subrayado que la obra ha desarrollarse con todas las garantías legales y medioambientales.

“Esto en Cataluña no pasa”, ha proseguido Navarro, quien ha asegurado que no le consta que MSC, el grupo que ha presentado la única oferta para construir y explotar esa terminal de contenedores a través de una filial, esté “preocupada” ante la posibilidad de que el proyecto sea objeto de una nueva evaluación ambiental.

Este miércoles concluye el plazo de presentación de alegaciones a la ampliación norte del Puerto de Valencia, un proyecto en contra del que se han manifestado tanto en Ayuntamiento de València, que adjuntó a sus alegaciones en contra varios informes municipales que sostenían la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y la Comissió Ciutat-Port, –Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acció, l'Associació de Veïns Natzaret y la Plataforma El Litoral Per al Poble–, cuyas objeciones apuntan a que los pliegos de condiciones del concurso para la concesión limitaba la libre concurrencia y la competencia entre las posibles operadoras de terminales de contenedores.

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