La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: R. RUBIO/POOLEl economista experto en comportamiento humano y premio Nobel Gary Becker se descubrió a sí mismo un día cometiendo una infracción —aparcó encima de la acera porque llegaba tarde a una reunión— y a partir de ahí elaboró un modelo económico conocido como Modelo simple de crimen racional (SMORC, por sus siglas en inglés), según el cual muchas infracciones que cometemos en la vida, especialmente las aparentemente más banales, se basan en un cálculo del coste-beneficio. ¿Me compensa arriesgarme a una multa para llegar a tiempo a la reunión? A lo que hay que añadir el factor de la educación, la ética y el amor propio. ¿Me compensa el riesgo de que me insulten y me señalen si me cuelo en la fila del supermercado?
El psicólogo Dan Ariely adaptó este modelo a su exhaustiva investigación sobre las mentiras —Por qué mentimos (Ariel, 2012)— y elaboró su Teoría del factor de tolerancia, según la cual todos mentimos un poquito cada día o hacemos trampa hasta un nivel que no nos haga sentir mal tanto ante el espejo como ante los demás. A nadie le gusta que le coloreen la cara, pero algunos han convivido tanto tiempo con ese riesgo a ser tildados de mentirosos que para ellos ya no es un factor disuasorio. El ejemplo más palmario ahora mismo es Donald Trump.
No obstante, la magnitud de la viga en el ojo de Trump en lo que a mentiras se refiere —más de 22.000 contabilizadas por The Washington Post en sus cuatro años de mandato—, está impidiendo calibrar la gravedad de la paja en el ojo patrio. En la política española la mentira campa cada día con mayor impunidad y ya nadie dimite por haber engañado a la ciudadanía. Hemos normalizado la mentira igual que se ha normalizado el insulto.
No hablo de promesas incumplidas, de contradicciones puestas al descubierto con la hemeroteca del tipo "nunca pactaré con Bildu" o de anuncios a medias que se destapan cuando la mitad oculta se plasma en el BOE. Esas armas de los políticos ya las teníamos normalizadas y en parte es culpa nuestra confiar demasiado en sus palabras.
Otra cosa son las mentiras estilo Trump para justificar la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a propósito del IVA de las mascarillas. Cuando se impuso el uso obligatorio de mascarillas, el Gobierno decretó un precio máximo de 0,96 euros, de los que 17 céntimos correspondían al impuesto sobre el valor añadido (IVA). Teniendo en cuenta que se necesita al menos una mascarilla al día por persona, y en el caso de los escolares dos, para una familia de cinco miembros suponía al menos 30 euros de IVA al mes, lo que con toda seguridad ha supuesto que quienes apenas tienen para comer hayan reutilizado las mascarillas. Es decir, han estado menos protegidos.
Todos los partidos menos PSOE y Unidas Podemos, las asociaciones de consumidores, profesionales de la sanidad... toda España pidió a la ministra de Hacienda que bajara el IVA del 21% al 4% y Montero se negó escudándose en una mentira: que la Unión Europea no lo permitía. Una mentira que mantuvo durante más de seis meses, que son los que transcurrieron desde que Bruselas comunicó por escrito, el 5 de mayo, que no habría ninguna sanción por bajar el IVA de las mascarillas. Así lo hicieron numerosos gobiernos ya en mayo. Podría alegar Montero que no se enteró pese a tener su Gobierno una representación en Bruselas más grande que un ministerio, pero resulta que varios medios de comunicación lo publicaron después del verano, con la comparativa del IVA de todos los países, y preguntaron expresamente a Hacienda. Montero no consultó por escrito a la Comisión Europea hasta el 6 de noviembre, cuando sabía de sobra la respuesta, y esperó que llegase la contestación por escrito para anunciar la rebaja al 4% después de haber recaudado 1.000 millones de euros con su mentira. Por cierto, la respuesta de la Comisión fue remitirse a lo dicho en mayo y, de paso, señalar que puede bajarlo al 0% si lo desea.
En los políticos es disculpable la ignorancia pero no la mentira. Ignorancia como la que demostró la diputada de En Comú Podem Laura López al rechazar en junio la propuesta de Ciudadanos de pedir al Gobierno que bajara el IVA —el Congreso la aprobó con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos— porque, según ella, fijar un precio máximo de 0,96 euros como hizo el Gobierno es más efectivo que bajar el IVA, que en su opinión no garantiza que baje el precio. Más preocupante es que la demagoga sea la propia ministra de Hacienda: "Este Gobierno estará vigilante para garantizar que la rebaja del IVA se traduce en una rebaja del precio para el consumidor final y no en un mayor margen empresarial", dijo al anunciar la rebaja. No saben que la economía de mercado en la que no cree buena parte del Gobierno hizo que el precio de las mascarillas bajase hace tiempo por debajo incluso del nuevo precio máximo —0,72 euros— fijado la semana pasada para las mascarillas quirúrgicas. Es la mentira de Montero lo que impidió que bajase más.
Por cierto, ¿respondió Montero por escrito que la UE no le permitía bajar el IVA? El director general de Política Lingüística de la Generalitat valenciana, Rubén Trenzano, va a ser juzgado por falsedad en documento público —tampoco ha dimitido—, acusado de haber mentido en una respuesta por escrito al PP sobre el control realizado a las subvenciones otorgadas al hermano de Ximo Puig. El PP, como acusación particular, pide seis años de cárcel. Si llega a ser Trump lo mandan a la silla eléctrica.
