Oltra sale "viva" de una sesión sin autocrítica tras la condena a su exmarido y el PSPV pide perdón 

VALÈNCIA. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se enfrentó este miércoles en Les Corts Valencianes a lo que parecía que iba a ser una de las comparecencias más complicadas desde que accedió al cargo. La realizó a petición propia tras la insistencia de los partidos de la oposición después de que la Audiencia de Valencia dictara el pasado marzo la sentencia que condena a Luis Eduardo Ramírez Icardi, educador social y su exmarido, a cinco años de cárcel por abuso sexual continuado con prevalimiento a una menor del centro de acogida en el que trabajaba. La resolución –emitida tras la repetición del juicio por pruebas que no se tuvieron en cuenta en el anterior– no sólo era relevante por el relato de lo ocurrido, sino por la dureza de la valoración sobre la actuación de la Generalitat. Entre otras cosas, la acusaba de una "instrucción paralela" a la judicial con toma de declaraciones a testigos e incluso práctica de una pericial, y afirmaba que sólo las personas ajenas a este departamento dotaban de credibilidad el relato de la víctima.

Pero Oltra salió ayer airosa de una intervención sin autocrítica en la que cargó contra la justicia por las acusaciones hacia su Conselleria ante una oposición desdibujada. Una sesión en la que, aparte de sus explicaciones, lo más reseñable fue el desmarque total del PSPV de la estrategia de vicepresidenta de la Generalitat para pedir perdón por lo ocurrido. 

Acompañada únicamente por los consellers de Compromís en la mayor parte de su alocución –en el hemiciclo no estuvieron presentes ni Ximo Puig ni el resto de responsables de los departamentos dirigidos por los socialistas ni de Unides Podem a excepción de Vicent Soler al final–, dedicó varios minutos a mencionar los hechos probados de la sentencia: "La joven, nacida el día 28 de mayo de 2002, se hallaba tutelada por la Generalitat Valenciana desde que fuera declarada en situación de desamparo por resolución administrativa y, en ese centro, donde trabajaba como educador el reo, la menor, durante determinados periodos de tiempo en el año 2016 y principios del año 2017, y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada. En fechas que no se han concretado, pero entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera una masaje, pues confiaba en el mismo. Masajeaba a la chica en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación". 

Para Oltra, este relato –durante la lectura del cual no tuvo reparos a la hora de nombrar con nombre y apellidos a su expareja– no hace ninguna referencia a la Generalitat, a la Conselleria de Igualdad, a sí misma o a la Administración como encubridora de abusadores. Y se quiso mostrar contundente: "No hay nadie a quien estos hechos le provoquen más repugnancia que a mí. Es el triste colofón de la vida de una menor para la que todo falló desde el principio. Pero lo que queda fuera de ello son juicios de valor".  

"Es conocido que con el condenado mantuve una relación conyugal en el pasado, pero no es lo que se ha juzgado ni ha afectado a mis actuaciones el frente de la Vicepresidencia. Cuestionar eso es cuestionar mi honor, mi integridad moral, mi trabajo institucional y l de todos los profesionales y funcionarios públicos", comentó. Según detalló, y ante negativas con la cabeza de la diputada del PP Elena Bastidas en alguna ocasión, tuvo conocimiento de los hechos el 4 de agosto, una vez iniciada la investigación judicial y con un expediente abierto en la dirección territorial de su departamento. Ese día, dijo, llegó a su casa una citación judicial y le informaron telefónicamente del contenido porque ella se encontraba fuera. "Supe de este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo. Es decir, lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta". 

"Es posible que a muchos de ustedes les resulte difícil entender que me haya enterado de cosas de manera fortuita o circunstancial. Lo entiendo perfectamente. Yo también pensaría esto si no hubiera vivido el auténtico desbarajuste que nos encontramos en el sistema de protección de personas menores de edad", aseveró.

A partir de ahí, explicó, se puso en contacto con su jefe de Gabinete "para exigir la máxima pulcritud y diligencia" porque lo sucedido "no había llegado a ningún órgano directivo de los servicios centrales" de la Conselleria. Así, durante ese mes de agosto se dictó una resolución para ordenar a la dirección territorial –sobre la cual descargó toda la responsabilidad– la máxima colaboración con la Fiscalía y se pidió al Instituto Espill valoración y atención a la víctima, lo cual derivó poco tiempo después en un informe que no le dio credibilidad al testimonio. También se produjo, por instrucción del Ministerio Público, el traslado de la menor del centro. 

Y aquí empezó la siguiente fase de la intervención de Oltra, dedicada a cargar contra la justicia por las acusaciones a su departamento y a contrarrestar los argumentos de la sentencia sobre la gestión del asunto desde la Administración. Recordó que la Fiscalía tuvo en su poder desde noviembre de 2017 las conclusiones de Espill –la entidad privada especializada en casos de abusos a menores–, pero no lo aportó al juicio, circunstancia que obligó a repetirlo: "Me acusan de dar consignas para hacer informes y a la vez de ocultarlos. ¿En qué quedamos? El contenido figuraba en la causa y la Fiscalía tenía conocimiento de su existencia".

Negó, igualmente, que diera instrucciones para tapar los hechos o que hubiera trato de favor hacia el abusador y hacia el centro por parte de la Conselleria. Y remarcó que la resolución "no prueba que hubiera hostilidad hacia la víctima por el simple hecho de no otorgar credibilidad a su relato". "Mi expareja trabajaba en el centro desde 2010, todavía faltaban cinco años para que yo fuera consellera. De enchufes nada de nada", defendió.

La vicepresidenta de la Generalitat rechazó, del mismo modo, que su departamento ocultara conscientemente los apellidos del acusado en el expediente que elaboró. "Iniciamos una investigación y comprobamos 60 informes. En la mayoría no figura el nombre completo de los educadores. En todo caso, depende del criterio de quien lo redacta", señaló. 

Lo compara con Segorbe

Sobre el hecho de que sólo el personal ajeno a su Conselleria valorara la falta de credibilidad de la menor, replicó que las autoras de los diversos informes los elaboran de acuerdo a sus consideraciones y su criterio. "El personal funcionario es de toda la Administración, no de una Conselleria en concreto. La funcionaria del Instituto de Medicina Legal también lo es de la Generalitat, puesto que depende de Justicia. No puedo juzgar las valoraciones de las técnicas", afirmó. Puso en entredicho también la actuación de la Policía: "¿Conocía este caso en febrero de 2017? Según la sentencia, sí. ¿Lo comunicó a la Fiscalía? La sentencia no lo dice y no lo sé contestar".  

Y entró a comparar este caso con el de Segorbe tras las recriminaciones sobre una doble vara de medir. "Las circunstancias son diferentes. El traslado allí no es por abuso sexual, sino por las condiciones de los menores como las duchas de agua fría o que los llevaran a mendigar", argumentó. En cuanto al abuso, hizo hincapié en que el centro no apartó al educador, no trasladó lo ocurrido a la Fiscalía ni a la dirección territorial y no abrió expediente. Desde lo ocurrido con su exmarido, la instrucción interna en su departamento ha sido la de comunicarlo todo al Ministerio Público. 

Una oposición en segundo plano y un PSPV que pide perdón

Llegó a continuación el turno de las réplicas de los grupos, en las que una oposición en segundo plano pidió la dimisión de Oltra y únicamente sobresalió parte de la intervención de la portavoz de Vox, Ana Vega, quien le recriminó que acudiera como "juzgadora de juzgadores". "Cualquiera diría que la víctima ha sido usted y no Maite", le espetó, y denunció que el acusado se mantuvo "hasta finales de marzo con tareas administrativas en el mismo centro". 

La diputada del PP Elena Bastidas le indicó a la vicepresidenta del Consell que se encontraba ante su "mayor escándalo y negligencia" y la parlamentaria de Ciudadanos Cristina Gabarda le reprochó que "priorizó su honorabilidad por encima de la protección de la niña". Desde Unides Podem, Irene Gómez se limitó a poner en valor la nueva ley de Infancia aprobada en el Congreso sin atisbo de comentario referente a las circunstancias de la víctima abusada y de la gestión de la Generalitat; y en Compromís, como no podía ser de otra manera, Carles Esteve alabó las explicaciones de Oltra. 

El momento más destacado fue el de la intervención del PSPV. La diputada Rosa Peris, en un desmarque absoluto de la estrategia de Oltra de arremeter contra jueces, Fiscalía y Policía, pronunció la palabra "perdón" por primera vez en todo el debate desde un partido del Botànic: "En nombre de mi grupo quiero pedir perdón a la niña que sufrió abusos porque teníamos la responsabilidad de protegerla. Fallamos como sistema y no sólo en este caso, sino en muchísimos más. En la Comunitat Valenciana, según los últimos informes, ha habido 808 casos de menores abusados sexualmente. Cada día, hoy, 11 menores, la mayoría niñas, serán víctimas de algún tipo de delito sexual y 9 de ellas no lo denunciarán. Esta es la realidad y debemos trabajar para evitar que se oculte. El sistema no está preparado todavía para proteger bien a los menores".