La vicepresidenta de la Generalitat carga contra la Justicia por sus acusaciones hacia la Conselleria de realizar una "instrucción paralela" del caso; El PSPV se desmarca y pide perdón porque el "sistema ha fallado" con la menor.
VALÈNCIA. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha comparecido este miércoles en Les Corts Valencianes tras la sentencia que condena a Luis Eduardo Ramírez Icardi, educador social y su exmarido, a cinco años de cárcel por abuso sexual continuado con prevalimiento a una menor del centro de acogida en el que trabajaba. La resolución de la Audiencia de Valencia conocida el pasado marzo –y tras la repetición del juicio por pruebas que no se tuvieron en cuenta en el anterior– destacaba no sólo por el relato de lo ocurrido, sino por la dureza de la valoración sobre la actuación de la Generalitat. Entre otras cosas, la acusaba de una "instrucción paralela" a la judicial con toma de declaraciones a testigos e incluso práctica de una pericial, y afirmaba que sólo las personas ajenas a la Conselleria de Igualdad dotaban de credibilidad al relato de la víctima.
Oltra ha leído al completo los hechos probados de la sentencia: "La joven, nacida el día 28 de mayo de 2002, se hallaba tutelada por la Generalitat Valenciana desde que fuera declarada en situación de desamparo por resolución administrativa, y en ese centro, donde trabajaba como educador el reo, la menor, durante determinados periodos de tiempo en el año 2016 y principios del año 2017, y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada. En fechas que no se han concretado, pero entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera una masaje, pues confiaba en el mismo. Masajeaba a la chica en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación".
Este relato –ha señalado Oltra durante una comparecencia en la que únicamente estaban presentes los consellers de Compromís durante la mayor parte–, no hace ninguna referencia a la Generalitat, a la Conselleria de Igualdad, a sí misma o a la Administración como encubridora de abusadores. "No hay nadie a quien estos hechos le provoquen más repugnancia que a mí. Es el triste colofón de la vida de una menor para la que todo falló desde el principio", ha afirmado, aunque –ha añadido– "todo lo que queda fuera de ello son juicios de valor". 
"Es conocido que con el condenado mantuve una relación conyugal en el pasado, pero no es lo que se ha juzgado ni ha afectado a mis actuaciones el frente de la Vicepresidencia. Cuestionar eso es cuestionar mi honor, mi integridad moral, mi trabajo institucional y el trabajo de todos los profesionales y funcionarios públicos", ha comentado.
Oltra ha detallado que tuvo conocimiento de los hechos el 4 de agosto, una vez iniciada la investigación judicial y con un expediente abierto en la dirección territorial de su departamento, cuando llega a su casa una citación judicial y le informan telefónicamente del contenido. "Supe de este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo. Es decir, lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta".
A partir de ahí, ha explicado, se puso en contacto con su jefe de Gabinete "para exigir la máxima pulcritud y diligencia" porque lo sucedido "no había llegado a ningún órgano directivo de los servicios centrales" de la Conselleria. Así, durante ese mes se dictó una resolución para la máxima colaboración con la Fiscalía y se pidió al Instituto Espill valoración y atención a la víctima.
Oltra ha criticado a los jueces y a la Fiscalía por sus "juicios de valor" en la sentencia. Ha recordado que el Ministerio Público tenía en su poder desde noviembre de 2017 el informe de la entidad privada Espill, especializada en casos de abusos a menores, pero no lo aportó al juicio, circunstancia que obligó a repetirlo: "Me acusan de dar consignas para hacer informes y a la vez de ocultarlos. ¿En qué quedamos? El contenido figuraba en la causa y la Fiscalía tenía conocimiento de su existencia".
Igualmente, ha negado que diera instrucciones para tapar los hechos o que hubiera trato de favor hacia el abusador y hacia el centro por parte de la Conselleria, además de remarcar que la resolución "no prueba que haya habido hostilidad hacia la menor por el simple hecho de no otorgar credibilidad a su relato". "Mi expareja trabajaba en el centro desde 2010, todavía faltaban cinco años para que yo fuera consellera. De enchufes nada de nada", ha defendido.
La vicepresidenta de la Generalitat ha rechazado, del mismo modo, que se ocultaran conscientemente los apellidos del acusado por parte de la Conselleria en el expediente que elaboró. "Iniciamos una investigación y comprobamos 60 informes. En la mayoría no figura el nombre completo de los educadores. En todo caso, depende del criterio de quien lo redacta", ha señalado.
Sobre el hecho de que sólo el personal ajeno a su departamento valore la falta de credibilidad de la menor, ha replicado que las autoras de los diversos informes los han elaborado de acuerdo a sus consideraciones y su criterio. "El personal funcionario es de toda la Administración, no de una Conselleria en concreto. La funcionaria del Instituto de Medicina Legal también lo es de la Generalitat, puesto que depende de la Conselleria de Justicia. No puedo juzgar las valoraciones de las técnicas", ha indicado.
Además, ha puesto en entredicho la actuación a la Policía: "¿Conocía este caso en febrero de 2017? Según la sentencia, sí. ¿Lo comunicó a la Fiscalía? La sentencia no lo dice y no lo sé contestar".
Tras las críticas de los partidos de la oposición por no asumir responsabilidades en el asunto y después de que Compromís haya calificado de "extralimitada" la sentencia, la diputada del PSPV Rosa Peris se ha desmarcado de Oltra en sus reproches a la justicia y ha pedido "perdón a la niña que sufrió abusos porque teníamos la responsabilidad de protegerla". "Fallamos como sistema y no sólo en este caso, sino en muchísimos más. En la Comunitat Valenciana ha habido 808 casos de menores abusados sexualmente, según los últimos informes. Hoy, 11 menores, la mayoría niñas, serán víctimas de algún tipo de delito sexual y 9 de ellas no lo denunciarán. El sistema no está preparado todavía para proteger bien a los menores", ha apuntado.
