Pedro Sánchez mira a Gabriel Rufián (ERC) en el Congreso. Foto: ARCHIVO (EFE)MADRID (EP). Esquerra Republicana (ERC) ha registrado en el Congreso una propuesta de resolución, aceptada por el PSOE, para que el presidente Pedro Sánchez rinda cuentas cada dos meses de la aplicación del nuevo estado de alarma y que en marzo la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pueda decidir si lo levanta o lo mantiene hasta el 9 de mayo.
El Ejecutivo plantea en su decreto extender el estado de alarma hasta el 9 mayo, si bien este miércoles Sánchez ha ofrecido revisar la vigencia de esta medida excepcional dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, y que sea el Consejo Interterritorial de Salud el que tome una decisión al respecto en función de la evolución de la pandemia.
Lo que plantea Esquerra es que sea la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la que formule al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma transcurridos cuatro meses del estado de alarma, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.
En su propuesta de resolución, que se votará junto a las que presenten otros grupos en el Pleno del Congreso de este jueves, los independentistas catalanes solicitan, además, que sea Sánchez quien comparezca en el Pleno del Congreso y "cada dos meses" para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno en relación con la aplicación del estado de alarma, y que el titular de Sanidad acuda a la comisión parlamentaria del ramo mensualmente para detallar los datos y gestiones correspondientes a su departamento.
Según informaron a Europa Press fuentes de ERC y del PSOE, la propuesta será aceptada por los socialistas y podrá salir adelante en la votación de este jueves en el Congreso.
El Pleno del Congreso votará este jueves, a instancias de Más País y Compromís, una propuesta de resolución para intentar obligar al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer mensualmente ante el Pleno de la Cámara durante el tiempo que dure el estado de alarma ante la segunda ola del coronavirus.
En principio, el Gobierno quiere extender esta medida hasta el 9 mayo, si bien este miércoles Sánchez ha ofrecido revisarla dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, para que el Consejo Interterritorial de Salud, en función de la evolución de la pandemia, decida si se mantiene o no.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ya había anunciado este martes su intención de reclamar esas comparecencias mensuales del presidente. De hecho considera "inaceptable" y un "desprecio" al Congreso que no sea el propio jefe del Ejecutivo quien acuda el jueves al Congreso a informar de esta medida y pedir autorización a la Cámara para aplicarla durante seis meses.
El Gobierno ha encargado esta tarea al ministro de Sanidad, Salvador Illa, una decisión que Errejón instó al Ejecutivo a "corregir" antes del jueves.
"El estado de alarma debe ser compatible con el respeto al Parlamento, sede de la soberanía popular", sostiene Errejón, cuya formación avalará la prórroga de seis meses, pero ha registrado, junto con Compromís, una propuesta para exigir esas comparecencias semanales de Sánchez.
Esos debates con el presidente del Gobierno, según Errejón, deben servir para que Sánchez "rinda cuentas" sobre la evolución de la pandemia y la aplicación del estado de alarma. Sin embargo, no tendrán que ir obligatoriamente acompañados de votaciones para autorizar su prórroga.
En concreto, la enmienda registrada por Más País y Compromís, que se someterá votación el jueves, plantea que, mientras se aplique el estado de alarma, Sánchez "deberá rendir cuentas ante el Pleno del Congreso de los Diputados al menos una vez al mes, en un debate sin votación de igual formato y duración que el de la petición de prórroga del estado de alarma".
En la misma línea, proponen que, además de las comparecencias quincenales de Illa ante la Comisión de Sanidad, ya previstas en caso de prórroga, también el presidente del Gobierno acuda mensualmente a la Cámara para "dar cuenta de la aplicación de las medidas previstas" en el decreto, en un debate sin votación.
Declara inconstitucional tanto esa prórroga como el nombramiento de autoridades competentes delegadas
