VALÈNCIA. Una de las fotografías que preside el despacho de Pablo Delgado en València es una dedicada por Adolfo Suárez. En 1995, fue candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana por el Centro Democrático y Social (CDS), pero su rostro ha pasado a ser mediático por acompañar a sus clientes de camino a los juzgados. Especialmente, a Francisco Camps. Prensa, funcionamiento de la Justicia y causas de actualidad centran la entrevista con Valencia Plaza.
– Casi el 50% de los españoles considera que la Justicia funciona mal o muy mal, el 21% opina que bien y el 1,7% que muy bien, de acuerdo con el CIS. ¿Usted dónde se sitúa?
– Yo soy operador del mundo de la Justicia, con lo cual soy parte de aquellos sobre los que se opina. Estoy muy de acuerdo con los ciudadanos y digo más. Si la encuesta se hiciera no sólo sobre términos genéricos sino específicos de experiencia con la Justicia, aun ganando sentencias mayoritariamente, dirían que es negativa. Muchos clientes nos hablan de la lentitud, de que no se les ha escuchado, de que no se consigue nada... esto lo piensan aunque hayan ganado.
– ¿Cuáles son para usted los principales problemas para que haya esas sensaciones?
– La Justicia tiene que ser justa, pero también rápida. Sus tiempos no son los de los ciudadanos. Tiene que estar dotada de medios, de tal forma que la gente perciba que su asunto está siendo tratado correctamente. La carga de trabajo de estos momentos en los juzgados es increíble y tiene que ser corregida: más órganos judiciales, especialización, otras formas de resolución de conflictos, etc. La Justicia, en cuanto a los tiempos, está funcionando como disuasoria. Cuando alguien tiene que acudir a ella para que le resuelvan su conflicto piensa: "con lo que voy a tardar y a perder no merece la pena". También hay que preguntarse por qué unos juzgados funcionan al día y otros no. Todo eso se tiene que solucionar.
– ¿Y con los recursos que hay ahora cómo se puede agilizar?
– Es un error recargar la Justicia con asuntos que no deberían resolverse en este ámbito y que son reiterativos. Por ejemplo, todos los pleitos de la banca sabiendo cuáles iban a ser las sentencias es un abuso. Las entidades de crédito utilizan esta práctica de obligar al ciudadano a reclamar en lugar de resolverlo previamente pese a saber que van a ser condenadas. Aquí hay una ecuación clara, que es que les resulta mucho más barato que les impongan las costas, si es que lo hacen, que devolver a todos el dinero. Eso debería ser sancionable. Igual que en los juzgados de lo Mercantil con los problemas del transporte o del diésel. La ola del coronavirus no ha llegado porque ha quedado frenada por las últimas resoluciones del Supremo respecto a los cargos políticos, pero se producirá en los juzgados de lo Social con las reclamaciones de los expedientes de regulación, de los despidos, etc.
Tampoco toda la solución pasa por más órganos judiciales y más jueces. Hay una asignatura pendiente con los programas informáticos. ¿Por qué los de Hacienda funcionan perfectamente y en los juzgados hay uno por comunidad autónoma y va fatal? Debería de hacerse la misma inversión unificada en los juzgados de toda España. El coronavirus nos ha traído que el ciudadano no tiene que ir al juzgado a apoderarse, por ejemplo. Esa digitalización de la Justicia es precisa.
Tenemos un gran problema con la Audiencia Nacional porque los sistemas se colapsan, no funciona desde los ordenadores de los abogados, no se cuelgan las cosas... lo que ocurre es que cada órgano judicial tiene un jefe, que es el juez, que responde. Si no funciona el sistema informático que a él le sobrepasa y le supera, ¿qué hacemos? Hay muchas actividades que no tendrían que depender directamente de los jueces para que éstos se dedicaran únicamente a su labor de juzgar.
Otro ejemplo. ¿Por qué los jueces nombran administradores concursales? Para su selección deberían darse los principios de mérito, capacidad y publicidad. Lo podría hacer perfectamente Hacienda. ¿Por qué se encargan de las ejecuciones? Tendrían que centralizarse. Liberemos a los jueces de aquellas competencias que les quitan trabajo y prestigio. Y los abogados tenemos que ayudar. Los expedientes de costas tardan siete meses, cuando se pueden hacer en tres días.
– ¿Qué le parece el nuevo papel de los fiscales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
– Yo soy partidario de que el ciudadano, cuando se enfrenta a la imputación, tenga un juez de garantías. No puede ser el mismo el que le instruya y persiga que el que le da las garantías que la ley le concede. Si el sistema pasa a ser que el peso de la investigación lo lleve la Fiscalía me parece perfecto, porque lo que se conseguirá es que el juez se dedique a proteger las garantías del ciudadano. Que todos tengamos claro que el Ministerio Fiscal es parte. A lo mejor hay que dotarle de más medios humanos para que pueda ejercer así en todas las causas, de tal forma que lleve una acusación proactiva y el juez dirima sobre las garantías procesales.
Lo que desde luego hay que conseguir es que el Ministerio Fiscal sea independiente. No puede haber sospecha de que dependa del Gobierno. Si vamos a eso, a lo mejor al Fiscal General del Estado lo tiene que elegir el Congreso con una mayoría reforzada. El fiscal tiene que buscar la verdad y la legalidad, pero nos estamos encontrando con una clara predisposición de las altas esferas del Ministerio Fiscal a abordar los asuntos desde una determinada forma de verdad.
– ¿Usted ha vivido algún procedimiento en Valencia en el que la Fiscalía haya actuado de esa manera que critica?
– Que la Fiscalía, la Abogacía y la acusación popular lleven una causa al juez y haya una sentencia absolutoria es un error de la Justicia que debe ser restaurado. Por ejemplo, y voy a algo que no me ha afectado a mí de forma directa, el caso Helga Schmidt. El Palau de les Arts fue asaltado por la UCO para recabar información por una instrucción policial. Hubo seis años de instrucción penal y todo acabó en unas absoluciones que no han sido ni recurridas. Es un mal funcionamiento del sistema. Alguien acusó y no debería de haberlo hecho porque hay víctimas. La Justicia tiene que ser más cauta.
– La ley también da a la Fiscalía el control de la información que suministrarán a los medios de comunicación.
– La imagen que todos tenemos de la Justicia es de los ojos vendados para no ver a quién juzga y para que no sea vista. Esta segunda es fundamental porque tiene que hacer una labor velada. Ahora está prohibido que los medios de comunicación sean informados por la Fiscalía y por los jueces en determinadas causas. La LeCrim dice que todas las diligencias del procedimiento son reservadas. Cuando un fiscal coge y hace una nota de prensa con un escrito se está enfrentando al 301 de esa ley. Que la reforma lo lleve es un gravísimo error, y no es ir contra los medios de comunicación, sino con las formas ilegítimas que encuentran algunos de los servidores de la Justicia. Si quieren que deje de existir ese artículo que cambien la norma.
"NO EXISTE UNA COMPENSACIÓN CON LA ABSOLUCIÓN A LA TORTURA QUE SUPONE LA INVESTIGACIÓN"
– ¿Cómo encaja eso con la libertad de información, con el derecho de los ciudadanos a recibirla y con el consiguiente compromiso adquirido por la propia Fiscalía de facilitar esa labor?
– Modificando la ley. El investigado y la acusación particular pueden hablar, y hay unas resoluciones de público conocimiento como son las sentencias. Pero lo que no puede ser es que un fiscal dé un recurso antes a los medios que a las partes. Hay procedimientos que duran, por ejemplo, cinco años de instrucción y durante todo ese tiempo se han estado publicando noticias negativas diciendo que puede existir un delito. Aunque llegue la absolución el daño ya está hecho. No existe una compensación con la absolución a la tortura que supone la investigación. En Nóos ha habido cinco imputados valencianos a los que han matado y han sido todos absueltos.
Lo mismo ocurre con la Abogacía de la Generalitat, que ha pasado a ser un cuerpo monaguillo de Presidencia. Carece de independencia y de solvencia jurídica, cuando dentro hay un equipo de juristas tremendo. Pero si los acabas dirigiendo en aquellos asuntos con trascendencia hacia sustituir a la Fiscalía y manteniendo acusaciones donde ni ella lo hace...
– De "imputado" pasamos a "investigado" y ahora a "encausado". ¿Qué nombre prefiere?
– Es una cuestión de nombres y es un término de comunicación. Parecía que si se quería incorporar una alevosía directa del medio contra el investigado se le llamaba imputado. Pero al final da igual. Lo que tenemos que cuestionar es que para que un señor declare con garantías tenga que ir como imputado, investigado o encausado. Hay fórmulas alternativas, como la figura del derecho francés del testigo con derecho a ser asistido.
– ¿Prefiere que a sus clientes les juzgue un tribunal o un jurado popular?
– Yo soy de raíz latina, y los inventos, para las series americanas. La Justicia debe de estar en manos de jueces profesionales formados, cuyo ascenso dependa de su categoría jurídica y no del sindicato al que pertenezca y cuya categoría se mida con las sentencias que le son revocadas o confirmadas.
– Se dice que si uno es inocente mejor que le juzguen jueces y, si es culpable, un jurado.
– En cualquier caso, que te defienda el mejor abogado.
– Francisco Camps ha afirmado recientemente que sufre una persecución de "jueces y fiscales socialistas". ¿Comparte sus palabras?
– Me gustaría puntualizarlas, porque la interpretación de lo genérico respecto de esas manifestaciones es lo que puede acabar desacreditándolas. Él se refirió a personas con nombres y apellidos: el juez de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional [José de la Mata], exdirector general con Zapatero, y a determinados miembros de la Fiscalía cuyas relaciones habían salido en la prensa rosa.
– Él también es muy crítico con las filtraciones a los medios, al igual que usted.
– Por el principio legal. Cúmplase la ley. ¿Cómo la Justicia es capaz de meter a alguien en la cárcel, o la más grave pena de prevaricación al juez Garzón porque ha usado las conversaciones entre abogados y clientes, y no se va contra los que infringen otros aspectos del mismo derecho?
– ¿Y cómo se facilita el derecho a la información?
– Ese derecho está por encima de todo. Pero si existe una conducta tipificada, que se persiga.
– ¿Le gusta que sus clientes, como es el caso de Camps, den ruedas de prensa o preferiría que guardaran silencio?
– En el momento en el que nos encontramos, en el que durante años los medios hablan en un sentido porque filtra la Fiscalía, si dentro de la defensa jurídica no se introduce el elemento comunicación estamos cometiendo un flaco favor al procedimiento. No es bueno que los clientes tengan la necesidad de dar ruedas de prensa, pero si existe, que lo hagan.
"PARECE QUE HABÍA UNA NECESIDAD MEDIÁTICA DE QUE JUZGARAN A CAMPS Y ES LO QUE ESTAMOS VIENDO, PORQUE LO QUE EN EL IMAGINARIO COLECTIVO ES QUE ES CULPABLE"
– Al expresidente de la Generalitat le quedan dos piezas abiertas, la de la Fórmula 1 y la de los contratos menores de la trama Gürtel, en la que está procesado y pendiente del juicio tras las revelaciones de Ricardo Costa. ¿Cómo lo afronta como abogado defensor?
– Lleno de incertidumbre todavía. Por primera vez en la historia judicial de España, la Fiscalía pidió a través de una suerte de disposición analógica que se investigara a Camps como consecuencia de unas declaraciones pactadas con la propia Fiscalía para la reducción de a condena y el no cumplimiento de cárcel. Acabaremos en los tribunales europeos de Derechos Humanos investigándolo. El concurso para contratar el pabellón de Fitur no dependió nunca de la Presidencia. Camps no dio ningún tipo de instrucción ni recomendación para el expediente de contratación. Que Ricardo Costa lo diga no quiere decir que diga la verdad en la única causa que no estaba prescrita. Parece que había una necesidad mediática de que lo juzgaran y es lo que estamos viendo porque lo que hay en el imaginario colectivo es que Camps es culpable.
La otra es la de la Fórmula 1 en la que ya no acusa ni el PSPV y Anticorrupción ha pedido el archivo. Lo que me pregunto es por qué la Abogacía de la Generalitat sigue ahí como acusación y no se ha personado en la del hermano de Ximo Puig. Imagino que los intereses económicos de la Generalitat son los mismos en ambos casos, ¿no? Se está instrumentalizando políticamente a un órgano que debería ser independiente, y eso no es bueno ni para la institución de la Abogacía ni para la Justicia.
– ¿Cómo valora la capacidad del Gobierno a la hora de conceder indultos y de las polémicas que están generando los del procés?
– El indulto, que es algo que se produce todos los días, no puede ser un instrumento político, sino de corrección de la severidad de la Justicia porque esta, muchas veces, se expresa con la dureza del Código Penal. La pena está para redimir, por una parte, y para que la sociedad reciba al individuo corregido por otra. Algo que, por cierto, no va a ocurrir con los del procés porque ninguno se ha arrepentido y dicen que lo volverían a hacer. Se da el supuesto expreso para que no se dé el indulto.
– ¿Qué opina del problema de la renovación del CGPJ?
– Es uno de los temas de más difícil solución que tiene la democracia. Uno es las expectativas de algunos territorios por tener la independencia, otro el modelo de Estado y, para mí, el tercero es el gobierno de los jueces. En estos momentos hay una ley que habla de una mayoría reforzada y creo que hay que respetarla hasta que el Congreso se dé otra forma de elegir el CGPJ.
– Usted es uno de los abogados que reclama a la Generalitat las costas por el caso Valmor, archivado por el Tribunal de Cuentas. ¿Cuánto puede acabar costándole a la Administración?
– Ahí la Abogacía de la Generalitat reclamaba 24 millones de euros y la cuantía del procedimiento va en orden a esa cantidad. Hay una condena en costas en primera y segunda instancia del Tribunal de Cuentas. Éramos seis partes y la tasación tiene una cuantificación económica establecida en un libro de honorarios del Colegio de Abogados de Madrid. Eso es alrededor de 1,3 millones de euros, más procuradores, peritos e IVA. Cuando la Abogacía de la Generalitat presenta un informe para recurrir al Supremo admite que hay que tener en cuenta la poca prosperabilidad del recurso y la condena en costas de la instancia. Políticamente fue un error utilizarla para conseguir a través de los tribunales algo que la Administración, con sus propios medios, ni siquiera ha intentado. Todo nace de que Mónica Oltra y Fran Ferri denunciaron este tema cuando estaban en la oposición. El Tribunal de Cuentas lo archivó y cuando se le dio traslado a la Generalitat ya estaban en el Gobierno y ordenaron a la Abogacía presentar una demanda. Son procedimientos instigados políticamente que están causando un perjuicio directo a las arcas públicas. La Abogacía no se tendría que haber metido en esa fiesta.
– Existe una reunión prevista este martes entre la plataforma De Torino a Mestalla, de la que usted forma parte, y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ante la preocupación por la situación del Valencia CF. ¿Qué pretenden trasladarle?
– Mi pasión por el Valencia me ha llevado durante muchos años a seguir de forma cercana el conflicto con su venta desde el principio, cuando ya se suscitaban dudas sobre la legalidad del aval. Eso me lleva a participar con Juan Martín Queralt y el resto de integrantes de la plataforma y echar una mano en aquello de lo que tengo conocimiento. Creo que cualquier cosa que se haga para recuperar el Valencia para los valencianistas es buena. Es obvio que mi posición es crítica con los actuales directivos del club y con el accionista mayoritario. Hay un grandísimo descontento que se vehiculiza a través de distintas plataformas y es algo que se le tiene que contar a todos los interlocutores del Valencia CF. Se ha hecho ya con la Generalitat, con el Ayuntamiento y ahora falta con Bankia. La parte inmaterial de la sociedad anónima deportiva es el cliente, el aficionado, el socio, y en estos momentos se ve apartado de una enseña que lleva aquí 100 años y que la entendemos como propia. Aunque haya un accionista mayoritario tendremos que reivindicar lo que consideramos que es nuestro.
– ¿Y cuál quieren que sea la respuesta de Goirigolzarri?
– Bankia es una entidad que tiene créditos con el Valencia CF que están al día y se están satisfaciendo las cuotas. Esto lleva a que Bankia, que analiza todos los años las cuentas de la sociedad para prorrogar los créditos, pueda tener una preocupación sobre la situación del Valencia y de la capacidad que va a tener a corto plazo de cumplir sus obligaciones crediticias si resulta que el accionista mayoritario no refuerza con sus aportaciones a los vencimientos su compromiso. A partir de ahí, Bankia, el acreedor, pasa a ser importante y hay que transmitirle que la sociedad valenciana esta ahí.
– Usted también lleva la defensa de varios colegios concertados. Después del último pronunciamiento del Supremo en el que obliga a la Generalitat a mantener varios de los conciertos que eliminó, ¿cuál es el siguiente paso?
– El Supremo está archivando todos los recursos de la Conselleria, de tal forma que ya tiene una jurisprudencia consolidada que dice que esos conciertos están mal retirados y que la Administración tiene que devolvérselos a esos colegios tal y como se suplicaba en la práctica totalidad de las demandas. Eso se tiene que aplicar con efecto retroactivo e implica que la Generalitat tenga que compensar tanto a los centros que habían suspendido conciertos como a los que habían adoptado una medida cautelar, habían avalado y habían seguido con los mismos. Esas responsabilidades superan los 25 millones de euros por lo no pagado hasta la fecha. Los beneficiarios últimos tienen que ser los centros que pusieron dinero de su bolsillo y los padres que tuvieron que pagar esas mensualidades de los conciertos. Se trata de una afectación social de miles de personas: 18 colegios, varias líneas, 30 niños por línea... Lo que sería de agradecer es que el Gobierno autonómico pagara sin tener que pedir ahora la ejecución de la sentencia en el juzgado.
En cuanto a la parte educativa, los conciertos se abren ahora y, como se produce con anterioridad a la aprobación de la ley Celaá, deberían seguir adelante con ellos con normalidad.
– ¿Esto conlleva que todas las familias y los centros que han pagado con su dinero la continuidad de los conciertos o los gastos asociados puedan reclamárselo de manera individual a la Generalitat?
– De una forma o de otra, puesto que hay 18 casos distintos, sí. Lo que supone la resolución del Supremo es el reconocimiento de la situación jurídica individualizada de cada uno de los centros y el perjuicio causado tanto a ellos como a los padres.