Antes de hacer demagogia, pensemos en quiénes emplean a los que perciben el SMI, no vaya a ser nuestra madre viuda o nuestra sobrina
Hemos comenzado el año (literalmente) con una caída de unos 600.000 afiliados a la Seguridad Social. Aunque durante el resto del mes de enero se fueron realizando contrataciones y nuevas afiliaciones, lo cierto es que el saldo no es muy prometedor. No obstante, atribuirlo exclusivamente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sería dar saltos en el vacío, pues se requiere un período más largo para poder apreciar sus efectos y tener en cuenta otros factores.
Entre ellos, estamos entrando, en toda la eurozona, en una fase de desaceleración del ciclo, como puede verse en el “mapa de calor” del Instituto Ifo, que analiza las expectativas de consumidores y empresas. En concreto, en rojo, puede apreciarse que Italia lleva en recesión (profunda) la mayor parte de 2018 y las previsiones para 2019 son similares. Francia también ha entrado en recesión y los demás nos encontramos en fase baja del ciclo. Por tanto, los próximos trimestres se espera, tanto en el resto de la UE como en España, una caída en la actividad económica y, por tanto, en el empleo. Tuvimos conatos de recesión durante la primera mitad de 2016 (coincidiendo con inestabilidad política), pero el mejor clima del resto de la eurozona, en fase de aceleración, ayudó a superar el bache. No es probable que esto ocurra ahora.
En cualquier caso, es de esperar, como han señalado desde el gobernador del Banco de España hasta el presidente de la AIReF, que la importante subida del SMI (de un 22,3%) lleve a una reducción del empleo concentrado en ciertos sectores, justamente en un momento de desaceleración. De acuerdo con este último, afecta a alrededor de 1.200.000 trabajadores (el 8% de los asalariados), que aumentarían su renta disponible en 700 millones de euros. Desde el punto de vista de la Seguridad Social, por primera vez en la historia se sitúa la base mínima de cotización (la correspondiente al SMI) por encima de los 1.000 euros; en concreto, de 1.005,1 euros. Eso elevaría la recaudación (según los cálculos del Ministerio de Trabajo) en unos 5.000 millones de euros, 54,19 euros por asalariado.
Más allá de los efectos directos sobre el empleo, creo que vale la pena centrarse en otros aspectos que han tenido menos repercusión mediática pero que, al menos a mí, me parecen bastante sensibles. Me voy a centrar en dos que tienen que ver con cuál es el grupo de trabajadores afectado por este aumento del SMI, esto es, en qué sectores se concentran.
El primero de ellos, es el empleo doméstico. Según la EPA, en 2018 este sector ocupaba a unos 640.000 trabajadores, de los cuales el 96% son mujeres. Sin embargo, de acuerdo con la propia EPA, sólo 420.000 estaban dadas de alta. Además, una elevada proporción de las trabajadoras de este sector (un 42%) tiene nacionalidad extranjera. Son dos las principales razones por las que se contrata a empleadas del hogar (además de cómo ayuda para la limpieza doméstica, que suele ser a tiempo parcial): el cuidado de hijos y el de personas mayores. En ambas situaciones, ¿quiénes son los empleadores? Es evidente que los empleadores son otros trabajadores, bien sea asalariados o por cuenta propia y, en una gran parte de los casos, jubilados. Empleadores que tienen que dar de alta a sus trabajadores, elaborar nóminas y gestionar bajas y que, como es evidente, no son empresarios y no se pueden deducir ninguna de las cantidades pagadas ni de los gastos incurridos de su renta o de su actividad empresarial. Las familias con hijos que tienen contratada a tiempo completo a una persona, para que ambos cónyuges continúen trabajando fuera de casa, son los que han visto como se repercute sobre sus gastos el aumento del salario y también el de la Seguridad Social. Actualmente, el coste total de un empleado del hogar a tiempo completo supera los 1.200 euros mensuales. Lo mismo ocurre con los contratados para el cuidado de personas mayores, que ha visto, de golpe, un aumento del pago a sus cuidadores de más de 200 euros al mes.
Quizá sea yo, pero no he escuchado, cuando se recogen las noticias sobre las concentraciones de los jubilados y su reclamación sobre las pensiones, que ninguno de ellos hable de este aumento de costes. La subida de este año de las pensiones, que oscila entre 20 y 50 euros mensuales, se verá, a buen seguro, más que compensada por estos pagos. Evidentemente, aquellos que contraten por horas o por media jornada, también verán aumentado el coste de forma proporcional. A modo de referencia, los gráficos 2 y 3 muestran las pensiones medias en España para hombres y mujeres, así como las de viudedad. En 2018, la pensión media era de algo más de 1.400 euros para los hombres y 1.150 para las mujeres. Las de viudedad, no llegan, de media, a 700 euros. Es evidente que las cuentas no salen. Ni siquiera incluyendo las ayudas a la dependencia que, en estos casos, suponen un ingreso mensual de alrededor de entre 300-400 euros, en caso de cumplir los requisitos.
Y el otro gran sector donde se concentra una buena parte de los trabajadores con salario mínimo es el de hostelería-turismo. Teniendo en cuenta que en este tipo de servicios la productividad no es alta, probablemente la mayor parte del aumento del coste se repercuta en los precios, con la consiguiente pérdida de competitividad y el encarecimiento para los consumidores.
En ambos casos, el ajuste se irá realizando de manera paulatina. Probablemente se comience por reducir el número de horas pero, a buen seguro, se acabará trasladando a un menor empleo, a un aumento de la economía sumergida (dando de baja en la Seguridad Social para ahorrar costes) y a menos renta disponible para los jubilados.
Por supuesto, no creo que sea necesario insistir, que todos deseamos que se paguen salarios dignos, pero (por favor), antes de hacer demagogia, pensemos en quiénes son los que realmente emplean a los que perciben el SMI, no vaya a ser nuestra madre viuda o nuestra sobrina, que tiene un hijo de 2 años y no quiere dejar de trabajar.