VALÈNCIA, (EP). El grupo parlamentario de Podem en Les Corts Valencianes ha presentado más de 80 enmiendas al proyecto de ley de Servicios Sociales inclusivos, cuyo objeto es aumentar la participación ciudadana y crear un dispositivo de urgencia social que sea de carácter permanente y nocturno.
El diputado de Podem Jordi Alamán ha destacado mediante un comunicado que estas enmiendas "profundizan en elementos de participación ciudadana adaptados a la nueva estructura de los servicios sociales que plantea la ley".
De este modo, "se propone potenciar consejos de participación en zonas básicas, o dar herramientas a la ciudadanía para que pueda participar en el seguimiento, evaluación y planificación de las políticas de servicios sociales de sus zonas".
También ha resaltado la creación de un dispositivo de urgencia social "que sea de carácter permanente y nocturno que permita responder ante las emergencias sociales, que pueda coordinar recursos públicos que de otra manera no podría hacerse y adaptarse de este modo a las necesidades sociales del momento".
El parlamentario ha advertido que esta formación aspira a unos servicios sociales "que se adapten a las persones para que no tengan que ser las personas las que se adapten a los recursos de las administraciones". "Entendemos que ese es el espíritu de esta ley tan necesaria, y nuestra tarea la hemos enfocado a profundizar en este aspecto, poniendo el foco en aquellas materias donde hemos detectado algún vacío", ha manifestado.
Otro de los elementos de las enmiendas de la formación morada es "la potenciación de espacios colaborativos ciudadanos que trasciendan a las prestaciones de las administraciones públicas, que deben velar por nuevas formas de vínculo social". Así, Podem "plantea viviendas colaborativas u otras propuestas que combatan la soledad u otros malestares sociales y ha reclamado flexibilidad a la administración para desarrollarlas".
Por último, desde el grupo parlamentario se ha apostado por una "intervención social que se ajuste a la persona lo mejor posible, sin descuidar la implicación de áreas de actuación que se mueven entre los servicios sociales y la acción sociosanitaria".
Alamán ha concluido señalando que "después de 20 años de la anterior ley de servicios sociales, y con una patente falta de planificación, mapificación y estructura, se hace imperativo volver a plantear unos servicios sociales basados en la acción comunitaria, reconocidos como esenciales y con derechos subjetivos, que esté a la altura de otras comunidades autónomas y que pueda ir más lejos que ellas".