VALÈNCIA. El pasado mes de julio, Presidencia de la Generalitat inició los trámites para poner solución a la falta de funcionarios que este departamento tiene en el área de Comunicación. Una carencia que, de hecho, en noviembre de 2019 le llevó a protagonizar una sonada polémica con sus becarios que acabó en los tribunales. Ahora, meses después, desde el Palau se pretende retomar el proceso que iniciaron entonces.
Sin embargo, del diseño que elaboró la ex secretaria autonómica de Comunicación, Blanca Marín, al que se ha acordado finalmente con los sindicatos desde la nueva secretaria de Prospectiva que ocupa Beatriz Gallardo y la dirección general de Relaciones Informativas de Pere Rostoll ha sufrido ciertas variaciones. La primera, la reducción del número de plazas de 14 a 12. De esa docena, dos tendrán carácter laboral, mientras que la naturaleza de los otros diez será funcionarial.
La propuesta, que deroga la anterior y especifica qué puestos de trabajo deberían crearse para cubrir las necesidades de comunicación que tiene Presidencia de la Generalitat, refuerza especialmente el perfil digital y tiene en cuenta, además, la vertebración territorial, dado que tres plazas de la docena mencionada desempeñarían sus funciones desde Alicante y Castellón.
Así, Presidencia convocará dos plazas de especialista audiovisual, ocho puestos de técnico superior de Producción y Análisis de Mensaje Digital y dos plazas más de técnico de Comunicación. En el diseño anterior, se proponía crear una nueva plaza de Jefe de Servicio de Redes Sociales, otras cinco plazas de técnicos de comunicación destinados a redes sociales, cinco nuevos puestos para periodistas y tres nuevas plazas de técnicos en Comunicación Audiovisual.
En el caso de los especialistas audiovisuales, su contrato será laboral, su clasificación corresponderá a grupo C de la Administración y orgánicamente dependerán de la dirección general de Relaciones Informativas. Entre las funciones que tendrían encomendadas se encuentra la realización, grabación y edición de audiovisuales para informativos y producciones internas, hacer un seguimiento de informativos regionales y nacionales, o gestionar el archivo de audiovisuales de producciones propias y ajenas. Además, deberán también "adaptar su jornada a las necesidades derivadas de la agenda de la persona titular de Presidencia de la Generalitat, miembros del Consell y otras circunstancias institucionales de interés general".
Para ocupar alguna de las ocho plazas de naturaleza funcionarial de técnico superior de Producción y Análisis de Mensaje Digital de grupo A1 de la Administración será necesario ser licenciado o graduado en Periodismo o Comunicación Audiovisual, así como contar con el C1 de valenciano. En este caso, se encargarán del diseño, elaboración y publicación "de mensajes multimedia (texto, imagen, audio, vídeo, gifs, infografías) ajustados a su viralización en diferentes plataformas de difusión de vídeo, redes y mensajería instantánea". Además, también realizarán tareas de diseño y publicación de webs específicas vinculadas al mensaje de la Generalitat dedicado a temáticas concretas, gestionarán y darán apoyo a los perfiles institucionales en las redes, optimizarán "la estrategia SEO para medir el impacto real de los mensajes y campañas institucionales y planificarán campañas informativas digitales a medio y largo plazo.
Las otras dos plazas restantes, también de naturaleza funcionarial y correspondiente a grupo A1 de la Administración, requerirán los mismos requisitos que la anterior. Sin embargo, sus funciones diferirán, ya que se dedicarán a la redacción, edición, corrección, publicación en web y difusión en medios de comunicación de notas de prensa sobre la actualidad de la Generalitat, así como de otros contenidos periodísticos escritos o radiofónicos. También se encargarán de realizar informes de análisis, seguimiento e impacto en medios de comunicación de la actividad del Consell y de elaborar planes específicos de comunicación interna y externa, así como de comunicación de situaciones crisis.
De momento, la propuesta ya cuenta con una memoria económica: las plazas convocadas tendrán un coste anual de 564.416 euros, por lo que la Dirección General de Presupuestos deberá autorizar la dotación de crédito.
Junto a esta propuesta, otra de las cuestiones acordadas entre Presidencia y sindicatos es la reclasificación de 18 de las plazas que ya se encuentran cubiertas a día de hoy. En su mayoría, corresponden a periodistas y personal de audiovisuales que acompañan al president de la Generalitat, Ximo Puig, en todos sus actos.
La finalidad de este cambio de categorías es "homogeneizar" las retribuciones de puestos de trabajo que realizan las mismas funciones o similares. Así, que este incremento retributivo tendrán un coste de 57.351 euros al año.
También se reclasifican cuatro plazas que corresponden a ayudantes de mantenimiento que realizan el mantenimiento de máquinas, equipos, instalaciones, mobiliario y material. Presidencia justifica esta adaptación con que no dispone "de un único edificio" donde presta servicio su personal, sino que cuenta con varias instalaciones, lo que obliga a estos empleados a tener que desplazarse para ejecutar sus tareas. Además, también se les exige "adaptar su jornada laboral" a los actos institucionales, por lo que su presencia puede ser requerida en días no laborables para montar y desmontar equipamiento. Su coste al año será de 13.168 euros totales.
Conviene recordar que Presidencia inició todos los trámites para resolver su problema con la falta de funcionarios en Comunicación después de la polémica con los becarios. En noviembre de 2019, miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acudieron al Palau de la Generalitat para comprobar la situación laboral de una treintena de becarios a raíz de una denuncia interpuesta por CCOO-PV. El foco se puso en cuatro departamentos: publicidad e imagen institucional, planificación y análisis informativa, redes sociales y la sección audiovisual. Además, también chequearon cuales eran las funciones y tareas que tenían asignadas.
El propio sindicato fue el encargado de difundir el grueso de las conclusiones de un duro informe en el que el inspector reflejó una "constatación clara y manifiesta" de la existencia de un "fraude de ley y abuso de derecho" respecto a los licenciados que realizaban prácticas profesionales. Unas conclusiones de aquella inspección tras las que el jefe del Consell aseguró que no habría más becas de la Generalitat. Meses después, con la sentencia, el Gobierno valenciano recurrió en los tribunales el auto que daba la razón a los becarios, pero también buscó poner solución de una vez por todas a la falta de personal porque nunca se cubrieron plazas de funcionarios al no haber sido nunca convocadas.
Los sindicatos, por el momento, aseguran que el proceso puede demorarse todavía varios meses. La fase final llegará con la convocatoria que haga Función Pública.