El síndic de Cs, Toni Cantó, y el president de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios registraron este lunes después de que finalizara la primera jornada del Debate de Política General las propuestas de resolución que sus señorías debatirán este miércoles y pasarán a votar este viernes. Una batería de iniciativas que Ciudadanos ha aprovechado para introducir algunas de las cuestiones que incomodan al jefe del Consell y otras que buscan forzar la división del Botànic en el hemiciclo del Parlamento valenciano.
La estrategia del partido naranja es alejar a los socialistas de sus socios en el Gobierno, colarse en las grietas del Botànic y exhibir las diferencias que guardan PSPV, Compromís y Unides Podem con el objetivo de "atraer a los socialistas al centro". Un telón de fondo con el que Ciudadanos ha registrado una propuesta de resolución en la que insta al Gobierno valenciano a que los Presupuestos de la Generalitat de 2021 tomen como referencia el Pacto de Reconstrucción firmado entre las fuerzas del Botànic II, PPCV y Cs.
Una cuestión que en los últimos días ha generado una profunda división entre socialistas, valencianistas y morados. Mientras los primeros son partidarios de seguir esa hoja de ruta que propone Cantó, los segundos se han mostrado más reacios. Para ellos el esquema a seguir se basa en tomar como eje central el Pacto del Botánico que dio vida al actual gobierno -es decir, que las cuentas las aprueben los socios del ejecutivo tal y como marca el Estatut- y, a partir de ahí, la oposición es bienvenida a apoyar los presupuestos en Les Corts Valencianes.
Conscientes de esta disparidad de opiniones, el grupo parlamentario que dirige Toni Cantó quiere forzar a que los partidos que integran el Consell se posicionen en el debate y votaciones el próximo viernes. Pero no solo con esta cuestión los naranjas buscan exhibir esas posiciones enfrentadas: Cs también ha recogido en una propuesta de resolución el contenido de una declaración institucional que presentó el otro día Cantó en la que piden al Ejecutivo de Puig que exija al Gobierno central autorizar a la Comunitat Valenciana un objetivo de déficit como el permitido al País Vasco, del 2,6%.
Una operación que permitiría "a los valencianos disponer de unos 3.000 millones de euros más para las cuentas del próximo año", según los cálculos realizados por su formación que preside Inés Arrimadas. La iniciativa viene motivada a cuenta del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el gobierno vasco para autorizar a a Euskadi un objetivo de déficit del 2,6% este año después de hacer una valoración del impacto de la disminución de los ingresos por impuestos a consecuencia de la caída de la actividad económica por la pandemia de la Covid-19. El acuerdo fue alcanzado por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el consejero de Economía y Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, el 31 de julio y fue ratificado esta semana.
El contenido de esta pone en un brete a PSPV y Unides Podem, dado que ambos son quienes gobiernan en Madrid. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Compromís, que en esta cuestión no tiene "ataduras" institucionales. De hecho, cuando Ciudadanos registró esta propuesta, los valencianistas la calcaron -aunque con un formato diferente, en lugar de declaración insittucional, presentaron una proposición no de ley- para que llevara su sello y la presentaron en solitario.
A diferencia de la primera propuesta que atraería a los socialistas hacia los naranjas, en este caso, la propuesta de resolución del déficit a quien seduce es a Compromís. Y, tras este segundo plato, Cs tiene preparado el postre: una propuesta de resolución que insta al jefe del Consell a "prorrogar la concesión del del departamento de salud de Torrevieja antes de que venza el contrato en octubre de 2021 y hasta que sea posible garantizar una calidad asistencial óptima en base a criterios de eficiencia y eficacia y de recursos humanos y materiales, una vez se pueda dar por concluida la emergencia sanitaria por Covid-19".
La propuesta de resolución de Ciudadanos choca con una proposición no de ley (PNL) impulsada por Unides Podem, pero firmada también por PSPV y Compromís la semana pasada en la que se instaba al Consell "iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para comunicar a la empresa concesionaria, que actualmente gestiona el departamento de salud 22 de Torrevieja, la finalización del contrato en el tiempo estipulado de acuerdo con el expediente de contratación 87/2003. Realizar las actuaciones necesarias para preparar la recuperación de la gestión pública directa en condiciones de seguridad jurídica y garantizando la mejor calidad y condiciones tanto del personal como de la atención sanitaria".
Una iniciativa botánica que ratificaba las posiciones de los tres grupos, incluso de la Conselleria de Sanidad, que siempre se ha mantenido a favor de la reversión, pero que el president Ximo Puig había puesto en cuarentena con declaraciones sobre la dudosa ejecución de ese acto administrativo. En todo caso, supone una ratificación de una decisión que debe comunicarse en octubre de 2020, un año de que venza el contrato, en 2021. De no hacerlo antes de esa fecha, la empresa podría por dar por prorrogada la concesión por otros cinco años, es decir, hasta 2026.
En cualquier caso, conviene apuntar que en los últimos días los socialistas han mostrado sus dudas en pequeños círculos sobre la reversión de este departamento de salud en concreto: "Precisamente en Torrevieja la gente está contenta porque funciona bien", comentaba un cargo socialista a este diario. De esta manera, la propuesta de resolución, más allá de reflejar la defensa que los naranjas han hecho siempre de las concesiones sanitarias y la colaboración público-privada, la iniciativa también ahonda en otra de las grietas que han surgido entre el PSPV y sus socios del Consell en los últimos días. Una propuesta con la que el partido del puño y la rosa no se siente del todo incómodo y a la que el tripartito también se enfrentará mañana y deberá votar este viernes.
