Es una pena que al presidente del Gobierno le importe un comino el ascenso de Vox. O que no le importe lo suficiente para dejar de alimentar al monstruo porque le beneficia agitar el peligro de la ultraderecha, primero para ganar las elecciones y luego en pos del apoyo de la mayoría del Congreso para cualquier medida por disparatada que sea. Cuando los historiadores del futuro estudien el fenómeno de Vox tendrán que reservar un capítulo al decisivo papel de Sánchez desde que trató de colar a Abascal en un debate electoral de RTVE cuando no tenía derecho a estar. El último ejemplo es lo del pin parental, pero no será el último.
Estoy viendo a Iván Redondo, virtual ministro de Propaganda, pidiendo una muleta para distraer el morlaco del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscala General del Estado. ¿Qué tenemos por ahí? ¡Ah!, el pin parental de Vox. Perfecto, vamos allá. Y se pone en marcha una maquinaria que viene funcionando desde hace más de un año –hablé de ello aquí hace 13 meses– con los mismos protagonistas, antagonistas, secundarios y tontos útiles, aunque los papeles de algunos hayan cambiado con la entrada de Podemos en el Gobierno.
Salen a escena tres ministras –Montero, Celaá y Montero– a la rueda de prensa con el objetivo de que los medios dejen de hablar de Delgado y dan en el clavo: el Gobierno va a enviar "hoy mismo un requerimiento a la Región de Murcia para que retire el llamado pin parental".
Por si el impacto de la noticia no es suficiente, Celaá lanza el cebo para que ningún tonto útil de la tragedia se quede sin papel: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres", sentencia la ministra de Educación. ¡Qué has dicho! Entra al trapo Casado, salta Abascal, sus medios afines ponen el grito en el cielo, los afines al Gobierno cierran filas –otros irresponsables que dejan que Vox protagonice sus portadas e informativos porque da audiencia– y las redes se llenan de odio.
¿Acaso no es importante el pin parental? Sí, tan importante es, que sorprende que para Sánchez y Celaá no lo haya sido hasta ahora. Si estuvieran tan preocupados como fingen estar no habrían tardado cuatro meses en mandar un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire una medida aprobada en agosto del año pasado y que está vigente desde que los niños empezaron el curso en septiembre. ¿Dónde estaba entonces la Ministra de Educación? ¿Por qué ha dejado durante cuatro meses que Murcia aplique una medida que, según dijo, "vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados"? ¿No se enteró de que el pin parental ya estaba vigente? ¿A qué dedica su tiempo el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, encargado de vigilar que el Ejecutivo autonómico no se salte la normativa estatal?
(A todo esto, en cuatro meses, que se sepa, no ha habido ningún padre y/o madre que haya ejercido el 'derecho' a señalar a su hijo en la escuela y excluirlo de las actividades programadas por el centro. Sus quejas son por la falta de profesores a principio de curso, por los barracones y por el amianto aún no retirado en los tejados de 130 colegios murcianos. Una cosa son los fuegos artificiales y otra la realidad)
Una semana larga con la bronca del pin parental ha sepultado la acción de Gobierno, incluidas medidas positivas como es el acuerdo, propiciado por la ministra Yolanda Díaz, de subir el Salario Mínimo Interprofesional. Un silencio que es apenas un daño colateral que se compensa nuevas fotos distribuidas por La Moncloa del héroe redentor, esta vez en helicóptero sobrevolando la ‘Gloria’.
Hace algunos meses escribí aquí sobre lo que en periodismo llamamos la 'agenda informativa'. Son los temas de los que se habla en casi todos los medios mientras otros pasan sin pena ni gloria, ahora también las redes sociales –trending topic lo llaman en Twitter–, y mentirá el periodista que diga que no aspira a que sus exclusivas sean el tema de conversación en la calle, la televisión y las redes sociales.
El incontrolable fenómeno de la agenda informativa ayuda a entender cosas inexplicables, como el diferente seguimiento de violaciones en manada muy similares, o de unos y otros niños desaparecidos o de casos de corrupción política de uno y otro lado. ¿Por qué no es un escándalo nacional el caso de las 16 menores tuteladas por el Gobierno balear atrapadas en una red de prostitución? ¿Por qué no lo fue el pin parental de Murcia en septiembre y lo es ahora?
Cuando no había internet eran los medios más influyentes los que arrastraban al resto. En los años ochenta fue El País, en los noventa tomó el relevo El Mundo, luego la Ser… pero esa capacidad de marcar la agenda informativa se fue diluyendo con la multiplicación de medios y de vías de comunicación. Hasta que llegó Sánchez muy bien asistido por Iván Redondo, con la colaboración interesada de Santiago Abascal.
Hoy la agenda informativa la marca unos días Vox y otros La Moncloa, diríase que de acuerdo porque uno y otro sacan provecho: Vox se erige como única oposición al Gobierno y Sánchez como un san Jorge contra el dragón. El ministerio de propaganda virtual lanza huesos con acierto a la vez que protege al amado líder sin pudor, sin respeto al trabajo de los periodistas y a veces sin respeto a la ley. No es de extrañar que no entre en la agenda informativa que el presidente del Gobierno y su ministra exportavoz –Celaá– sean multados por la Junta Electoral Central por hacer trampas de forma reiterada para ganar las elecciones. Sale barato hacer trampas.
Se queja Ábalos de que haya tanto interés por su reunión con la vicepresidenta venezolana en lugar de hablar de lo verdaderamente importante, del salario mínimo, "de los problemas de los funcionarios" o de problemas climáticos. Eso lo podría haber dicho hace mucho a propósito de Cataluña y no ahora que se habla, con fundamento, de su problema. Y de paso haber citado la financiación autonómica. Por cierto, Ábalos debería preguntarse quién metió en la agenda su encuentro con Delcy Rodríguez.
Se muestra a favor de una comisión de investigación para depurar responsabilidades, pero más adelante