VALÈNCIA. La campaña electoral ya ha arrancado y los partidos políticos que aspiran a gobernar la Generalitat Valenciana comienzan a desgranar sus propuestas electorales. Uno de los temas que más notoriedad ha adquirido en los últimos años ha sido la transición hacia un nuevo modelo energético más sostenible para luchar contra el cambio climático. Entre las propuestas que plantean las diferentes formaciones para hacer frente a esta problemática están la creación de nuevas normativas valencianas, el fomento de las renovables y el vehículo eléctrico o la promoción del autoconsumo energético.
En concreto, el PSPV propone en su programa una Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunitat Valenciana -sin concretar su contenido- y convertir el Museo Príncipe Felipe en un centro de referencia internacional sobre el cambio climático. Asimismo, contempla el incremento de las ayudas para rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios y el apoyo a las instalaciones de energías renovables y el autoconsumo ciudadano, comercial e industrial mediante una simplificación y unificación de los trámites administrativos de las instalaciones, así como bonificaciones o subvención de equipos y acciones de eficiencia energética y producción renovable.
Compromís exige el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes cuando finalice su actual periodo de prórroga, en marzo de 2021, una reclamación que también comparte Unides Podem. Asimismo ambas formaciones coinciden en el objetivo de llegar al 2050 con el 100% de la demanda energética a través de fuentes limpias y renovables, aunque mediante normativas diferentes. Y es que mientras Unides Podem propone una Ley de Cambio Climático y Energía para reducir en 2030 el consumo energético final más del 25%, sobre 2015, Compromís habla de un acuerdo valenciano para la transición energética.
Por otro lado, la formación morada dedica casi dos capítulos de su extenso programa a abordar esta cuestión. En este sentido, defiende la creación de una empresa pública de energía, que sea productora y distribuidora de energía limpia, con el fin de suministrar al conjunto de la población y economía del territorio; así como un plan de erradicación de la pobreza energética; plan de incentivos al autoconsumo eléctrico y la elaboración de un Plan Valenciano de Rehabilitación Energética de Edificios y Viviendas.
Propone, además, un Plan Eólico, con una apuesta clara por las pequeñas instalaciones de cercanía, incluyendo la opción marítima, como forma de obtención de energía para infraestructuras como desaladoras y sistemas de abastecimiento de agua. También, el PP se refiere a esta cuestión y muestra su compromiso de "desbloquearlo" para en cuatro años incrementar al menos el 30% de la potencia instalada.
Por su parte, el PP muestra en su documento su apuesta "decidida" por las energías renovables y el autoconsumo y explica que implantarán un procedimiento ágil para la tramitación administrativa y ambiental de los proyectos de instalación de parques fotovoltaicos en cualquier zona cuyo uso sea declarado compatible, mientras que Ciudadanos apuesta por la rehabilitación de viviendas y la promoción de la eficiencia energético con un programa específico de sostenibilidad, incentivar la producción de energías renovables para autoconsumo y diseñar esquemas favorables para la generación distribuida.
Además, insiste en la simplificación de los trámites administrativos para las renovables y el autoconsumo y promoverá una regulación para el desarrollo de redes cerradas de distribución, especialmente en el marco de polígonos industriales y comunidades residenciales de propietarios, favoreciendo la implantación de estas fuentes de energía en los espacios comunes en las mismas.
En materia de residuos, Unides Podem apunta a una Ley de prevención de residuos y economía circular que incluya la aprobación de una Agencia Valenciana de Residuos, el impuesto al depósito en vertedero municipal y la vuelta a los tipos de gravamen para el impuesto a la incineración aprobados en la ley de acompañamiento de 2017 que fueron modificados en julio de 2018. Asimismo, apunta a un sistema de gestión complementarios en la recogida de envase ligeros y a una revisión de los convenios de Ecoembres y Ecovidrio y exigencia de los cumplimientos de los SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor).
Compromís, en cambio, apuesta por un Plan Integral de Residuos, una política coordinada entre las administraciones, que sea transparente e integrada, basada en la reducción, reutilización, la recogida selectiva y el reciclaje.
Desde el PSPV abogan por un pacto por la Economía Circular que incluye el desarrollo de una estrategia de reducción y reutilización que contemple, entre otras cuestiones, la lucha contra los plásticos en los mares y el desarrollo de políticas de compra verde para avanzar hacia el objetivo de la Unión Europea de ‘Vertederos Cero’.
Ciudadanos prefiere una Ley autonómica de Economía Circular que convierta los principios de reducción, reutilización y reciclaje en ejes transversales del desarrollo económico y el reciclaje de residuos domésticos mediante el fomento de su recogida selectiva, mientras que el PP incide en un Plan Valenciano de transparencia sobre residuos, que incluirá una campaña de información y concienciación sobre la gestión y reducción de residuos domésticos y el fomento del reciclaje en casa. También, destaca la apertura de nuevas líneas de financiación en el campo de la sostenibilidad de los envases a lo largo de toda su vida a través de políticas que impulsen el I+D+i tanto en el ámbito público como el privado.
En este contexto, la Asociación de Empresas con Actividades vinculadas con el Sector Energético en la Comunidad (Avaesen) organizó este lunes una jornada de debate con representantes políticos de los partidos en Les Corts: Marta Martín (PSPV), Graciela Ferrer (Compromís), Julià Álvaro (Podem), Vicente Casanova (PP) y Carlos Gracia (Cs), con el objetivo de dar a conocer su posicionamiento respecto al sector energético, las energías renovables y la transición energética.
La inauguración del debate corrió a cargo del presidente de la asociación, Marcos Lacruz, quien destacó la importancia de poner encima del debate político al sector de la energía por la importancia que tiene y la voluntad que ha manifestado de invertir 5.000 millones en cinco años y crear 3.000 empleos nuevos. Además, señaló que la Comunitat cuenta con las condiciones "idóneas" para "liderar" la transición energética en España.
Los representantes de las diferentes formaciones coincidieron en señalar la importancia del fomento de energías renovables y del autoconsumo para un modelo energético más sostenible, pero exhibieron sus diferencias respecto a la promoción del vehículo eléctrico. Así, mientras el PSPV propuso habilitar áreas para el estacionamiento de vehículos bicicletas y patinetes en las zonas de intercambiadores del transporte de cercanías y FGV, Julià Álvaro, de Podem, planteó la creación de una red pública y privada de sistemas de carga para vehículos eléctricos con la vista puesta en instalar 10.000 puntos de recargas para cubrir todo el territorio de la Comunitat para 2024.
Al respecto, Ferrer vio la propuesta "razonable" y señaló que la coalición apuesta por fomentar el uso del vehículo eléctrico para lo que prevé ayudas para la renovación de la flota. Gracia de Cs también se mostró a favor de la promoción del eléctrico. En cambio, Casanova consideró que la transición hacía el eléctrico debe estar ajustada a la demanda del mercado y ser "transitoria". "Eso de que el diésel tiene los días contados es falso. Lo que hay que hacer es favorecer normativamente a la empresa privada para que instale puntos de recarga, pero si hay rentabilidad", señaló.
Por otro lado, Ferrer puso encima de la mesa la posibilidad de estudiar la viabilidad e idoneidad de incorporar energía eólica marítima, una cuestión que Álvaro también defendió. No obstante, Marín señaló que esa era una competencia del Estado, al tiempo que apuntó que la Comunitat tiene recursos eólicos muy moderados y es "más rica" en energía solar, mientras que Casanova tachó la propuesta de "electoralista, poco fundamentada y sin consistencia".
