VALÈNCIA. Las propuestas fiscales son uno de los ganchos estrella que los partidos siempre incluyen en sus programas electorales, sobre todo los que ejercen en la oposición. Así, todos los partidos con representación en Les Corts que concurren a las autonómicas del 28 de abril buscan seducir al electorado con medidas como la eliminación o la creación de nuevos impuestos propios, la introducción de bonificaciones o la reforma del tramo autonómico de la renta.
Las propuestas van desde la "revolución" que promete el PPCV a la marcha atrás del PSPV en la subida del Impuesto de Sucesiones para la empresa familiar, su única propuesta en matera fiscal. Compromís, por su lado, aboga por el diseño de nuevas figuras autonómicas para reforzar la autonomía fiscal de la Comunitat.
Unidas Podemos es la formación que más detalla sus propuestas, centradas en los 'clásicos' de la legislatura: un nuevo impuesto sobre la actividad turística, otro sobre la eliminación de residuos y una tasa-impuesto a las bebidas azucaradas. Ciudadanos, por último, plantea revertir reformas antiguas que gravan la transmisión de inmuebles o bonificaciones en la compra de suelo industrial o agrícola.
Del programa de los socialistas valencianos, que han estado al frente de la Conselleria de Hacienda los últimos cuatro años, destaca precisamente la escasez de propuestas en este ámbito. De hecho, solo le dedican un punto dentro de un apartado con un compromiso genérico por "facilitar la actividad económica" y es precisamente para revertir una de las primeras decisiones impulsadas por el departamento que ha dirigido Vicent Soler en 2017, cuando entre otras medidas redujo las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En concreto, el PSPV de Ximo Puig promete ahora rebajárselo a las empresas familiares con el objetivo de "garantizar" su continuidad. La reducción sería del 99% del valor de la sociedad, pero para obtener este beneficio fiscal los herederos, ya sean pymes o grandes empresas valencianas, tendrán que mantener la actividad un mínimo de cinco años.
En sentido más amplio, los socialistas valencianos quieren reformar el modelo de gestión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que las comunidades autónomas se incorporen en su dirección estratégica, ejecutiva y de gestión.
Frente a esta suerte de conservadurismo fiscal de los socialistas, los populares valencianos han hecho de las promesas fiscales uno de sus pilares de campaña. La formación que lidera Isabel Bonig plantea nada menos que una rebaja generalizada de impuestos a los mediante una "revolución fiscal" a la que dedican amplio espacio en su programa.
De manera genérica, el PPCV se compromete a eliminar "todos los impuestos que penalizan fiscalmente a los valencianos" y sitúan a la Comuniat como una de las regiones "con mayor presión fiscal de España". Específicamente apuestan por bajar los tramos autonómicos del IRPF y por aplicar reducciones específicas a las familias por nacimiento o adopción de hijos. Para apoyar a las familias, también prevén elevar los mínimos familiares en el IRPF, "especialmente" a las numerosas y monoparentales.
"Nunca más un valenciano tendrá que renunciar a su herencia por no poder pagar las cargas fiscales. Eso se acabó" sentencian los populares en su programa, sonde también proponen una Ley de Tasas con exenciones a los valencianos con menos recursos y los colectivos vulnerables. Sin concretar cuáles, también se comprometen a acabar con las "imposiciones discriminatorias" que perjudican a la industria y los servicios.
Al margen de estas, reflejan una serie de medidas de apoyo a diferentes colectivos como los emprendedores con bonificaciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF en los dos primeros años de actividad y ayudas a la consolidación a partir del tercer año o incentivos a la inversión de particulares, pequeños inversores y business angels en proyectos de emprendedores y nuevas empresas.
El PPCV también promete exenciones y rebajas fiscales para el aumento del tamaño de explotación por permutas o fusiones de explotaciones agrarias, así como incentivos para las empresas y entidades que invierten en deporte. Además, instará al Ejecutivo central a bonificar hasta un 25% las inversiones empresariales en instalaciones de autoconsumo y de generación que fomenten el ahorro energético.
Los planteamientos de Compromís se resumen en más autonomía fiscal y nuevas figuras propias. La reforma de la financiación autonómica ocupa la primera página del programa electoral de la formación que dirige Mónica Oltra, donde este partido plantea que el nuevo sistema contemple un tramo para que las administraciones autonómicas puedan desarrollar "competencias no básicas" que deberían poder ser financiadas mayoritariamente con tributos propios que recaudara la propia comunidad autónoma o con "transferencias de nivelación" en caso de insuficiencia fiscal.
"A través de este mecanismo aseguraríamos una mayor corresponsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, un mayor grado de autonomía", destaca la coalición valencianista. Al contrario que Podemos, que sí que apuesta abiertamente por una tasa turística, Compromís se queda a medio camino y propone crear "un fondo de sostenibilidad turística que ayude a mitigar los efectos negativos sociales y medioambientales que puede producir la presión turística en zonas de máxima afluencia, financiado con figuras fiscales suficientes y proporcionales".
La formación no concreta más medidas fiscales al margen de otras propuestas genéricas como el despliegue de la Agencia Tributaria Valenciana para asumir la descentralización de los ingresos y mejorar la gestión de los tributos propios, o la incorporación de incentivos fiscales contra el despoblamiento o la conversión de la agricultura de secano y la ganadería extensiva hacia la producción ecológica.
Los nuevos impuestos a las bebidas azucaradas, al turismo y a la generación de residuos, así como la elevación del tramo autonómico del IRPF a las rentas más altas son las medidas estrella de Unidas Podemos.
La "fiscalidad saludable" consistiría en utilizar las competencias autonómicas para incentivas conductas "más saludables" y desincentivar las más nocivas con decisiones como la tasa-impuesto a las bebidas azucaradas o las reducciones tributarias a establecimientos de comida saludable y comercio de cercanía. La tasa turística autonómica, por su parte, tendría tramos municipales para que los ingresos "reviertan en el territorio compensando el uso de los servicios públicos e invirtiendo en un turismo sostenible que cuide nuestro medio ambiente.
El partido de Rubén Martínez Dalmau ve necesario, además, que la Agencia Tributaria Valenciana realice un estudio completo del sistema tributario "para optimizarlo y hacerlo lo más redistributivo posible".
"De esta forma proponemos eliminar o reducir el pago de tributos que afectan a rentas medias y bajas, aumentando la presión fiscal sobre rentas y patrimonio de quienes más tienen", justifica la formación morada, que promete extender esta "redistribución" a las empresas con medidas para favorecer a las pymes y autónomos "aumentando la presión fiscal sobre grandes empresas y multinacionales".
Unidas Podemos recupera en su programa propuestas de la pasada legislatura como el "impuesto sobre la actividad turística" o la "aplicación" del impuesto sobre la eliminación de residuos, que actualmente está bonificado. Para combatir el fraude fiscal, ve necesario dotar de más recursos a la Agencia Tributaria Valenciana, un planteamiento en el que coincide con el PP de Bonig, que apuesta por reforzar la inspección.
Otros incentivos fiscales propuestos por esta formación irían encaminados a fomentar la inversión en el sector de la edición y la venta de libros, beneficiar a la agricultura y la ganadería familiar o la pesca artesanal de bajo impacto. Para los estudiantes que cumplan con los "objetivos académicos", promete reducir las tasas y eliminarlas en un periodo de tres años.
El programa autonómico de Ciudadanos, junto al PSPV, destaca por la escasa profusión en el terreno fiscal. Así, la formación del candidato Toni Cantó asegura que revertirá la subida del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) que aprobó el Ejecutivo de Alberto Fabra en 2013.
La formación naranja justifica que, al tener uno de los mayores tipos de gravamen del ITP de España, la economía de la Comunitat se ve obstaculizada. "Reduciremos los tipos aplicables con carácter general en las transmisiones de bienes inmuebles adecuando la carga impositiva a la capacidad económica del contribuyente y estableceremos diferentes bonificaciones con el objetivo de reactivar las transacciones comerciales: del 75% en la adquisición de suelo industrial y del 100% en la adquisición de suelo agrícola abandonado en el que se vaya a establecer una explotación", recoge Ciudadanos en su programa.