VALÈNCIA. La sesión de control de este jueves al president de la Generalitat, Ximo Puig, se preveía incómoda para el jefe del Consell. Ya no por las intervenciones de los grupos parlamentarios de la oposición, sino porque este jueves también el papel que acostumbran a jugar sus socios, Compromís y Unides Podem, iban a variar: de las preguntas cómodas habituales, los síndicos de ambos grupos pasarían a presionar a su socio sobre un tema en el que el tripartito guarda serias diferencias de posicionamiento: la ampliación del Puerto de Valencia.
El tono, en cualquier caso, no fue tan duro como se esperaba. Especialmente, por parte de la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, que por un momento dedicó a hacer 'oposición' al PP por guardar silencio en este tema a pesar de que no son los populares los que gobiernan en la Comunitat, sino ellos, Podemos, junto a PSPV y Compromís.
Ahora bien, a pesar de que la dureza tanto del síndic de la coalición valencianista, Fran Ferri, -que también dedicó unos minutos a cuestionar la actitud del PP en este tema- y de Lima no fue tan llamativa como se esperaba por las tensiones vividas las semanas previas, sí que es cierto que el tono conciliador de cada jueves con su socio de Gobierno desapareció e incomodó al president de la Generalitat, que tuvo que lanzar algún que otro anuncio para aplacar las críticas de sus compañeros de Ejecutivo.
Ferri y Lima insistieron en la paralización de la ampliación norte del Puerto de Valencia por varios motivos, pero principalmente porque a juicio de ambos es incoherente con la declaración de emergencia climática que aprobó el Gobierno del Botànic hace tan solo dos años, en 2019.
Por su parte, además, el portavoz de Compromís defendió que esta será una decisión "trascendental" al nivel del proyecto de naturalización del antiguo cauce del Turia, o de salvar la Devesa del Saler, "la Albufera, las playas del sur" para evitar que se pierda un "ecosistema único en el mundo". Por ello, abogó por que se realice un debate "riguroso" sobre el tema: "Queremos que la ciudad tenga puerto, pero no que se coma la ciudad".
Más tarde se preguntó "cuántos puestos de trabajo se destruirán en Sagunt o Castelló" si se acomete esta ampliación: "MSC, para justificar la ampliación de València, ha destruido puestos de trabajo en Castelló", espetó al president del Consell. Una afirmación que, sin embargo, Puig desmintió minutos después.
Lima, en su lugar, le preguntó al número uno del Ejecutivo del Botànic si le parecía "responsable" llevar a cabo la ampliación del Puerto "en plena crisis climática" y tras todo lo aprendido durante la pandemia. En esta línea, insistió en que la ampliación "no obedece" a necesidades técnicas ni legales, ni tampoco iba a generar nuevos puestos de trabajo porque "se basa en aumentar la robotización", además de contar con una declaración ambiental de hace 14 años y con una normativa de 1986.
"No es posible que los intereses de una multinacional puedan poner en jaque la salud del territorio y el Botànic no puede permitir ni una sola concesión al neoliberalismo. ¿En qué beneficia a la sociedad tapar el mar para crear un macroalmacén para MSC?", zanjó la portavoz morada.
Unas críticas que Puig trató de aplacar advirtiéndoles que el Puerto de Valencia es un "motor económico y de ocupación imprescindible". Un alegato que sostuvo con una batería de cifras: "40.000 familias viven de la actividad económica que genera; más de 23.430 empresas están utilizando el puerto a día de hoy para exportar sus productos, tanto pymes como grandes empresas; el 70% de las exportaciones de Ford pasan por el puerto, por lo que una parte de la competitividad de Ford depende de la que tenga el Puerto de Valencia; y con 76 toneladas en 2020, es el primer puerto de España en tráfico de contenedores".
En cualquier caso, el jefe del Consell también admitió que el Puerto no puede crecer a "cualquier precio" sino "de manera ordenada y rigurosa". Así, puso tres condiciones para que esta ampliación se haga: que se cumpla la normativa medioambiental, algo que advirtió que "corresponde" abordar a "los técnicos y no los políticos" y que hace unas semanas avalaron la vigencia de la DIA de 2007; que se ponga en marcha un plan extraordinario de defensa del litoral al que el Puerto de Valencia deberá aportar 15 millones de euros; y que se impulse el ferrocarril para reducir la contaminación y congestión del tráfico.