El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante un mitin en València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El primer gran conflicto en el seno del Botànic II se cierne sobre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y más concretamente sobre su conseller de Hacienda, Vicent Soler. El tripartito conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem tiene por delante un debate interno sobre los Presupuestos de 2020 pero antes, debe afrontar uno no menos relevante acerca de los inminentes recortes -denominados "retenciones de crédito" desde la conselleria- que se perfilan de cara a la recta final del presente ejercicio.
Unas tensiones que comienzan a dejar en cierto modo aislado al jefe del Consell en la defensa de su compañera de partido y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dada la presión que han comenzado a aplicar, no solo desde la oposición -PP y Ciudadanos especialmente-, sino también desde sus propios socios de gobierno o la que llega desde otras regiones controladas por el PSOE como Castilla-La Mancha.
Hasta ahora, la más incisiva en el rechazo a la postura del socialista Soler es la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. La reunión prevista entre los dos dirigentes para este martes se ha calentado en las últimas horas: la líder de Compromís aseguró ayer en una entrevista a la Cadena SER que no existe "excusa" para que el Gobierno de España "libere ya el dinero" -unos 450 millones de euros- que le toca a la Comunitat Valenciana de la actualización de las entregas a cuenta de 2019. "Si estas cantidades llegaran, quizá no haría falta hacer ajustes", sentenció.
En esta línea, la vicepresidenta aseguró que escuchará al conseller Soler pero instó a conocer "la causa de estos ajustes" y si radica en que el Gobierno de España "no está haciendo frente a la financiación de las CCAA".
La dirigente de Compromís no se quedó ahí y reclamó además que el Gobierno valenciano exigiera una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una petición que viene demandando también otras autonomías especialmente las gobernadas por el PP como Madrid o Andalucía.
"No hay ninguna razón para que no se reúna porque el Gobierno esté en funciones: no lo ha hecho en todo 2019 cuando la ley dice que tiene que reunirse dos veces al año", criticó, para mostrarse "convencida" de que si se reúne y alcanza un acuerdo para que el Gobierno haga esas transferencias "nadie lo recurriría" porque todas las autonomías "sean del signo político que sean" están "con el agua al cuello".
Una lista de exigencias que, posteriormente, completaron fuentes oficiales de Compromís subrayando que, en el caso de que se exija "un ajuste presupuestario", será "el mínimo imprescindible, revisable y no afectará a los servicios públicos". En este punto, desde la coalición recalcaron que los recortes deben ser "consensuados" y de las partidas que se decidan desde cada cartera, no de forma "arbitraria" desde la Conselleria de Hacienda. En esta línea, en Compromís también rechazan de plano ajustes que puedan afectar al Capítulo I (Personal) tal y como, aseguran, se aplicó en el anterior Plan Económico Financiero (PEF) de forma "unilateral", lo que según las citadas fuentes afectó en el grado de ejecución al impedir la contratación de empleados públicos.
Una batería de críticas del principal socio de Gobierno del PSPV de Puig a las que apunta a sumarse Unides Podem, que días atrás a través de su síndica, Naiara Davó, se alineaba con Compromís en la exigencia de las entregas a cuenta así como en la reivindicación de la reforma del sistema de financiación. Su representante, el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, tendrá su ocasión dos horas después del reunión Soler-Oltra, dado que también se encontrará con el conseller para abordar el mismo asunto.
Por su parte, en lo que se refiere a Hacienda, fuentes de la conselleria defendieron que en estos momentos la Generalitat tiene "un problema de caja y de periodo medio de pago" que el desbloqueo de los anticipos "no resolvería". En esta línea, desde Hacienda insistieron en que la no aprobación de los PGE de 2019 dejó al Consell "sin unos ingresos que tenía previstos y que había incluido en los Presupuestos". "Esto significa que los ajustes propuestos a las consellerias deben hacerse porque son necesarios", sentenciaron.
Por otro lado, fuentes oficiales de la conselleria también advirtieron de que la negativa de Soler a exigir la convocatoria del CPFF tal y como solicita Oltra y otras CCAA no apunta a modificarse. "Como el Gobierno está en funciones no pueden aprobarse ni los anticipos, ni el techo de déficit, ni la regla de gasto. Entonces, ¿para qué quieren los partidos de la derecha que se convoque el CPFF? ¿Para hablar de la situación que ellos mismos crearon votando en contra de los PGE y que ha vuelto a poner en evidencia la grave situación de infrafinanciación que sufrimos los valencianos?", ironizaron fuentes cercanas al conseller Soler.
Al margen de las discrepancias entre los socios del Botànic, los dardos hacia Puig también le llegan de forma masiva desde la oposición. Así, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, afirmó este sábado que el jefe del Consell "ha bajado los brazos y ha aceptado que la Comunitat no tendrá mejor financiación con el PSOE en el gobierno", unas críticas que prosiguió ayer al subrayar que Puig "prepara recortes" mientras "se gasta 17 millones en asesores y tiene más de 300 colocados" en empresas públicas.
Una línea que siguió Ciudadanos, en este caso, presentando una declaración institucional en Les Corts para rechazar la gestión de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por el "bloqueo" de la transferencia de financiación para la Comunitat Valenciana.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
