VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció este martes un endurecimiento de las restricciones al que venía resistiéndose desde hace semanas: cierre de la hostelería y reducción de horarios del comercio los próximos 14 días. Unas medidas que su principal socio en el Consell, Compromís, con Mónica Oltra a la cabeza, le había solicitado tanto en público como en privado desde diciembre.
Obviamente, no es fácil tener la última palabra en decisiones que conllevan la pérdida de puestos de trabajo y el fin o reducción de los ingresos de numerosas familias que dependen de negocios hosteleros, comerciales o deportivos, pero la salud manda. Es más, las cifras indican que la reacción ha llegado demasiado tarde para la Comunitat Valenciana, que este martes firmaba la peor jornada desde el inicio de la pandemia. Casi 8.000 contagios, 98 fallecidos, 4.000 ingresados, 515 pacientes en UCI, 180 residencias con algún positivo y una incidencia de 983 contagios por cada 100.000 habitantes: todos ellos, los datos más altos desde que comenzó la pesadilla.
Así pues, el anhelado equilibrio entre salvaguardar la economía y mantener la prevención sanitaria, entre que los negocios siguieran funcionando y los contagios se contuvieran, entre 'salvar' la Navidad y 'salvar' a los valencianos, ha terminado con el peor de los escenarios posible: el colapso hospitalario, el cierre hostelero y, lo que es más grave, un horizonte de crisis sanitaria cuya dimensión y duración resulta difícil de calibrar.
El propio Puig, a su manera, admitió este martes su error al ser preguntado por Valencia Plaza respecto a si se arrepentía de no haber hecho caso a sus socios de gobierno cuando le instaron a endurecer las restricciones semanas atrás y, especialmente, en la reunión del 5 de enero. "Siempre he abordado esta cuestión pensando en el interés general y viendo la realidad de la sociedad y las implicaciones que tiene cualquier decisión. Si hiciésemos un repaso desde el principio de la pandemia veríamos exactamente que han existido muchas miradas respecto a las decisiones", señaló Puig, en referencia probablemente a cuando Compromís se opuso a la cancelación de las Fallas al principio de la pandemia.
Si bien, después señaló: "Siempre estoy dispuesto a rectificar cuando es necesario y, sobre todo, a atender la nueva situación. Hace 15 días no estábamos como estamos hoy y hay otras comunidades con restricciones mucho más altas que han tenido un resultado muy equivalente al nuestro".
Tras la mesa interdepartamental de este martes, Puig recordaba en su intervención que era la sexta vez que comparecía desde el mes de octubre para anunciar la adopción de medidas. Y es que, desde hace cuatro meses, la Comunitat Valenciana ha ido implementando nuevas restricciones que, aunque previas a la Navidad, fueron reforzadas por el continuo incremento de contagios. Tras las festividades se ha comprobado que, finalmente, eran insuficientes.
La primera fecha a la que aludía Puig era el 24 de octubre, cuando se imponía el toque de queda a las 12 de la noche y el cierre de la hostelería a la misma hora, además de la prohibición del uso de barras. Una decisión a la que sumaba la restricción a un máximo de seis personas en mesas, tanto para locales como para reuniones sociales y familiares. Fue el 30 de octubre cuando se abordó el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, que se mantiene vigente hasta hoy con la intención de reducir la movilidad.
Con el toque de queda ya en marcha, el 6 de noviembre se tomaban nuevas medidas para evitar cualquier evento o actividad multitudinaria. Entre las principales medidas, la restricción al 50% del aforo en locales comerciales minoristas y el 30% en el interior de espacios de restauración. También se limitaba el aforo de terrazas y espacios culturales a la mitad, además de otras cuestiones referentes al foro de velatorios o ceremonias.
Ya pasado el Black Friday y con varios puentes por el camino que intentaban ser aplacados por el cierre perimetral, la situación siguió complicándose y Puig llegó al 5 de diciembre con unas medidas para abordar las festividades navideñas. Una prórroga del cierre perimetral de la Comunitat Valenciana con excepciones para los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero para facilitar los reencuentros con familiares y la ampliación del toque de queda a la 01:30 en los días festivos para permitir el regreso a los domicilios. También se ampliaba para estos días la posibilidad de reunión a 10 personas.
En este punto, el error de tratar de determinar medidas con tanta antelación de las fiestas fue compartido con el Gobierno de España: una torpeza que acabó por inicial un carrusel de restricciones que ha contribuido al hartazgo de la ciudadanía.
Así, los diferentes puentes fueron haciendo mella en los datos de la Comunitat Valenciana y el 17 de diciembre el Gobierno valenciano se vio obligado a endurecer las medidas para las fiestas, con la limitación de todas las reuniones sociales o familiares a seis personas -con la recomendación de dos núcleos de convivientes como máximo-, el adelanto del toque de queda a las 23 horas para todos los días hasta el 15 de enero con la excepción de Nochebuena y Nochevieja a las 12 y el endurecimiento del cierre perimetral sin excepción en los días festivos.
Los datos empeoraban y la Comunitat Valenciana se situaba en el nivel de alerta 4, tal y como informó este diario el 24 de diciembre, lo que generó dudas en Presidencia, pero no las suficientes para mover ficha. Viendo que la fiesta nocturna de la Nochevieja se había pasado al horario vespertino, desde Sanidad decidieron prohibir las actuaciones de pinchadiscos la víspera del día en cuestión. Una medida meramente secundaria que, a tenor de lo visto, quedó muy lejos de las necesidades del momento.
Llegados a este punto, conviene recordar que, hipotéticamente, las decisiones que adopta el Ejecutivo se basan -así se ha repetido hasta la saciedad- en el criterio de "expertos" de la conselleria y que, además, Puig se reúne frecuentemente con un grupo de "personas expertas" que también le aportan perspectivas adicionales para apuntalar la toma de decisiones. Por tanto, ¿la inacción en la recta final de diciembre y el principio de enero fue una posición de los expertos o se adoptaron desde un punto de vista político? Lo cierto es que todos los expertos que se manifiestan públicamente lo hacen para reclamar más medidas, especialmente el confinamiento, que es competencia del Gobierno central aunque, a diferencia de otros presidentes autonómicos, Puig no la ha reclamado por el momento a Sánchez. Sí lo han hecho públicamente sus socios de gobierno, Compromís y Unides-Podem.
Posteriormente, con la resaca de todas las fiestas, el 5 de enero volvía a comparecer el president de la Generalitat para adelantar el toque de queda a las 10 de la noche, el cierre de la hostelería a las 17 horas y reducir el aforo de las mesas a 4 personas. En esa reunión, Compromís insistió en ir un paso más allá: solicitar al Gobierno de España un confinamiento, cerrar la hostelería, prohibir las reuniones entre no convivientes y otras restricciones que fueron desechadas. Las medidas que entraron en vigor ya el 7 de enero, pasadas todas las festividades, a las que sumó el cierre perimetral de 29 municipios con restricciones más duras que ahora aplican a toda la Comunitat
Ante el imparable ascenso de contagios, ingresos y muertes, y la falta de efecto en esas localidades específicas, ahora se han extendido al conjunto de la autonomía y han derivado en el cierre total de la hostelería, cierre a las 18 horas del comercio y clausura de instalaciones deportivas -entre otras restricciones- a las que la Comunitat Valenciana quiere sumar el adelanto del toque de queda a las 20 horas, una cuestión que solicitará en el consejo interterritorial de este miércoles presidido por el ministro Salvador Illa.