VALÈNCIA. El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el coordinador autonómico de Ciudadanos, Toni Cantó, volvieron a sentarse de nuevo este lunes para intentar acercar posturas de cara a la negociación de los Presupuestos de 2021. Un encuentro en busca de entendimiento que parecía inviable hace unas semanas -cuando la relación entre ambos líderes comenzó a enfriarse por la presión de los socios del Botànic II y algunas de las propuestas de resolución de los naranjas en el Debate de Política General-, y que ahora pone de manifiesto que el PSPV sigue intentando que Cs se sume a apoyar las cuentas autonómicas del próximo ejercicio.
Con este objetivo, el jefe del Consell y Cantó, de hecho, acordaron en la reunión crear un grupo de trabajo bilateral para intentar encajar algunas de las propuestas que el síndic de Cs presentó a Puig en el Presupuesto de la Generalitat del próximo año. "Hemos acordado que un equipo de Ciudadanos y un equipo del señor Puig empezarán a trabajar para intentar concretar medidas que he desgranado en el Presupuesto", subrayó el coordinador autonómico del partido naranja en la Comunitat.
Un grupo de trabajo que por tarde de Ciudadanos integrarán la diputada Ruth Merino y el parlamentario Tony Woodward, portavoces de Economía de su grupo en la comisión de Presupuestos y Hacienda de Les Corts. Desde Presidencia, no obstante, aseguran a este diario que todavía deberán concretar qué personas integrarán este equipo negociador, ya que de momento no se ha acordado quiénes serán los interlocutores del Palau con Ciudadanos. No obstante, aunque existe la intención de que sean miembros del equipo del propio president de la Generalitat, otras fuentes del PSPV apuntan a este diario que en él podrían participar representantes de la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler.
Con todo, aunque se acordó crear un grupo de trabajo, tanto Presidencia como Ciudadanos deberán aún concretar no solo quiénes lo componen, sino también cuándo negociará este equipo: si antes de la presentación de las cuentas o durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos en Les Corts Valencianes. Es decir, en la fase de enmiendas cuando el Gobierno ya ha remitido su proyecto al Parlamento y los cambios que se pueden acometer sobre él son mínimos.
Fuentes próximas al encuentro trasladan a este diario que las negociaciones no tendrían por qué producirse antes del 30 de octubre -último día para que el Consell presente los Presupuestos y los remita a la Cámara-. De hecho, Cantó se mostraba convencido de que así sería y la negociación se produciría en el marco ya de la tramitación parlamentaria: "Entiendo que lo normal es que ellos presenten un presupuesto como gobierno que son, y que nos lo darán a estudiar a la oposición". Sin embargo, otras fuentes advertían que si la negociación de este grupo de trabajo la dirigía la Conselleria de Hacienda, lo "lógico" sería que esta cartera del Gobierno del Botànic II mantuviera encuentros similares a los que tenía con Podem en la legislatura pasada cuando el grupo parlamentario morado no formaba parte del Consell.
El partido que dirigía Antonio Estañ se reunía con la Conselleria de Hacienda las semanas previas a que se presentaran los presupuestos para intentar reflejar algunas de sus exigencias en ellos, dado que los cambios que podía introducir después en la fase de enmiendas eran muy pocos. Sin embargo, la diferencia de lo que ocurría entonces al planteamiento actual sería notable: Podem apoyaba al Consell desde el Parlamento valenciano aunque no formara parte del Ejecutivo, mientras que Ciudadanos forma parte del bloque de la oposición aunque haya ofrecido apoyos puntuales al tripartito en algunas cuestiones a lo largo de este mandato.
Una cuestión que, por lo tanto, será clave para el devenir de las negociaciones. Como también lo será la reacción de los socios del Botànic -Unides Podem y Compromís- a esta propuesta de grupo de trabajo bilateral acordado entre el president de la Generalitat y el líder de Ciudadanos en la Comunitat, Toni Canto. Si bien es cierto que el síndic de la coalición valencianista aseguró que le parecía "bien" que el jefe del Consell se reuniera con los representantes de todos los grupos parlamentarios de la oposición -ya que con los que integran el Gobierno ya se reúnen en el seno del Ejecutivo-, también lo es que Fran Ferri desconocía en el momento en que realizó estas declaraciones que Puig acordaría con Ciudadanos la creación de un grupo de trabajo entre Presidencia y este grupo de la oposición para tratar de buscar el sí del partido naranja a las cuentas de 2021.
Un planteamiento que surge por primera vez -no había ocurrido previamente en ningún presupuesto del Botànic que se invitara a la oposición a participar en el diseño de las cuentas- y que habrá que ver cómo encajan valencianistas y morados, que a priori y por las declaraciones de este lunes no formarían parte de este grupo de trabajo.
En la reunión con Puig, el síndic de Ciudadanos le trasladó cinco propuestas para que sean incluidas en el Presupuesto de la Generalitat de 2021. El primer eje de la propuesta de Cs es que con las cuentas del próximo ejercicio no se suban los impuestos; el segundo, "mejorar la Sanidad y la protección a los mayores" para lo que plantean incrementar 5.000 plazas al año en residencias y contratar a 4.000 médicos y 4.000 enfermeros, lo que supondría una inversión de 200 millones de euros al año.
En tercer lugar, plantean modernizar y reforzar la educación con el "impulso a la FP dual, crear un plan de digitalización y fortalecer el aprendizaje del inglés"; un cuarto compromiso dirigido a apoyar a los sectores más afectados por la crisis en el que proponen ampliar a 200 millones de euros la línea de ayudas a los autónomos, destinar 50 millones de euros a la Agencia Valenciana de la Innovación y ofrecer ayudas al sector del turismo. Asimismo plantean una auditoría externa de la Generalitat "para avanzar en la eficiencia y adelgazamiento de la Administración". Un punto que Cantó aseguró que Puig había aceptado pero que desde Presidencia matizaron: "Es una propuesta que valoramos positivamente en el marco del diálogo".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal