À Punt devolvió 3,7 millones de euros a la Generalitat mientras Marco pedía más presupuesto

VALÈNCIA. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) registró en 2019 unas pérdidas consolidadas de 67,58 millones de euros debido a un incremento de gastos superior a los ingresos que percibió. Una cuantía a la que si se le resta la subvención de casi 56 millones de euros que le aportó la Generalitat por el servicio público que presta, reflejan unas pérdidas totales reales de 11,69 millones de euros entre las dos sociedades que conforman À Punt, como adelantó este jueve este medio.

Unas cuentas que también reflejan que la CVMC devolvió a la Generalitat parte de la subvención recibida, concretamente 3,78 millones de euros en 2018 y otro de 3,71 al año siguiente, tal y como obliga la ley a hacer con el presupuesto no ejecutado. De manera excepcional, la Corporació pudo quedarse el remanente de 2016 gracias a que PSPV y Compromís aprobaron una enmienda a los presupuestos, pero no ha ocurrido lo mismo con los años siguientes. 

La cifra, con todo, resulta llamativa porque durante esos dos años tanto la entonces directora general de À Punt, Empar Marco, como el presidente del ente, Enrique Soriano, solicitaron aumentar los fondos de la cadena durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat. 

Para 2019, la radiotelevisión valenciana solicitó casi 70 millones de euros, 15 más que los que había recibido el año anterior y que no llegó a ejecutar por completo. Una petición que buscaba resolver el problema del tercio de personal: la ley de la CVMC establece que la Corporació no puede destinar más de un tercio de su presupuesto total -55 millones ese año- a pagar nóminas, por lo que el capítulo 1 no podría superar los 18,3 millones. Ese ejercicio, sin embargo, alcanzó los 23, por lo que incumplió la ley. Por ello, los responsables de À Punt pidieron incrementar el presupuesto a 70 millones para cuadrar las cuentas y no tener que reducir el capítulo dedicado a personal; o lo que es lo mismo, no tener que despedir trabajadores. 

La petición, sin embargo, fue rechazada por el president de la Generalitat, Ximo Puig, tanto ese año como al siguiente, cuando Marco y Soriano volvieron a demandar un aumento de presupuesto. El incumplimiento legal se salvó con una moratoria pactada por el tripartito para dejar sin efecto ese artículo de la normativa de la CVMC. Con todo, resulta significativo que desde la Corporació se pidiera un aumento de presupuesto y, no obstante, no llegaran a gastarse los fondos que recibieron. 

Desde la CVMC explican a Valencia Plaza que uno de los capítulos que nunca llegan a ejecutarse por completo es el dedicado al personal porque no están cubiertas todas las plazas creadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Sin embargo, añaden, el Consejo Rector debe diseñar el presupuesto de acuerdo a la RPT creada por si los puestos vacantes fueran cubiertos durante el ejercicio. De este capítulo, por tanto, se devuelve parte del presupuesto cada año a la Generalitat. 

No obstante, en 2019 esa diferencia entre el gasto de personal presupuestado en las dos empresas que forman el ente público, la Corporació y la Societat Anònima, fue de 1,5 millones de euros, por lo que la parte de la subvención no ejecutada afectó también a otras partidas hasta los citados 3,71 millones.

PP pedirá comparecencia de Soriano

Los resultados de la CVMC han despertado las reacciones ya de los principales partidos de la oposición. El Partido Popular que dirige Isabel Bonig pedirá en los próximos días la comparecencia del presidente de la CVMC, Enrique Soriano, para explicar estas pérdidas del año pasado que son motivo de cese de todo el Consejo Rector de la Corporació, según la ley, y que, a juicio de Bonig, "demuestran que el modelo no funciona".  

Por su parte, Ciudadanos insta a que se reforme cuanto antes la ley de À Punt para "evitar dificultades contables" a la radiotelevisión valenciana. "Además, sería necesario estudiar la posibilidad de cambiar los miembros del Consejo Rector en caso de que se modificasen algunas de las incompatibilidades que impiden que personas con más experiencia se pudiesen incorporar", explican desde el grupo parlamentario naranja. "No puede ser que pongan pegas a los limites de personal pero ofrezcan unos resultados con pérdidas enormes", añaden.