Rafael Blasco podría volver a entrar en prisión si le condenan a más de dos años en el nuevo juicio 

VALÈNCIA. El exconseller Rafael Blasco se enfrenta a un nuevo juicio del conocido como caso Cooperación en el que la Fiscalía le pide dos años y ocho meses de cárcel. A la espera de cómo se desarrolle y de lo que la Audiencia de Valencia considere sobre su participación en los hechos presuntamente delictivos, si finalmente fuera condenado a más de dos años de prisión podría volver a entrar en ella. 

Esta posibilidad se debe a que en esta pieza la pena del delito continuado de tráfico de influencias podría ser más alta. En su escrito, Anticorrupción se lo atribuye en concurso con uno continuado de prevaricación y uno continuado de fraude a la Administración. 

En todo caso, lo que ocurra con Blasco cuenta con muchas más variables, como los recursos que se pudieran presentar a la sentencia o el momento en el que ésta sea firme. El exconseller obtuvo el tercer grado penitenciario en enero de 2019 tres años y siete meses después de ingresar en prisión para cumplir una condena de seis años y medio. Uno de los motivos fue su avanzada edad, ya que tiene 76 años, de manera que podría volver a ser un factor de peso en el caso de nueva condena. 

Mientras tanto, la primera sesión del juicio sobre la quinta pieza de la causa arrancó este miércoles con sobresalto. Nada más comenzar la exposición de las cuestiones previas, uno de los acusados, Javier Murcia, se desmayó. Tuvo que ser atendido por un equipo del Samu que posteriormente lo trasladó  al hospital, de manera que el juicio quedó suspendido y se retomará previsiblemente el 29 de marzo. 

Esta parte de la investigación se engloba dentro del desvío de fondos de las ayudas al Tercer Mundo. Es la relativa a las presuntas irregularidades en contratos informáticos entre 2008 y 2011 y en ella figuran como acusados Blasco, el empresario Augusto César Tauroni, la que fuera secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina Sanjuan y el exjefe de servicio de informática Javier Mucia. 

Según consta en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Éstos, de acuerdo con las indagaciones, fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían de intermediarias y que luego subcontrataban con las firmas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato y los contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de escuelas de acogida, entre otros.