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Rodríguez-Piñero exige a Bruselas evitar la entrada de naranja sudafricana con plaguicidas prohibidos en Europa

20/10/2020 - 

BRUSELAS. Cuando la campaña de la naranja valenciana vuelve a cruzarse con las naranjas sudafricanas en los supermercados de toda Europa, incluso los nuestros, el Tratado comercial con Sudáfrica vuelve a quedar en entredicho. La cancelación de aranceles para los cítricos sudafricanos no sólo es un problema de competencia, sino que pone en peligro la seguridad alimentaria del ciudadano europeo al haber detectado, de nuevo, la entrada de estos productos tratados con plaguicidas prohibidos en la Unión Europea (UE). La eurodiputada del PSPV-PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero ha presentado una batería de preguntas ante la Comisión Europea sobre la entrada de cítricos provenientes de Sudáfrica con restos de plaguicidas prohibidos por la legislación medioambiental y sanitaria europea.

La Conselleria de Agricultura ha detectado recientemente residuos de hasta 14 sustancias plaguicidas en cítricos importados de Sudáfrica, dos de las cuales están excluidas de uso en la Unión Europea por el Anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Las autoridades sanitarias valencianas han confirmado que en las naranjas, limones, mandarinas y pomelos procedentes de Sudáfrica hay presencia de Carbendazima y Propiconazol, dos sustancias activas de uso prohibido en la producción citrícola europea, según la última lista publicada por el Ministerio de Agricultura el pasado 19 de octubre y derivada de la Directiva. 

“El uso de estos plaguicidas supone una competencia desleal para los agricultores europeos que sí que cumplen con la normativa sanitaria y medioambiental”, ha denunciado Rodríguez-Piñero. La eurodiputada socialista ha reclamado la necesidad de que la Comisión Europea lleve a cabo una nueva inspección en origen para evitar que los cítricos importados desde Sudáfrica sean cultivados con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. La última inspección en origen se hizo antes de la entrada en vigor del acuerdo. La eurodiputada valenciana ha vuelto a pedir que en las inspecciones de la Comisión Europea acudan técnicos de la Generalitat Valenciana o, en su defecto, del Ministerio de Agricultura. 

Compensar por la “competencia desleal”

Rodríguez-Piñero ha preguntado a la Comisión Europea si tiene previsto “compensar a los agricultores europeos” por la “competencia desleal” que supone que terceros países como Sudáfrica utilicen para el cultivo fitosanitarios prohibido por la legislación de la UE. 

“Los agricultores de la UE han tenido que realizar importantes inversiones para hacer sus explotaciones más sostenibles y cumplir con todos los criterios que marca la legislación europea, así como recurrir a tratamientos biológicos con mayor coste, por lo que es injusto que terceros accedan al mercado común sin cumplir con estos mínimos”, ha argumentado la eurodiputada.

Ante la disparidad de controles que se realizan en los puertos europeos en materia de inspecciones, una denuncia repetida por el sector citrícola valenciano, Rodríguez-Piñero ha reclamado conocer a través de qué puertos se ha producido la entrada de estas partidas y si se han detectado más alertas fitosanitarias. En este sentido, hay que añadir el problema de los contenedores con cítricos infectados por plagas, que pueden contaminar nuestros campos. 

El lobby holandés

Todo ello deja en evidencia los controles fitosanitarios, tanto en origen como en destino, a través de los distintos puertos, especialmente el de Rotterdam, que ha convertido los Países Bajos en el mayor país europeo importador de cítricos y sin los rigurosos controles sanitarios que se exigen en nuestro país. Es por ello que Rodríguez-Piñero pregunta a la Comisión si “se han detectado en la UE más partidas de Sudáfrica con presencia de sustancias prohibidas”. 

Con ello, se debería abrir una investigación en destino para averiguar qué puertos son los más permisivos ante los cítricos extranjeros, en una clara muestra de deslealtad respecto al resto de Estados miembros productores de cítricos, que podría ser sancionada por la UE, especialmente cuando ataca a la seguridad alimentaria del mercado europeo, de sus ciudadanos y de las nuevas prioridades de una agricultura ecológica y sostenible.

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