Se aviva la 'guerra' entre Ángel Ron y Emilio Saracho por la ampliación de Banco Popular de 2016

MADRID (EFE). Las recientes declaraciones como investigados de los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, han convertido la Audiencia Nacional en el nuevo escenario de una guerra dialéctica en la que no han faltado los reproches de ambos hacia sus respectivas gestiones.

Aunque en un tono más moderado del que hicieron gala meses atrás en la comisión parlamentaria sobre la crisis financiera, los dos banqueros no han escatimado en detalles a la hora de ofrecer su versión, un relato en el que la ampliación de capital de 2016 y el proceso de sucesión al frente de la entidad han protagonizado buena parte de las cerca de 17 horas que tanto Saracho como Ron han intervenido ante el juez.

Hechos a los que ha aludido esta misma semana Ron, que ha denunciado la falta de transparencia que imperó en su cese, "desastroso" y orquestado, según él, por la entonces presidenta de la Comisión de Nombramientos Reyes Calderón, y el que llegó a ser máximo accionista individual de la entidad, el empresario mexicano Antonio del Valle.

JP Morgan

Tal como han explicado a Efe fuentes jurídicas, quien tuviera las riendas del Popular entre 2004 y 2017 hizo hincapié en cómo Calderón, sin mandato y a espaldas del Consejo de Administración, tomó la iniciativa del relevo en medio de un contexto en el que Del Valle llegó a "amenazar" al expresidente a fin de ganar presencia en el banco con dos nuevos consejeros.

Reveló además una llamada telefónica del mexicano "a finales de octubre o noviembre" de 2016, justo cuando se estaba gestando el cambio, en la que éste le comunicaba que tenía un banquero de inversión para presidir el Popular. Un mensaje que Ron relacionó con JP Morgan, firma en la que en esos momentos trabajaba Saracho y que había financiado la compra de acciones de la ampliación a Del Valle, que desde septiembre de ese año ya no era consejero.


Para acreditar este "desorden", el banquero aportó al juez José Luis Calama un correo de la Sindicatura de Accionistas del Popular dirigido a Calderón en el que su representante anunciaba una enmienda al cambio, entre otros motivos, por la premura de un proceso "incompatible incluso con los estándares menos exigentes de gobierno corporativo".
Puesto al margen, Ron también tuvo que hacer frente al incisivo interrogatorio del magistrado, interesado en esclarecer uno de los aspectos técnicos que las acusaciones entienden como indicio de la presunta falsedad contable que achacan en sus querellas: las sobretasaciones, de las que avisaban los dos peritos cedidos por el Banco de España en su informe pericial de la pasada primavera. Al respecto sostuvo que las tasaciones estaban bien hechas por expertos reconocidos internacionalmente, y rechazó que conociera ningún problema en ellas pues en sus reuniones con la auditoría interna le comunicaban otra cosa.

Situación del banco

Del lado contrario, y dando por válida aquella ley matemática de el "orden de los factores no altera el producto", quisieron las citaciones que Saracho, presidente del Popular entre el 1 de febrero y el 7 de junio de 2017, fuera el primero en pronunciarse sobre cuál era la situación del banco, en concreto, en los 108 días que duró su mandato y que concluyeron con la resolución y venta al Santander. Una realidad que estaba marcada por "una suma de problemas que venían de hace muchísimos años" y que se había tratado de negar públicamente, entre otros motivos porque el banco "interpretaba" la normativa de una manera que preservaba las deficiencias.

Saracho se mostró así más comedido que en el Congreso de los Diputados, cuando exclamó que la "entidad engañaba, era un desastre, una caca, y con un valor muy cercano a cero", aunque mantuvo la misma contundencia al referirse a un Popular en "extremo peligro" y al que llegó para que "alguien le dijera qué diablos le pasaba, cuánto le faltaba para cerrar la crisis que tenía y acabar con la opacidad hacia el mercado".


Si bien su comparecencia se producía en el marco de la segunda pieza separada del caso sobre la presunta manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el precio de la acción, delito que descartó aludiendo a un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción el expresidente dedicó unas palabras a la ampliación de 2016.

En su opinión, la operación se quedó corta con los 2.500 millones de euros captados, que hubieran debido elevarse a 8.000 millones, por lo que fue un fracaso; además, señaló al que fuera consejero delegado Francisco Gómez por dar presuntamente instrucciones verbales para colocarla entre clientes -lo que en la práctica significaba financiarla con dinero de la propia entidad-.

Auditoría interna

Afirmaciones a las que respondió Ron, que aunque avaló la cuantía de la ampliación en tanto que se hizo con cálculos de auditoría interna y de otros departamentos de la casa, aclaró que su éxito dependía del frustrado Proyecto Sunrise o "banco malo" que el equipo entrante no tuvo intención de ejecutar.

Apenas semanas antes, otros dos de sus antiguos hombres fuertes, su exvicepresidente Roberto Higuera y el mismo Gómez, habían cerrado filas en torno a él, llegando a acusar de "calumnias" al último presidente del Popular. Conocidos ambos testimonios, la batalla está previsto que continúe, de momento, hasta el próximo febrero con los respectivos consejos de administración, igualmente investigados, entre ellos Calderón y Del Valle a los que Ron ha traído en los últimos días a la palestra.