Seis charcos que le esperan al Consell con la vuelta al cole

VALÈNCIA. El pasado 6 de agosto el Consell del Botànic II colgó el cartel de cerrado por vacaciones y sigue en periodo de descanso, al menos, hasta la segunda semana de septiembre. Es decir, que hasta el día 10 de este mes no se espera que se celebre ningún pleno ordinario. 

Un paréntesis de cinco semanas tras el que al Ejecutivo conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem le esperan una serie de charcos por resolver y de asignaturas pendientes sobre las que no lograron hallar un punto de encuentro antes de bajar la persiana y que este otoño se sumarán a los ya tradicionales conflictos que se producen año tras año a cuenta de los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento. 

1. Salida de Dalmau. Un problema inesperado a las puertas del inicio de curso político sin que haya finalizado agosto y todavía en plena gestión de la pandemia. 

2. Decreto de directivos de fondos europeos. Sin duda, uno de los dilemas que le espera al tripartito encima de la mesa a la vuelta del periodo vacacional es el desarrollo del famoso decreto que busca agilizar la ejecución del dinero procedente del plan europeo de recuperación. La norma, a priori, permitirá a las diferentes consellerias del Ejecutivo contratar directivos de programas que se encarguen de gestionar los citados fondos. 

Pero aunque existe acuerdo sobre la remuneración que percibiría este personal ajeno a la Administración y los requisitos que deben reunir los aspirantes a ocupar estos puestos, no ocurre lo mismo con la distribución de estos directivos entre los diferentes departamentos del Botànic. Es decir, cuántos podrá tener cada cartera. La idea central que se barajaba en un principio era que cada área del Consell pudiera fichar, como mínimo, a un directivo y, a partir de ahí, la suma de otro activo más por conselleria estuviera condicionado al montante de dinero que recibiera. 

Con ese escenario, por tanto, PSPV, Compromís y Unides Podem tan solo debía definirse el 'techo' de millones que permitirían a las consellerias fichar directivos adicionales. El acuerdo inicial, sin embargo, no logró cuajar porque surgieron dudas de si carteras que apenas gestionarán fondos europeos, como pueda ser el caso de Transparencia, tendrían que contar con estas figuras en su plantilla que supondrán un gasto de más de 60.000 euros brutos anuales frente a otras como Agricultura o Economía que sí se espera que reciban una importante cantidad de fondos. 

El debate está encallado y nadie quiere ceder, especialmente los que se quedarían sin ese personal, y el calendario corre en su contra dado que la Comunitat Valenciana ya ha recibido el 10% de los fondos ya adjudicados, según la Generalitat. 

3. Decreto de lobbies. Ha pasado por el consellet más de una docena de veces y ninguna ha logrado entrar en el orden del día del pleno del Consell por las dudas que tiene Presidencia de la Generalitat con su contenido. El decreto busca desarrollar la ley de lobbies, que regula las relaciones entre la administración y las empresas públicas con los denominados grupos de interés, pero en él desde el Palau buscan introducir una serie de cambios de calado que en Transparencia -conselleria impulsora de la norma- ven con cierto recelo. 

Uno de ellos, fijar las mismas exigencias para los funcionarios que para los cargos públicos, de manera que ambos estén obligados a informar sobre las reuniones que mantengan con los grupos de presión y por tanto tengan las mismas responsabilidades. Una equiparación que Transparencia entiende que no se puede acometer porque una modificación de este calado requeriría una reforma de la recién aprobada Ley de Función Pública. Más aún después de que el redactado actual, que no incluye este cambio, ya había obtenido el visto bueno de Abogacía y del Consell Jurídic Consultiu. 

Aún así no es el único cambio que pretende Presidencia: también quiere suprimir la garantía del "anonimato de las personas que formulan las alertas y, en todo caso, su confidencialidad" que remiten posibles casos de incumplimientos de la ley a través del canal telemático que se constituyera. La Conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo, por contra, se niega a retirarla del articulado porque ya existe normativa europea que avala el anonimato del denunciante: la Directiva 2019/1937 de protección del denunciante. 

Con todo, la norma se queda semana tras semana en el cajón, lo que impide que esta se aplique y por lo que Transparencia recela de que realmente el fin último de estas dudas del Palau busquen realmente bloquear su entrada en vigor. 

4. Financiación autonómica. Se trata de uno de los asuntos clave de la legislatura que permanecerá en la agenda política tras el verano con toda seguridad. Noviembre es el mes marcado en rojo en el calendario por diferentes motivos. De un lado, es cuando está previsto que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero presente la definición del criterio de "población ajustada", que será el que se utilice para repartir los recursos entre las regiones y constituye el factor clave para la reforma del sistema. Éste tendrá en cuenta elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad o la dispersión geográfica a la hora de calcular el coste de la prestación de los servicios públicos.

El hecho resulta clave puesto que en apenas unas semanas Montero viró de dar prácticamente por imposible el acuerdo para cambiar el actual modelo a, al menos, intentarlo como se pide desde la Comunitat Valenciana. Sin embargo, habrá que esperar para comprobar si, al margen de ese criterio, presenta una propuesta completa de reforma antes de final de año y se cumple realmente el prometido avance. 

De otro lado, noviembre también servirá para comprobar la estrategia que llevarán los partidos del Botànic respecto a este tema más allá del discurso público de cada uno de ellos. Cargos de Compromís como su portavoz en Les Corts, Fran Ferri, han dado por hecho durante las últimas semanas que saldrán a la calle en la misma fecha en la que se celebró la manifestación de la Plataforma per un Finançament Just hace cuatro años (cuando gobernaba el PP). Otros como la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, han evitado un pronunciamiento claro al respecto. Mientras, desde el PSPV no ven clara la movilización y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha llegado a señalar que sería un movimiento "épico, pero poco útil". Las evidentes discrepancias entre los socios del Consell todavía no despejan el interrogante de lo que sucederá.

5. Negociación de Presupuestos. La ley en mayúsculas del año para cualquier Gobierno siempre revuelve las aguas en la Comunitat Valenciana, y seguramente en esta ocasión no será excepcional. Aunque el anteproyecto se presenta a finales de octubre antes de que comience su tramitación en Les Corts, la elaboración de las cuentas por parte de las Consellerias será uno de los puntos calientes de la vuelta al cole. Las negociaciones hasta el último momento entre departamentos y las posteriores enmiendas para 'apañar' los rotos en el Parlamento autonómico durarán todo el otoño hasta su aprobación en diciembre, al igual que sucede con la ley de Acompañamiento. 

El Presupuesto para 2022 adaptará esta vez su estructura para recoger los fondos europeos de recuperación tras la pandemia, de modo que en cada Conselleria se crea un servicio específico que recogerá los gastos destinados a las actuaciones financiadas con estos fondos junto a la identificación concreta de las partidas de ingresos correspondientes. Otra de las novedades es la puesta en marcha del proyecto piloto de elaboración participativa de las cuentas para incorporar propuestas ciudadanas.

La negociación de las cuentas correspondientes a 2021 tuvieron como actor invitado a Toni Cantó, en ese momento líder de Ciudadanos en el territorio. Su acercamiento al PSPV dentro de la estrategia nacional de centrar el discurso y la voluntad de los socialistas de que apoyaran los Presupuestos ocasionó mosqueo entre los socios de Compromís y Podem. Finalmente, y tras las conversaciones hasta el último minuto, el Botànic dio luz verde con la abstención del partido naranja pese a los intentos de que una formación de la oposición diera por primera vez el 'sí'. La imagen es improbable que se repita este año. 

6. Torrevieja y resonancias. El proyecto de creación de la Empresa Pública de Salud (EPS) fue el gran fiasco del final de curso del Consell. La Conselleria de Sanidad que dirige Ana Barceló lo preparó para gestionar de forma directa al personal tras la reversión de concesiones como la de Torrevieja y servicios como las resonancias. Finalmente, lo acabó retirado tras la pinza conformada por Compromís y Unides Podem en contra de la propuesta pese a que contaba con el apoyo de Presidencia. El PSPV se quedó solo y la Conselleria se tuvo que 'tragar' su idea, acompañado del ridículo mediático que supuso. 

La propia Barceló viajó a finales de junio a Torrevieja para reunirse con el comité de empresa del hospital de la ciudad (de gestión público-privada y en proceso de reversión) para anunciarles que sería la propia Generalitat la que asumiría al personal, método ya utilizado en el caso de Alzira. El mes señalado para ello es octubre. 

A este proceso se suma el de las resonancias magnéticas. El Gobierno valenciano declaró en el último pleno antes de las vacaciones como urgente la tramitación del proyecto de decreto para revertir el servicio tras casi tres años con el contrato expirado. Así, aprobó encargar por la vía rápida el proyecto para dar celeridad a la incorporación de un centenar de trabajadores de la UTE Erescanner Salud -actual prestadora del servicio- a los departamentos sanitarios. Algo que habrá de retomar a la vuelta del verano.