Sigue la pugna: el Comité de Seguridad y Salud de Economía pide al Consell seguir con el teletrabajo 

VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo ordenó este viernes que todos los funcionarios de la Generalitat Valenciana debían volver al trabajo presencial el 21 de junio. Una orden que este lunes menos de la mitad de los departamentos del Consell siguieron a rajatabla como varios ya habían trasladado de manera interna a lo largo del fin de semana: tan solo cuatro consellerias, siempre según fuentes de las propias carteras, hizo que sus empleados públicos se reincorporaran al 100% y abandonaran la modalidad del teletrabajo. La gran mayoría lo hicieron en una horquilla de entre el 75% y el 90%, salvo un par de excepciones, Agricultura y Economía, que bajaron de estos porcentajes. 

El dictado de la orden de Bravo, publicado como un acuerdo del Consell el fin de semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), generó el pasado viernes tensiones con los sindicatos y en el seno del Ejecutivo valenciano. Y, a día de hoy, la duda sobre si todos los funcionarios deben volver al trabajo presencial o si la vuelta debería realizarse de forma progresiva continúa siendo tema de debate en el Botànic II, donde las consellerias más reticentes a aplicar este acuerdo de manera inmediata, insisten en la premura de su entrada en vigor y recuerdan que la "prioridad" es cumplir los objetivos "sanitarios, de salud y seguridad en el trabajo" para evitar contagios en la Administración valenciana. 

Así, con la llegada a la "nueva normalidad" en la Comunitat, el Comité de Seguridad y Salud de la Conselleria de Economía se reunió este lunes para estudiar la continuidad del plan de contingencia del 15 de junio aprobado por el departamento que dirige Rafa Climent para la Torre 2 de la Ciudad Administrativa del 9 d'Octubre (Ca90) y evaluar las "instrucciones de caracter organizativo y establecimiento de nuevos protocolos de seguridad y salud". 

Una reunión en la que el citado comité acordó solicitar al Consell que se incluya en la normativa que debe regir a la Generalitat Valenciana las medidas de prevención que contemplan los planes de contingencia entre las que se encuentra la "reincorporación progresiva de manera presencial a los lugares de trabajo" y la potenciación de la modalidad de trabajo no presencial cuando por "la naturaleza de la actividad laboral sea posible". 

Asimismo, el citado órgano también solicita que se siga fomentando el teletrabajo en la Administración valenciana de acuerdo al decreto del president de la Generalitat, Ximo Puig, publicado el 13 de junio que era aplicable en la Fase 3. Este decreto, establecía en su artículo 4 que siempre que fuera posible se fomentaría "la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores y trabajadoras" que pudieran realizar "su actividad laboral a distancia". 

Planes de contingencia

La reacción de este lunes de algunas consellerias, generó malestar en la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, quien aseguró en un comunicado que todas las carteras del Consell del Botànic II conocían que sus funcionarios debían volver al 100% al trabajo presencial desde el pasado 8 de mayo porque su departamento aprobó una resolución remitida a todas las consellerias que así lo establecía. 

Asimismo, acusó, aunque sin mencionarlos, a los responsables de personal de las consellerias de Economía y Agricultura -los subsecretarios Natxo Costa y Alfonso Puncel, respectivamente- de no haber hecho los deberes: "Alguien no ha ejercido cuando correspondía las responsabilidades que tenía, porque si no se han preparado los espacios o no se han colocado mamparas, los funcionarios no pueden incorporarse al trabajo porque por encima de todo está su salud". 

Unas manifestaciones como reacción a que estas dos consellerias remitieron este fin de semana internamente un comunicado a sus empleados públicos para informarles de que la reincorporación se realizaría de manera progresiva y no toda al completo el lunes 21 de junio. La acusación molestó también especialmente en estos departamentos, cuyos planes de contingencia han ido readaptándose con los sucesivos cambios de fase y se encuentran publicados en sus respectivas páginas web oficiales.  

Con estos mimbres, conviene subrayar además que la resolución de Justicia del 8 de mayo a la que hizo referencia Bravo establecía que la asistencia debía hallarse entre un 85% y un 100%, pero en ningún caso que sólo hubiera de cumplirse lo segundo. O, incluso, podrían reducirse estos porcentajes en caso de necesidad de adaptación al Plan de Contingencia de cada conselleria.

Pero en cualquier caso, esa resolución que preveía una horquilla de entre el 85% y el 100% quedó sin efecto el pasado viernes, ya que el acuerdo del Consell -publicado en el DOGV este fin de semana- recoge en su preámbulo que la transición a la situación de nueva normalidad "conlleva la pérdida de eficacia de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se estableció el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración de la Generalitat".

Intersindical convoca una protesta

La orden para que los funcionarios vuelvan al trabajo presencial al 100% ha generado críticas de CSIF e Intersindical. Los primeros, mantienen su denuncia de que esta resolución no ha sido consensuada con las organizaciones sindicales y tachan la decisión de "irresponsable" a la vez que insisten en que se mantenga la modalidad de trabajo a distancia. 

Los segundos, que la semana pasada también realizaron declaraciones en este sentido, convocaron para este viernes una concentración a las 10:00 horas en la puerta de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo en la Ciudad Administrativa del 9 d'Octubre.