Manifestación 1 de Mayo de 2108. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV saldrán este miércoles a la calle para conmemorar un año más el 1 de Mayo, Día del Trabajador, y exigir al nuevo gobierno la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, así como una mejora de las pensiones y subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en 2020.
Estas son algunas de las reivindicaciones que ambas organizaciones sindicales plasman en un documento conjunto en el que llaman a la movilización para "convertir este día en una jornada de reivindicación social y defensa de los derechos de los trabajadores para luchar contra la precariedad y las desigualdades instaladas en la sociedad".
Bajo el lema, 'Más derechos, más igualdad y más cohesión. Las personas primero', las marchas se celebrarán en varios puntos de la Comunitat Valenciana. En Castellón, el punto de partida será en la calle San Luis, en València en la Plaza de San Agustín, en Alicante arrancará en las escalinatas del Instituto Jorge Juan, mientras que en Elche será en la plaza Barcelona y en Alcoi en el paseo Albereda. Todas ellas comenzarán a las 11.30 horas, excepto en Elche que partirá media hora antes.
Asimismo, en su manifiesto los sindicatos urgen a "volver al diálogo social, a la negociación colectiva sectorial y a la recuperación de la ultra actividad" y exigen la adecuada regulación de la subcontratación, "actualmente utilizada como medio de ahorro de costes y empeoramiento de las condiciones de trabajo", lamentan para incidir en un control "eficaz" de la jornada de trabajo. Todo ello con la vista puesta en evitar la precarización y temporalidad de un mercado laboral en el que, según cifran, solo el 47% de los trabajadores tiene un contrato indefinido y a tiempo completo.
"Consideramos prioritario que se aplique con toda la firmeza la normativa vigente, y que se persiga el fraude generalizado a través de una normativa sancionadora eficaz que deje de beneficiar a las empresas. Además, hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012", subrayan.
Por otro lado y con el objetivo de conseguir una sociedad "justa y cohesionada" para reforzar el estado del bienestar, reclaman derogar la reforma de pensiones de 2013 y un plan de choque por "el empleo de calidad", que contemple medidas específicas para los colectivos con mayores dificultades como son las personas con capacidades distintas, paradas de larga duración o los jóvenes.
También, instan a una reforma del Estatuto del Trabajador Autónomo para mejorar sus derechos del colectivo, especialmente los de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), incluyendo la negociación colectiva, así como un Plan contra la explotación laboral y la trata de los seres humanos. De igual modo, reclaman el establecimiento de 1.000 euros al mes como salario mínimo interprofesional para 2020 y una prestación de ingresos mínimos que "permita salir de la miseria a las decenas de miles de familias sin recursos".
Las organizaciones sindicales también hacen hincapié en aumentar el gasto en sanidad y educación y realizar una reforma fiscal integral que "suponga un aumento de los ingresos públicos y la tributación de los que tienen mayor capacidad de pago, impulsando la lucha internacional contra los paraísos fiscales y la evasión de las grandes multinacionales".
En clave autonómica, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, explica a este diario que, además, de la reforma del sistema de financiación autonómico para que la Comunitat cuente con más recursos, sus reclamaciones para el futuro Consell pasan por un cambio de modelo productivo que esté basado en el conocimiento y la innovación. Para ello, destaca el papel que debe jugar la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) como "motor" para generar "valor añadido" y conectar a las universidades y los centros de investigación con las empresas.
Asimismo, pide al ejecutivo autonómico que en las contrataciones públicas se ofrezca empleo de calidad y se cumplan los derechos de los trabajadores. En este sentido, recuerda que se está incumpliendo la Ley para el fomento de la Responsabilidad Social que obliga a la administración a exigir a las licitadoras de contratos la subrogación de los trabajadores en las nuevas empresas.
Desde CCOO-PV, apuntan que su principal preocupación es "la desigualdad social y la precariedad laboral que se ha instalado en el mercado de trabajo, auspiciada sobre todo por la reforma de 2012". Por tanto, derogar las reformas impulsadas por el Gobierno del PP, además de la laboral, la de pensiones o la ley mordaza, van a ser las primeras medidas que exijan.
Por todo ello, el secretario general de este sindicato en la Comunitat, Arturo León, reclama "garantizar el Estado de bienestar y la reversión de los servicios privatizados, mediante una financiación e inversiones más justas en nuestro territorio". Recuerda que así se lo trasladó a los diferentes partidos políticos valencianos en los días previos a las elecciones autonómicas, mediante un documento de 48 propuestas que incluían medidas como la creación de un observatorio de trabajo "decente" para combatir la precariedad laboral y la economía sumergida.
Además, asegura que el sindicato estará "vigilante" al desarrollo reglamentario de importantes leyes que se han aprobado durante esta legislatura, como la de Responsabilidad social empresarial, la de servicios sociales o la renta de inclusión.
