MADRID (VP/EFE). El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a la Comunitat Valenciana a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 944 millones de euros.
La referencia del Consejo recuerda que estas operaciones tienen como finalidad refinanciar operaciones de crédito a corto plazo de carácter estructural, según el procedimiento acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en su reunión de 26 de julio de 2018.
El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Ximo Puig a aprobar esa medida, entre otras como la condonación de la deuda de la Marina de València, a cambio de que la Comunitat cambiara su abstención por un voto a favor de la senda de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La promesa de condonación de la deuda de la Marina no se ha cumplido.
Las autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de la Disposición Transitoria Tercera y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
La CDGAE aprobó el pasado 26 de julio un acuerdo para mejorar la situación financiera de las comunidades autónomas y la medida permite la refinanciación de operaciones de crédito a corto plazo de carácter estructural mediante endeudamiento a largo plazo.
De este acuerdo pueden beneficiarse todas las autonomías que tengan este tipo de deuda a corto plazo y supone una medida de saneamiento de su deuda.
El Gobierno considera conveniente establecer el procedimiento para refinanciar a largo plazo operaciones de crédito a corto plazo con naturaleza estructural, de forma que el vencimiento de las nuevas operaciones se adapte a la naturaleza y al plazo de las necesidades que financian.
La operación de refinanciación autorizada necesita un acuerdo de Consejo de Ministros, debido a que la Comunitat Valenciana incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2017, según los informes elevados al Gobierno en virtud del artículo 17.3 de la LOEPSF.
La operación autorizada no supondrá un aumento del endeudamiento financiero de la Comunitat Valenciana al final del ejercicio y la autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
