Soler reclama a Montero que garantice los 1.300 millones ficticios mientras se reforma la financiación

VALÈNCIA. La visita de la ministra de Hacienda en funciones a València ha dejado más que satisfechos a Ximo Puig y Vicent Soler. Tras desbloquear los 460 millones de las entregas a cuenta y autorizar la llegada del FLA extraordinario, María Jesús Montero se comprometió públicamente este miércoles a abordar las grandes prioridades de la Comunitat. A saber, la reforma definitiva del sistema de financiación, la solución de la deuda histórica e, incluso, estudiar el posible envío de recursos adicionales a la Comunitat para paliar su infrafinanciación mientras se aprueba el nuevo modelo.

La titular de Hacienda se llevó bajo el brazo un documento del conseller valenciano de Hacienda con una serie de propuestas para que la Comunitat reciba de forma transitoria más fondos del Estado mientras se aprueba el nuevo modelo de financiación. Ni el conseller ni la ministra explicaron las propuestas, pero Montero se comprometió a estudiarlas.

Según explican a Valencia Plaza fuentes conocedoras de la propuesta, se trata de medidas que permitirían la llegada a la Comunitat de 1.300 millones adicionales cada año que le permitirían tener de facto una financiación por habitante igual a la de la media de comunidades de régimen común. Se trataría, en esencia, de regularizar la partida de ingresos ficticios al no estar garantizados por el Estado que el Consell del Botànic incluye de manera recurrente a modo de partida reivindicativa por estar insuficientemente financiada con el actual modelo.

La propuesta permitiría, de ser aceptada por el Gobierno, el abono de esos 1.300 millones con medidas que sí encajarían en el actual modelo y que se podrían aplicar al conjunto de comunidades autónomas financiadas por debajo de la media, de manera que no sería una concesión graciosa a la Comunitat.

Sería pues una suerte de "senda convergencia" transitoria para las regiones peor financiadas que el Gobierno valenciano aspira a blindar con un compromiso plurianual hasta la aprobación del nuevo sistema de financiación para evitar que un cambio de Gobierno pudiera cortar la llegada de esos recursos adicionales.

Montero ya tiene una propuesta desde hace un año

Esta no es la primera vez que la Comunitat pide al Gobierno la adopción de medidas transitorias para aliviar su situación. De hecho, tras constituirse por iniciativa de Montero un Grupo de Decisión sobre la reforma del sistema que no se ha reunido ni una sola vez, los expertos valencianos que hicieron la propuesta sobre el nuevo modelo remitieron a ese grupo y a la propia ministra un documento con medidas paliativas transitorias que se podrían incluir en los Presupuestos Generales del Estado.

Esas medidas, que finalmente no fueron incluidas en los frustrados PGE del Gobierno de Pedro Sánchez, iban encaminadas a corregir defectos a la aplicación del actual sistema de financiación, aprobado en 2009 y caducado desde 2014. Básicamente se trataría de la sobreestimación en las entregas a cuenta de 2009, una desviación que condicionó el cálculo de los ejercicios siguientes en perjuicio de las comunidades, y en aumentar la participación de las CCAA en la recaudación por IVA. Ambas podrían conseguir por la vía del real decreto o mediante los PGE.

Se da la circunstancia de que el actual director general de Financiación Autonómica, Juan Pérez, ya elaboró durante su etapa en el Ivie un trabajo para sacar a la luz las "deficiencias operativas" del modelo de financiación de 2009 cuya principal conclusión es que entre 2009 y 2015 la Comunitat debería haber recibido 9.766 millones de euros más de los que ha ingresado. En el mismo, se proponían medidas correctoras como la ya mencionada del cálculo de las entregas a cuenta de 2009. 

La ministra demostró tener la lección bien aprendida sobre los problemas más acuciantes para la Generalitat y, a tres semanas de las elecciones, se comprometió a satisfacer todas las aspiraciones valencianas en la reforma del modelo de financiación, desde la cesión por parte del Estado de más recursos para las Comunidades Autónomas hasta la sostenibilidad de la deuda. Incluso a limitar la autonomía fiscal de las comunidades para evitar el dumping que algunas aplican en figuras como el IRPF y que tantas veces ha denunciado el presidente Ximo Puig.

El único pero de su paso por el Palau de la Generalitat fue el nulo margen que le ha dejado al conseller Soler para prorrogar el presupuesto, una tentación que enterró al desmontar uno por uno todos los argumentos que el titular de Hacienda ha venido manejando para no afrontar la elaboración del Presupuesto de 2020. Para acotar más su margen de maniobra incluso le dijo a Soler que ponía a su equipo del Ministerio a su disposición para cuadrar los números.

Sobre los ejes que guiarán la reforma del sistema, Montero garantizó que ninguna comunidad va a perder recursos en la reforma del modelo de financiación autonómica. Para ello, dijo que el Estado podría renunciar a una parte de lo que ahora le corresponde, lo que supondría reequilibrar el reparto a favor del conjunto de comunidades. Pero sobre todo se buscará incrementar la recaudación con nuevos impuestos. "La tarta tiene que ser más grande", aseveró.

La ministra de Hacienda en funciones también garantizó que la reforma de la financiación será una de las prioridades si vuelve a gobernar Pedro Sánchez y, aunque rehusó dar fechas concretas, sí dijo que el Gobierno no va a llevar su propuesta para que se vote en el Congreso "hasta que no haya una garantía de mayoría".

Montero también avanzó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reunirá tras las elecciones del 10 de noviembre aunque no haya un gobierno plenamente constituido porque están pendientes de aprobación de los Planes de Estabilidad Financiera (PEF) de algunas comunidades, entre ellas la valenciana.