no comparte "enteramente" los argumentos de la sentencia
Fiscalía no recurrirá la absolución de los acusados en el 'caso Palau'
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VALÈNCIA. Era la crónica de una suspensión anunciada. El letrado de la exintendente del Palau de les Arts Helga Schmidt, Carlos Saiz, solicitó este martes a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que suspendiera el juicio. El motivo es que se ha hecho cargo de la defensa de Schmidt hace tan solo unos días, pues su anterior abogado se retiró por motivos de salud, y no ha podido estudiarse el sumario. El presidente de la sala, José Manuel Ortega, decretó la suspensión, como era previsible.
El juicio no se reanudará hasta noviembre de este año, dada la dificultad para cuadrar fechas entre el tribunal, el fiscal y los letrados de las defensas.
En cuanto a los motivos, Saiz dijo: "Interesaré el aplazamiento para poder plantear cuestiones previas. Mi cliente entró en contacto conmigo el 2 de enero, el 3 me pidió que la defendiera y lo condicioné a poder instruirme. Necesito cuatro o seis semanas. Mi cliente tiene dificultades para expresarse, se trasladó a Milán y tuvo un episodio cerebral grave, tuvo que ser tratada y le han dicho que esté seis días de reposo. Es básico preparar el juicio con la cliente en seis semanas no podrá desplazarse a España. Por todo ello solicitamos un aplazamiento".
En la vista oral estuvieron presentes todos los procesados menos la exintendente que, como explicó su letrado, ha sufrido un episodio médico que la obliga a permanecer en Milán. El fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, se posicionó, como el resto de las defensas, a favor la suspensión. Torres manifestó: "No nos oponemos a la suspensión por el derecho defensa. Es atrevido cuatro o seis semanas, entendemos que el plazo solicitado podría quedarse corto, además que el estado de salud de ella debe cambiar".
El magistrado José Manuel Ortega concluyó que "concurre un primer motivo de suspensión del escrito de la defensa. Optamos por no suspender porque el plaza era muy breve y así podíamos gestionar de una forma más eficiente el señalamiento de un nuevo juicio porque hay que compatibilizar las agendas. Hay otro motivo fundado que es el cambio de letrado reciente y no se podría satisfacer el derecho de defensa y la incomparecencia de la señora Schmidt que es justificada. Suspendemos por tanto el juicio".
En esta causa están acusados, la ya citada Helga Schmidt —para quien el fiscal pide siete años y medio de prisión—; el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno —se enfrenta a ocho años de cárcel—; el presidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores—, José Antonio Noguera Puchol —siete años—; Joaquín Maldonado —otros siete años—, y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta —siete años más—. Las acusaciones incluyen los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El 20 de enero de 2015 Schmidt y otros acusados fueron detenidos en una operación ordenada por el juez Vicente Ríos, del juzgado número 15 de instrucción. La operación policial culminaba meses de investigación de la UDEF. Éstas se habrían realizado a partir de dos informes diferentes: por un lado el llamado Informe Diógenes, escrito por un ex trabajador de Les Arts afectado por el ERE; por el otro, un informe de Intervención de la Generalitat. El informe de la Intervención de la Generalitat, de 2013, concluyó que la intendente formalizó contratos que incumplían la ley, al adjudicar sin publicidad ni concurrencia contrataciones a una empresa de la que era consejera, Patrocini de Les Arts.
La Abogacía de la Generalitat reclama siete años y un día de prisión, y una multa de 6.000 euros, para Schmidt como supuesta autora de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental; idéntica condena para el exdirector financiero del coliseo valenciano Ernesto Moreno, por considerarlo autor de los mismos delitos, y pide dos años, ocho meses y 15 días de prisión para los empresarios Joaquín Maldonado Rubio, José Antonio Noguera Puchol y Pablo Broseta Dupré por considerarlos cooperadores necesarios.