José Manuel Muñoz VelaLa transformación digital era una alarmante necesidad en los negocios de todos los sectores, tal y como apunta el experto
VALÈNCIA. La situación global que estamos viviendo es extraordinaria y ha transformado completamente el modo en el que nos relacionamos tanto a nivel empresarial, profesional, administrativo o personal. La necesaria transformación digital ha llegado y para quedarse. Todos, en mayor o menor medida, estamos relacionándonos e interactuando en el ciberespacio con todos los recursos de los que disponemos y que son muchos.
Directivos y empleados trabajan telemáticamente, profesores y alumnos celebran sus clases virtualmente, abuelos y nietos se reencuentran diariamente en este confinamiento... Aplicaciones como Tems, Meet, Hangouts, Skype, Webex, Duo, Zoom, Telegram o Whatsapp, entre otras muchas, forman parte de nuestra vida diaria y se quedarán con nosotros.
El progresivo desconfinamiento, sus fases y el inevitable temor de nuevos rebrotes nos obliga a considerar todos los escenarios posibles en la vuelta a nuestra nueva 'normalidad'. Desde un punto de continuidad, las actividades empresariales, administrativas, educativas y de cualquier otra naturaleza deberán considerar en su reinicio los posibles contextos que puedan darse en el futuro, al objeto de articular las medidas necesarias para garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de sus actividades en beneficio de todos y de la economía en general. Y para ello necesitamos apoyarnos en la tecnología disponible pero con una ventaja: Ya tenemos experiencia.
La transformación digital era una alarmante necesidad en los negocios en todos los sectores y, en especial, en nuestro país, pero seguía existiendo una enorme brecha entre las tecnologías que se han venido anunciando como tendencia e instrumento de disrupción, y la percepción de buena parte de nuestro tejido empresarial que, a excepción del cloud computing y no de manera generalizada, la virtualización, la inteligencia artificial, el big data, el blockchain o la realidad extendida se venía considerando algo realmente alejado de su realidad y difícilmente accesible y aplicable en los negocios. Esa brecha era y todavía es una asignatura pendiente.
El estado de alarma y el confinamiento disparó los servicios cloud y nos ha obligado a activar la virtualización de los entornos y puestos de trabajo, nos ha obligado a improvisar y activar tanto el uso de medios empresariales como medios personales de los propios empleados para poder continuar con las actividades y negocios, tanto equipos, tablets como smartphones.
Pero este nuevo contexto no está exento de riesgos para la información empresarial, confidencial o personal, así como para los propios trabajadores. En este sentido, los marcos laborales, de privacidad y de ciberseguridad siguen estando plenamente vigentes, por lo que las empresas deben esforzarse por garantizar la máxima seguridad en estos entornos dentro de las posibilidades que les permita esta situación excepcional.
Por supuesto que lo deseable sería garantizar también la seguridad de los nuevos entornos y la configuración previa de seguridad de equipos y dispositivos, pero ante una situación sobrevenida y en caso de imposibilidad de hacerlo, deben articularse otras medidas adicionales, especialmente la definición e impartición de directrices y guías a los empleados en el uso de la tecnología y la información corporativa, sean medios propios o empresariales.
Por otra parte, la tecnología se ha mostrado imprescindible también para la lucha contra la pandemia, tanto en su prevención, control como erradicación. Organizaciones internacionales, gobiernos, entidades de investigación y empresas han iniciado una carrera no sólo para combatir el virus y conseguir una vacuna sino también, aunque con distinto objeto y alcance, para generar herramientas tecnológicas que puedan permitir desde la identificación y diagnóstico de casos, como su localización o movilidad o el control del confinamiento o de la cuarentena, entre otros.
De nuevo, vemos una disparidad de enfoques y una multiplicidad de esfuerzos y recursos con un fin común, y no sólo a nivel internacional sino nacional y autonómico. Esto puede ser, por un lado, enriquecedor pero también suponer una asignación no eficiente ni eficaz de recursos y esfuerzos ante el desarrollo en paralelo de idénticas o similares soluciones.
Del mismo modo, el uso de esta tecnología no está exento de riesgos para la privacidad de las personas, especialmente aquellas que puedan resultar más invasivas y que puedan identificar al individuo y/o su entorno, obtener datos de salud del mismo o geolocalizarle de manera voluntaria u obligatoria, tomando incluso como referencia datos de operadores de telecomunicaciones o el uso de su tarjeta de crédito.
No obstante, afortunadamente y a diferencia de otras materias, 'la rueda esta inventada', es decir, ya tenemos marcos legales que establecen 'la línea roja' y que permiten llevar a cabo aquellos tratamientos que sean necesarios en situaciones extraordinarias como la actual, pero con todas las garantías exigidas por los mismos. De ahí que el cierto alarmismo surgido en relación con todo ello es en buena medida infundado, sin perjuicio de que sería de agradecer que las autoridades responsables publiquen con claridad y uniformidad los criterios, para tranquilidad de la ciudadanía y seguridad de los operadores.
La Agencia Española de Protección de Datos publicó el pasado 7 de mayo un estudio en el que analiza distintas tecnologías para luchar contra el coronavirus y sus riesgos para la privacidad. El informe realiza un análisis preliminar de siete sistemas que se están aplicando a nivel internacional por distintos países: Geolocalización recogida por los operadores de telecomunicaciones, geolocalización en redes sociales, Apps, webs y chatbots para auto-test o cita previa, Apps de información voluntaria de contagios, Apps de seguimiento de contactos por Bluetooth, Pasaportes de inmunidad y Cámaras infrarrojas.
Recordemos que la tecnología es un medio para conseguir nuestros objetivos en esta lucha y no un fin, que el problema no es la tecnología sino el uso que se pueda hacer de ella y que las normas nunca deberían ser un obstáculo para para la innovación ni para la investigación y ni mucho menos para la protección de la salud.
José Manuel Muñoz Vela es abogado especialista en Derecho Tecnológico y Digital y director jurídico de Adequa Corporación
