VALÈNCIA. Tras las vacaciones estivales, la historia se repite. Si antes del verano el Patsecova, el plan 'estrella' de la Conselleria de Economía para el comercio, no pudo salir adelante por las discrepancias entre los miembros del gobierno y las presiones de una parte del sector, parece que este viernes tampoco recibirá luz verde. De nuevo, el departamento que dirige Arcadi España impide que el pleno del Consell saque adelante la norma. ¿Los motivos? El texto sigue sin cambios y no cuenta con el apoyo mayoritario de los agentes comerciales.
Por tanto, la aprobación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana tendrá que esperar. En la reunión de este pasado jueves de altos cargos de la administración valenciana para ordenar los puntos que se tratarán en la reunión del Consell de los viernes, la norma del departamento que dirige Rafa Climent no consiguió el visto bueno y queda fuera del orden del día del pleno.
El punto de fricción se centra en que nada ha cambiado después de que en julio tanto Territorio como Hacienda instaran a Economía a cambiar ciertos aspectos del texto. "No hay ninguna diferencia entre la propuesta de julio y la de ahora", explican fuentes de Territorio que, sin embargo, destacan el "gran esfuerzo" del equipo de Climent, pero inciden en que continúa sin contar con un amplio respaldo del sector del comercio, cuestión que ven imprescindibles por su trascendencia y calado.
"No estamos de acuerdo en una norma que afecta a un sector tan importante y que tiene en contra a grandes empresas valencianas. Somos conscientes de que el equipo de Climent ha hecho un gran esfuerzo y ha introducido muchos cambios en el proyecto inicial, pero les pedimos un último esfuerzo", insisten desde la Conselleria de Arcadi España.
Sin embargo, fuentes de Economía aseguran que las cuestiones técnicas que se les solicitaron modificar están ya "corregidas y resueltas" y achacan el bloqueo a la falta de acuerdo político consecuencia de la oposición que hay por parte de los supermercados contra la norma. "No hay acuerdo político porque una parte del sector se opone", señalan para resaltar que la gran mayoría de asociaciones y agentes implicados llevan tiempo reivindicando la aprobación de este plan.
Con este nuevo, su aprobación se enquista. Economía no está dispuesta a ceder y 'desvirtuar' lo que consideran es el espíritu de la norma y desde Territorio insisten en que es necesario congregar mayor consenso del sector del comercio.
La oposición la encabeza la patronal Asucova –a la que pertenecen las grandes cadenas de distribución como Mercadona, Consum o Masymas- que rechaza una parte del articulado. En concreto, el punto de fricción se centra en la exigencia de una licencia autonómica para la apertura en zonas sensibles de locales a partir de 1.000 metros –algo que afecta especialmente a los supermercados–. Unos trámites burocráticos que no gustan a la patronal de los supermercados que presiona para que esa parte sea modificada, pero desde Economía rehusan hacer cualquier tipo de cambio en este sentido.
Y estas discrepancias son las que han dejado en el aire el Patsecova. Así ocurrió en dos ocasiones a finales de julio. En un primer intento, el departamento que dirige Rafa Climent se encontró con el informe desfavorable del Comité Económico y Social (CES-CV) que instaba a Economía a revisar el texto para adaptarlo a los "drásticos cambios económicos, de consumo y sociales" derivados de la crisis del coronavirus. Pero, además, Territorio solicitaba más tiempo para poder analizar el texto.
Climent aceptaba entonces posponerlo una semana, pero sin acometer cambios. Economía no está dispuesta a modificar una norma en la que lleva trabajando desde la legislatura pasada, que cuenta, por tanto, con más de cinco años de tramitación y ha pasado dos fases de alegaciones. Pero pasados esos siete días, tampoco pudo ser. Esta vez fue el propio presidente Ximo Puig, el que tuvo que intermediar. Presidencia alegó que no existía acuerdo político entre los socios del Gobierno para dejar el asunto otra semana más sobre la mesa.
La pretensión de Economía era sacar el Patsecova adelante este viernes en la primer pleno del Consell tras las vacaciones de verano. Pero de nuevo se ha encontrado con el rechazo de sus socios en el Gobierno.
Lo cierto es que se trata de una norma que genera bastante división. Mientras asociaciones como Asucova se han opuesto frontalmente, otras como Confecomerç o Unión Gremial han reivindicado en reiteradas ocasiones su necesidad. "El Patsecova es una prioridad, antes y tras el impacto del Covid-19, imprescindible para poder disponer de un marco de actuación que garantice y dote de seguridad jurídica a la ordenación y planificación comercial", subrayaba el presidente de la patronal del pequeño comercio en la Comunitat, Rafa Torres, hace unas semanas, que exigía la aprobación definitiva de una medida reclamada por el sector desde hace más de 10 años.
También Unión Gremial ha salido en defensa del plan de Climent. "Pedimos al conseller de Territorio que defienda esta norma como proyecto colectivo del Consell para ordenar un sector que se ha visto sometido a maniobras especulativas que han llevado a una saturación de superficies comerciales, que han hecho peligrar la estructura del comercio local de proximidad", reclamaba en un comunicado. Su presidente, Juan Motilla, reconocía que la covid-19 "ha sido y continuará siendo una contingencia", pero subrayaba que "una norma de tanta trascendencia no puede esperar más".
Incluso, el propio presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat, José Vicente Morata, se ha posicionado del lado de la Conselleria al rechazar cualquier retraso al Patsecova a pesar de que el Consejo Económico y Social (CES-CV) –al que pertenece el Consejo de Cámaras– emitió un dictamen por unanimidad en el que instaba a revisar el plan para adaptarlo a la realidad de la crisis post-Covid.
En cambio, la patronal de los supermercados lo rechaza taxativamente y reclama la eliminación del punto que reduce de 2.500 a 1.000 metros cuadrados la superficie que obligaría a obtener en zonas calificadas como sensibles una licencia autonómica, además de la municipal, para abrir o reformar establecimientos comerciales. De introducirse la exigencia de contar con una segunda licencia, se complicarían los planes de expansión de estas empresas, cuyas superficies oscilan entre los 1.500 y los 2.000 metros cuadrados.
