VALÈNCIA. (EFE) El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha denegado a la compañía aérea Ryanair dos nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaban a 316 trabajadores, al no quedar constatada "la causa de fuerza mayor".
Tras la reclamación por parte de los sindicatos USO y SITCPLA, la Dirección General de Trabajo ha vuelto a denegar el registro de dos nuevos ERTE a Ryanair, que afectaban a un total a 316 trabajadores, para los que la compañía alegaba "fuerza mayor ordinaria", según han señalado los sindicatos en una nota.
Uno los ERTE afectaba a 22 trabajadores pertenecientes a los centros de trabajo de Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Galicia. Mientras que el segundo afectaba a 194 trabajadores de Canarias y Cataluña que, en el mes de agosto de este año, ya fue desestimado y que, sin embargo, la compañía aérea ha vuelto a reclamar.
En aquel momento se tuvo en cuenta el informe de la Inspección de Trabajo, que consideró que el expediente era un "fraude de ley" puesto que lo que buscaba la aerolínea era "librarse, si no de toda, sí de una buena parte" del pago de los salarios y las cotizaciones sociales de los trabajadores de estos centros a los que la Audiencia Nacional obligó a readmitir el pasado abril.
USO ha señalado la situación irregular en la que se encuentran los despedidos en enero de este año, pues "no cobran sus salarios ni se les programan vuelos", por lo que se "está incumpliendo el fallo de la sentencia de la Audiencia".
En ese momento, la sala de lo Social de la Audiencia, argumentó que la compañía "no quiso abordar un periodo de consultas" como exige la ley, motivo por el que le ordenaba además, "el abono inmediato" de los salarios que los afectados "dejaron de percibir desde la extinción del contrato".
En la denegación de los dos nuevos ERTE, la Dirección General de Trabajo ha reflejado que con la documentación aportada "no se constata" la existencia de la fuerza mayor alegada para autorizarlos, porque no está acreditado que los trabajadores afectados hayan sido reincorporados de forma efectiva a la plantilla de Ryanair y tampoco se ha probado que la actividad de la empresa se encuentre impedida o limitada por decisión de las autoridades.
Por su parte, los sindicatos han denunciado ante Trabajo la comunicación "irregular" que la empresa mantiene con ellos, además de la ausencia total de comunicación con los trabajadores afectados.
La Inspección de Trabajo ha determinado en su resolución que Ryanair persigue, con este procedimiento que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) asuma, vía prestaciones por desempleo, el pago de los salarios de tramitación que adeuda a los despedidos.
También insiste en que la empresa está obligada a la readmisión de los 194 trabajadores despedidos y "sólo cuando ésta declare que dicha readmisión se ha producido de acuerdo con el fallo, y no antes, podría la empresa plantear una solicitud de autorización de un ERTE suspensivo, careciendo hasta ese momento de objeto el procedimiento de regulación temporal de empleo".
Los sindicatos denuncian que Ryanair "pretende aprovecharse de los fondos públicos", mientras anuncia reservas de efectivo por valor de 4.500 millones de euros.
La sección sindical de USO en Ryanair ha señalado que una empresa que no atiende a las resoluciones de la Inspección ni Dirección de Trabajo, ni tampoco a la resolución de los tribunales, "que se empeña en mantener a los trabajadores ilegalmente despedidos sin sus salarios y que se jacta de tener 4.500 millones de euros de liquidez, no puede recibir ayudas estatales".
USO ha solicitado "implicación política" para frenar los continuos abusos e ilegalidades que la empresa "comete o pretende cometer".
