Transparencia pone el foco en la publicidad institucional en pleno lío por las acciones de Puig

VALÈNCIA. Los 60 objetivos fijados negro sobre blanco en el I Seminari de Govern celebrado por el Consell del Botànic II este fin de semana en Montanejos son un compendio de propósitos de las doce carteras existentes con propuestas de todo tipo. Una de las que más llama la atención se encuentra en la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. "Transparencia en las campañas de promoción institucional: un buscador de publicidad institucional para la ciudadanía", reza el segundo objetivo para el semestre en el departamento que lidera Rosa Pérez Garijo, líder de Esquerra Unida.

Un propuesta que llega en un momento de cierta polémica respecto a la mencionada área. Conviene recordar que esta competencia -Promoción Institucional- fue motivo de disputa durante las negociaciones del Botànic II entre PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EUPV. Estas dos últimas formaciones habían manifestado su descontento sobre cómo se había manejado el reparto de publicidad a los medios de comunicación durante la pasada legislatura. "No ha funcionado como debería en un gobierno de coalición", aseguraban fuentes de la coalición valencianista en concreto. 

Pese a estas manifestaciones, los mencionados partidos no terminaron de fijar una posición férrea en la negociación y finalmente el área volvió a caer en manos de los socialistas -concretamente en la Presidencia de la Generalitat que lidera Ximo Puig- sin que el resto de fuerzas plantearan un casus belli de la cuestión.

Ahora bien, no parece que los socios del Botànic II vayan a quedarse de brazos cruzados sobre su disconformidad en este asunto. Prueba de ello es el segundo objetivo propuesto de la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez, que tiene como objetivo ofrecer más luz sobre cómo se destinan los fondos de promoción institucional.

Detalle del reparto de cada campaña 

Para ello, según la propuesta presentada, se impulsará un modelo de presentación de la información "completamente innovador que no se encuentra actualmente en el Estado español" y que va dirigido a hacer público "el coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional, desglosando los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos, al menos una vez al año", según refleja la Ley 2/2015 de Tranparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

En esta línea, el objetivo se dirige a permitir que se acceda "de manera automatizada y en formatos reutilizables a la información sobre la publicidad institucional, que además estará siempre actualizada". Un sistema que, según se subraya en la iniciativa, implicará "mayor eficiencia" dado que se evitará "elaborar documentos para publicarlos anualmente en la web".

Un anuncio en plena tormenta por las acciones de Puig

El malestar previo de los ahora socios tras el acuerdo del Botànic II surgía después de que se hiciera público, tal y como informó Valencia Plaza, el reparto hecho desde la Generalitat en 2018, en el que al grupo Prensa Ibérica, al que pertenecen cabeceras como Levante-EMV, Información y Superdeporte, además de 97.7 Radio, se le adjudicara en total cerca de 1,4 millones de euros. 

A ello hay que sumar la polémica acaecida en las últimas semanas en torno a los 177.886 euros en acciones que ostenta el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), empresa editora del Mediterráneo de Castellón. Un diario que recibió en 2018 un total de 294.525 euros del Gobierno valenciano -de los cuales 212.597 salieron de Presidencia de la Generalitat- y que en junió pasó a formar parte precisamente de Prensa Ibérica tras la compra de Zeta, el grupo que controlaba el diario.

Una compra que ha traído cola dado que vino precedida de un descuento del 70% de la deuda de 1,9 millones de euros que mantenía el Grupo Zeta con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por dos préstamos concedidos a Pecsa. Todo ello tras la aprobación de un decreto de funcionamiento del IVF que permitía este tipo de operaciones -entre otras muchas cuestiones- que han despertado los recelos especialmente de PP y Ciudadanos, que han exigido explicaciones a Puig y critican que no se abstuviera del pleno del Consell durante la aprobación del mencionado decreto.

Un revuelo que, en cualquier caso, Transparencia no contribuye a diluir con el anuncio de la implantación de un buscador que permita agilizar el acceso a la información sobre la publicidad institucional que se reparte desde el Gobierno valenciano y, especialmente, en lo que se refiere al área de Promoción que depende de Presidencia de la Generalitat, que es la que ha despertado más quejas internas en los socios del Botànic.