CASTELLÓ. (EP) El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a desaparecer en silencio. A lo largo de los dos próximos meses que separan su derrota en las presidenciales de la ceremonia de sucesión -- el periodo conocido en la jerga del poder como 'lame duck' o 'pato cojo' --, el todavía mandatario sigue siendo el inquilino de la Casa Blanca, con sus poderes y competencias virtualmente intactos de cara a dos estrategias simultáneas que manejar: la disputa de los resultados de los comicios y su adiós definitivo a la Presidencia.
Sobre la primera, abundan las dudas incluso en su entorno más cercano, según fuentes próximas a la Administración a la cadena CNN. Si bien su equipo legal, abanderado por su asesor y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, afirma contar con casos concretos en los que se ha impedido a observadores republicanos la entrada en las salas de recuento, las propias autoridades de los estados afectados, algunas republicanas, rechazan categóricamente estas declaraciones y las primeras escaramuzas legales no han surtido efecto alguno.
Además, el tiempo apremia. El resultado por estados tiene que estar confirmado, con todos los eventuales recursos y litigios resueltos, antes del 8 de diciembre. Debido a que lo que los estadounidenses votan no es a su presidente, sino a las personas que representarán a su estado en el Colegio Electoral. Es fundamental que para ese día esté claro quiénes son.
El Colegio Electoral debe reunirse el 14 de diciembre para que los compromisarios de cada estado emitan sus votos, que serán contabilizados en una sesión de las dos cámaras del Congreso el 6 de enero. El encargado de anunciar al presidente será el vicepresidente, Mike Pence, en su calidad de presidente del Senado y el mandato arrancará formalmente el 20 de enero.
El segundo derrotero, su despedida y cierre, está lleno de dudas e incertidumbres condicionadas por el explosivo carácter del presidente, de quien "vamos a conocer más en estos dos próximos meses que en los últimos cuatro años", en palabras del exasesor Miles Taylor al 'Washington Post'.
En este sentido, además de los persistentes rumores de una nueva "purga de castigo" entre su equipo de Gobierno, cabe la posibilidad de que Trump haga uso de sus competencias para conceder indultos -- un fenómeno recurrente durante los últimos meses de mandato -- con un propósito nunca antes visto: otorgarse a sí mismo la inmunidad ante cualquier futura investigación por delitos.
En este escenario, el proceso de transición que comenzará en las próximas semanas pasará a un segundo plano. Desde el equipo del presidente electo, Joe Biden, no se espera ni ayuda ni concesión alguna. Según fuentes de su campaña al 'Washington Post', la idea consiste en aprovechar los amplios poderes que les concede la Ley de Transición Presidencial para esquivar los obstáculos que les pudieran preparar los aliados del presidente saliente.
Sin embargo, es posible que ni siquiera exista interés alguno de Trump a la hora de ponerlos: un informe emitido el pasado mes de agosto por el llamado Proyecto de Integridad de la Transición (TIP) -- un grupo formado por cien funcionaros electos para pronosticar escenarios de traspaso de poderes -- teme que Trump se marque solo dos sencillos objetivos en este escenario: destruir pruebas incriminatorias y ganar cuanto más dinero, mejor.
"La gente de toda orientación e ideología política que ha participado en todos nuestros simulacros están seguros de que Trump dará prioridad a la autopreservación y al beneficio propio en lugar de garantizar una transición administrativa ordenada a su sucesor", según las conclusiones del informe, publicado el pasado mes de agosto y recogido por el portal de noticias Quartz.
El TIP contempla, por ejemplo, la posibilidad de que el presidente multiplique sus estancias en su residencia y cuartel general de Mar a Lago, en Florida, con el consiguiente desvío monetario hacia sus empresas particulares como encargadas de alimentar al séquito de seguridad que se vería obligado a acompañarle. Hasta mediados de septiembre, estas visitas han costado 1,1 millones de dólares de fondos federales, que han ido directamente a las arcas de la organización del mandatario, Trump Enterprises.
Pero más realista es la opción de que el presidente pueda recurrir a la amnistía para proteger a aquellos asesores que violen leyes de protección de registros presidenciales si destruyen documentos comprometedores hacia el propio Trump, según especulan otros expertos consultados por 'USA Today'. No obstante, éstas son aguas desconocidas porque no está muy claro qué puede perdonarse y qué no.
Por ahora, es una cuestión de jurisdicción. Los indultos solo afectan a delitos federales y la mayoría de las investigaciones sobre Trump y sus negocios se llevan a cabo en los tribunales del estado de Nueva York. Sin embargo, y dado que también está bajo el escrutinio de Hacienda, Trump podría dar otro salto mortal y perdonar a cualquier integrante de la agencia fiscal que borre sus obligaciones tributarias, un delito que sí cae bajo el ámbito federal, apuntan desde el magacín 'The Atlantic'.
A todos los efectos, el resultado es el mismo: "Va a usar estratégicamente este periodo para tratar, básicamente, de protegerse a sí mismo, a su familia y a su dinero", considera ante el 'Washington Post' el antiguo fiscal de la investigación especial sobre la campaña de Trump, Andrew Weissmann.
Queda por último conocer el destino de deparan estos dos meses a los enemigos políticos del presidente, y para ello hay que hablar de una reciente orden ejecutiva aprobada por el mandatario entre el ruido de las elecciones, la llamada, por abreviar, "Calendario F" (Schedule F); a muy grandes rasgos, una competencia adicional que le otorga la potestad de despedir o contratar empleados a su voluntad.
Esta capacidad le permitiría despedir a funcionarios no partidistas, como el epidemiólogo Anthony Fauci, miembro de su fuerza de intervención contra el coronavirus, y con quien ha protagonizado numerosos encontronazos, y redoblar las protecciones a cargos puramente políticos, contratados para ejecutar la voluntad del mandatario, tengan o no el currículum necesario para su labor.
Si bien era una orden aprobada con vistas a un segundo mandato que no tiene viso alguno de llegar, es un "arma de doble filo", según el antiguo jefe del Comité Ético de la Casa Blanca, Walter Shaub, que Trump podría aprovechar la nueva normativa para inundar la Casa Blanca de nominados con la única misión de obstaculizar el proceso de transición, lo que forzaría al equipo de Biden a tomar medidas legales para facilitar el proceso.
Como muestra de lo dañina que podría resultar esta normal, el director del Consejo Federal de Salarios, un consejo de asesores civiles designados por Trump, Ronald Sanders, presentó el mes pasado su dimisión en protesta por una orden ejecutiva que, a su entender, "no es más que una cortina de humo para lo que claramente es un intento de exigir la lealtad política de quienes asesoran al presidente, o en su defecto, para permitir su destitución con poco o ningún debido proceso".
Al margen de ello, queda por ver lo que sucede con su actual equipo. Hace dos semanas, fuentes próximas a la Administración aseguraron al portal Axios que Trump tenía previsto despedir, si ganaba las elecciones al director del FBI, Christopher Wray, a la directora de la CIA, Gina Haspel, y al secretario de Defensa, Mark Esper, en una nueva muestra de su descontento con las agencias de seguridad. Se desconoce si Trump todavía mantiene esa idea toda vez que ha resultado derrotado en las elecciones.