El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La primera condena por los llamados "zombies" de la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Imelsa -personas que cobraban pero que no acudían a su puesto de trabajo- desarrolla una tesis que los encargados del caso Alquería pueden mimetizar.
La sentencia inicial, dictada en 2019 por la Audiencia de Valencia, impuso dos años y medio de prisión al exalcalde de Quartell Francisco Huguet y al exconcejal Emilio Máñez al considerarlos autores de los delitos de prevaricación y malversación. El exedil admitió en una declaración ante el juzgado que, aunque había sido contratado como brigadista en Imelsa, en realidad trabajó como asesor en la Diputación de Valencia para el que fuera alcalde de su municipio.
La importancia de la resolución de la Audiencia radica -al igual que la posterior confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el pasado junio- en el destino del dinero público. "Existió un claro beneficio para asesor y asesorado y un perjuicio real para los presupuestos de la empresa pública y de la propia Diputación", sostuvo la Sala, que hizo especial hincapié en la "desviación ilícita de los fondos públicos de su destino".
"La presencia de capital de carácter exclusivamente público no altera la naturaleza de la actuación de la empresa en el ámbito mercantil, pero sí condiciona las resoluciones sobre contratación cuando se arriesgan fondos públicos", afirmaron los magistrados. Por ello, estas sociedades, recordaron, están sometidas a los principios de publicidad y concurrencia en la contratación. Unos principios que, destacaron, "no constituyen meras proclamaciones vacías que puedan saltarse arbitrariamente, sino que determinan las resoluciones que se adopten". Si se dictan de esta forma arbitraria, indicaron, constituyen el elemento objetivo de un delito de prevaricación.
Lo cual consideraba el TSJCV que ocurrió en el caso de Imelsa porque los condenados se apropiaron "indebidamente" de fondos públicos y suscribieron contratos laborales a dedo.
Precisamente estas mismas actuaciones reprocha Anticorrupción en el caso Alquería, que investiga contrataciones irregulares en Divalterra, heredera de la antigua Imelsa, y por las que el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez fue detenido junto con otros cargos de la empresa pública.
La Fiscalía apunta a una actuación «arbitraria y caprichosa» en la contratación de directivos de la cual tenían conocimiento los querellados «de forma incuestionable». Algo muy similar, por tanto, a los hechos atribuidos a los condenados en Imelsa.
Que los contratos de cargos de PSPV y Compromís respondieran al "puro voluntarismo político de favorecer a los miembros de los partidos dominantes" en la corporación provincial -en palabras de Anticorrupción- y que estos puestos irregulares hayan supuesto un perjuicio para las arcas públicas son dos argumentos replicables en la investigación de Alquería que señalan el camino a los imputados.
