Eusebio Monzó. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha llamado a declarar como investigado al portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó, así como al resto de miembros del Consejo de Administración de Aerocas en relación a los patrocinios del aeropuerto castellonense a la empresa MotorSport69 SL, del expiloto Álex Debón.
De esta manera, además del concejal, también acudirán a declarar como imputados a varios exreferentes del Gobierno valenciano como Vicente Rambla y José Manuel Vela, así como el ex director general de José Luis Villanueva, el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez, el exsenador Vicente Aparici, el ex subsecretario de Industria, Ricardo Bayona, el ex director general Javier Eleno y la exsecretaria de la conselleria de Economía Cristina Serrano.
La providencia también incluye al ahora diputado nacional Gerardo Camps, a quien la jueza de Instrucción 3 de Castellón le ofrece la posibilidad de declarar, pero de forma voluntaria, ya que al tratarse de un aforado a quien correspondería citarle en calidad de investigado es al Tribunal Supremo.
Con la imputación de Monzó, los diez concejales del Ayuntamiento de València pasan a encontrarse investigados en diferentes causas. Cabe recordar que los nueve ediles restantes están en esta situación por el presunto caso 'pitufeo' del caso Taula.
Eusebio Monzó aseguró en declaraciones a Valencia Plaza no haber tenido aún notificación de la citación, por lo que se había enterado a través de los medios de comunicación. La investigación correspondería a su época como director general de la Conselleria de Economía, entre 2009 y 2011.
En aquella época Monzó, como director general de Economía se encontraba por defecto en los consejos de administración de diferentes empresas públicas. Es por eso que el concejal del PP aseguraba que estaba "muy tranquilo". "Mi voluntad de servicio público ha estado siempre fuera de toda duda", añadía.
Igualmente, recordó que cuando fue secretario autonómico de Hacienda ya fue investigado por un contrato con el arquitecto Santiago Calatrava. En concreto fue imputado por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón. Cinco meses después la causa fue archivada.
