Foto: R. RUBIO/POOL"El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro, y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación". A Pedro Sánchez le habían preguntado por el malestar de algunos presidentes autonómicos y las críticas de la oposición por no prorrogar el estado de alarma y el presidente del Gobierno se marcó un 'manzanas traigo' con una estudiada frase que anticipaba lo que va a ser la propaganda oficial de los próximos tres meses: "vacunación, vacunación y vacunación".
Lo de que las CCAA tienen "instrumentos suficientes" para seguir combatiendo la pandemia sin el estado de alarma lo dirá por Puig y Armengol, los presidentes que menos necesitaban el toque de queda y, paradójicamente, los únicos a los que sus respectivos tribunales superiores de justicia se lo han autorizado. Y Puig, claro, está de acuerdo en que tiene instrumentos suficientes. Sin embargo, o Urkullu está en desventaja por no poder imponer el toque de queda con una incidencia de 335 casos por cada 100.000 habitantes o en la Comunitat Valenciana, con 31 casos, no hace ninguna falta. Pero qué le importa eso a Sánchez cuando "España está a cien días de lograr la inmunidad de grupo".
Si te preguntas cómo es posible que haya 1.400 estudiantes de grados sanitarios (medicina, enfermería, odontología…) todavía sin vacunar haciendo prácticas en hospitales y centros sanitarios –donde el personal se vacunó en enero y febrero–, la respuesta es que "la vacunación para la franja de 40 a 50 años comenzará el 17 de junio". Y si Joan Ribó estropea el anuncio dando voz a los mayores de 70 que aún están por vacunar –en la web de la Conselleria se daba a todos por vacunados desde hacía días–, se le cuela a la mañana siguiente y se proclama en un comunicado que, vacunado el alcalde, ya están todos.
No dejes que la realidad te estropee una buena campaña –en los dos sentidos– de vacunación. Por ejemplo, la realidad de los planes del Gobierno para subir impuestos. Tras la "errata" de la eliminación de la tributación conjunta incluida en el plan enviado a Bruselas, ¿lo de poner peajes en las autovías es otra errata o un globo sonda? ¿Y la eliminación del IVA reducido? Sánchez, feliz de poder cumplir por fin una promesa, insiste: "Quedan 99 días para alcanzar la inmunidad de grupo".
Otra realidad de esta semana es una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el Gobierno abusó de un decreto-ley con medidas contra la pandemia para colocar a Pablo Iglesias e Iván Redondo en la comisión encargada de controlar el CNI. Pero el presidente, impasible, tiene respuesta para todo: "Quedan 98 días para alcanzar la inmunidad de grupo".
La realidad es que parecía una temeridad mantener como coordinador general de Urbanismo –de Urbanismo– en València a un imputado por corrupción y luego nombrarlo subdelegado del Gobierno y mantenerlo una vez procesado. Lo era. ¿Fue por influencia de Puig, de Ábalos o de los dos? Lo más curioso es que a Rafa Rubio se le mantiene en el puesto estando procesado camino del banquillo y se le cesa fulminantemente por estar investigado en una segunda causa de la que poco se sabe. Pero el escándalo palidece al lado de un nuevo pedroanuncio: "Quiero anunciar que España va a recibir en el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer".
Otra realidad incómoda publicada en primicia esta semana por Valencia Plaza es el fiasco de la adjudicación de la antigua estación marítima de València a una compañía belga que aterrizó en la ciudad con una alfombra roja extendida desde los mismos despachos donde se ponen trabas a proyectos mucho más sólidos. Fue un bofetón de Compromís a Sandra Gómez en la cara de las startups valencianas que los tribunales han corregido gracias al tesón de los emprendedores. Tras el varapalo judicial a la decisión, avalada por Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central, se ha impuesto el silencio en las tres administraciones. Nadie asume responsabilidades, nadie da la cara. Eso sí, la Comunitat Valenciana ha recibido esta semana 235.870 dosis de vacuna y tenía previsto administrar 218.199.
Sánchez, que desde que perdió las elecciones en Madrid va a comparecencia diaria para hablar de vacunación, vacunación, vacunación, terminó la semana pidiendo que no nos quitemos la mascarilla y mantengamos las distancias para enfriar la euforia desatada por él mismo: "Vamos en línea recta a la inmunidad de grupo". La víspera, presentó un proyecto de reforma de la Constitución –nada menos–, y coló que "quedan 97 días para alcanzar la inmunidad de grupo". Uno se pregunta cuántos días quedan para que presente la propuesta de reforma de la financiación autonómica que Montero prometió hace dos meses que iba a agilizar. Vacunas traigo. Gracias.
Los muertos también parece que son el pasado y hay que mirar al futuro, a las vacunas, pero pongámonos serios y echemos la vista atrás porque esto no puede quedar así. Enterrar a los muertos (2005) es un interesante ensayo narrativo con el que Ignacio Martínez de Pisón rescató del olvido a José Robles Pazos para hacerle un homenaje a modo de entierro digno que no tuvo ni tendrá, porque ni lo rescataron de alguna cuneta de Valencia los ganadores ni está en las fosas de los perdedores que con tanto retraso se están excavando. Es lo que tiene ser de un bando y que te asesinen los tuyos, que nadie te cuenta entre las víctimas.
El derecho humanitario internacional obliga a los estados, durante los conflictos armados, a, cuantificar, identificar y procurar un entierro digno a todos los fallecidos. Fuera de los conflictos armados, se presume que esto es un hecho en países civilizados. Sin embargo, durante lo peor de la pandemia algunos fallecidos y sus familias no tuvieron el entierro que merecían en España. Se hizo lo que se pudo, peor están en la India.
Pero pasados 15 meses desde el primer muerto, las autoridades siguen faltando al respeto a los muertos –lo hicieron en 2020 al dejar fuera del recuento a 18.000 personas que para el Gobierno no murieron por covid-19 a pesar de que su certificado médico así lo refleja–, sacando ahora a la luz en la Comunitat Valenciana fallecidos por covid hace cuatro y cinco meses. La mayoría de los fallecidos notificados por la Conselleria este mes de mayo, en un goteo que parece hecho para no alarmar, corresponde a decesos del mes de enero y febrero. El pasado jueves, 13 de mayo, sumaron a la lista a dos personas fallecidas por covid en 2020, sin especificar en qué mes.
Para honrar a los muertos, primero hay que contarlos. Nadie entendería que en una catástrofe como el accidente del metro o los atentados del 11-M no se hubiera identificado con nombres y apellidos a cada una de las víctimas mortales. Es lo que se debió hacer desde el principio con la pandemia, publicar en las webs oficiales los listados de fallecidos con el nombre, la edad y el lugar de residencia de cada uno, como se hace en cualquier catástrofe. Publicar en los periódicos esas listas –nosotros la habríamos publicado, como ya hizo algún periódico hace un siglo durante la pandemia de gripe–, a modo de homenaje a los muertos, como advertencia a los supervivientes y, sobre todo, para que las familias tuvieran la seguridad de que las autoridades sanitarias no se habían olvidado de apuntarlos.
