VALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha aplazado desde julio de 2019 el pago de la deuda del alquiler a 798 familias residentes en viviendas públicas de la Generalitat a través de la firma de actas de reconocimiento. El objetivo de esta medida es facilitar en tiempos de pandemia el pago de los arrendamientos a las familias en riesgo de exclusión social.
Del total de familias acogidas a este mecanismo durante este tiempo, 395 pertenecen a la provincia de Valencia, 373 a la de Alicante y 30 a la provincia de Castellón, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Las actas de reconocimiento son un recurso "muy importante" para garantizar el derecho a la vivienda a quienes se encuentren en situaciones económicas "verdaderamente comprometidas".
Con este método de prórroga de pago, el inquilino firma un documento mediante el cual reconoce voluntaria y expresamente adeudar a la Conselleria una determinada cantidad de dinero. En él se acuerda entre las partes el establecimiento de un pago aplazado de la deuda contraída y determina la forma y tiempos de abono.
Previamente a la firma de estas actas, los técnicos de EVha estudian la situación concreta de la unidad de convivencia, junto a los servicios sociales municipales que verifican la situación de vulnerabilidad, para determinar las cantidades y plazos a devolver. El objetivo es que puedan abonar una cantidad que sea asumible a sus ingresos familiares, sin tener que renunciar a sus necesidades básicas vitales.
La firma de estas actas ha supuesto un aplazamiento de un total de 2.807.011 euros: 1.679.607 de la provincia de Alicante, 1.048.322 corresponden a la de Valencia y 79.082 a la de Castellón. Debido a la situación de la covid-19, el Consell decidió exonerar del pago del alquiler a todas las viviendas públicas de la Generalitat desde abril hasta agosto.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, aseguró al iniciarse la crisis en marzo que ningún residente de vivienda pública que hubiera perdido su trabajo o reducido sus ingresos debido a la covid-19 iba a perder su vivienda, ya que se iba a aplicar una exoneración del pago del alquiler al 100% de los inquilinos por un periodo de tres meses.
La situación derivada de la pandemia se ha extendido en el tiempo, por lo que se decidió prorrogar otros dos meses las medidas de bonificación o exención del pago de las rentas. "Este año ha sido muy duro para miles de familias que están viviendo situaciones realmente complicadas, de ahí nuestra obligación como administración pública de ayudarlos para que no se tengan que ver en la tesitura de destinar sus escasos recursos a pagar el alquiler o atender los gastos familiares de primera necesidad", ha declarado el vicepresidente Martínez Dalmau.
Las actas de reconocimiento de deuda se enmarcan dentro de las acciones de choque del Plan de Dignificación de la Vivienda Social creado por la Conselleria para gestionar y dignificar el parque público.
