VALÈNCIA. (VP) La Conselleria de Vivienda ha identificado un total de 248 municipios de la Comunitat Valenciana con necesidades de vivienda pública de forma "urgente" y que, por tanto, son susceptibles de que la administración ejerza los derechos de adquisición preferente de tanteo y retracto.
Y es que, según el decreto que aprobó Vivienda, solo se iba a intervenir en las Áreas de Necesidad de la Vivienda que fija las zonas en las que la administración valenciana no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda.
Y esas son las zonas detectadas en el Informe sobre Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) que ha presentado este jueves por el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau. El texto refleja, asimismo, que más del 80% de la población se encuentra dentro de estas áreas y las administraciones públicas necesitarían casi 30.000 viviendas para hacer frente a la cantidad de familias que necesitan un alojamiento permanente.
Se trata de un documento metodológico que permite conocer las necesidades reales de los municipios, un estudio que incorpora datos precisos para realizar, por primera vez, un diagnóstico que ayude a diseñar las políticas habitacionales basadas en datos objetivos y contribuir a cuantificar, localizar y calificar las necesidades específicas de la población en materia de vivienda.
El informe ha sido realizado por el Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, en coordinación con la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Emergencia Habitacional y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).
Para el vicepresidente Martínez Dalmau, los datos que arroja el estudio son "estremecedores" pero que al mismo tiempo "constituyen una razón más para continuar trabajando" en la dirección que nos marcamos con la presentación del Plan Hábitat 20-30".
Según Martínez Dalmau, el Consell tiene "la obligación de echar a la papelera de la historia las privatizaciones hechas en el parque público de vivienda por los gobiernos que han precedido al Gobierno del Botànic, y la consecuente privación, del derecho a la vivienda de las valencianas y valencianos. Debemos desvincular el factor económico para dejar paso al factor social. Si no lo hacemos ahora, la balanza seguirá desequilibrándose en detrimento de las personas más vulnerables", ha advertido.
"En materia de vivienda no sirven las recetas milagrosas", ha asegurado el conseller, quien ha indicado que además de fortalecer el sistema de ayudas al alquiler, "hay que ampliar el parque público". En este sentido, Martínez Dalmau ha señalado que no cabe duda que los países con más parque público de viviendas "son los que mejor han sido capaces de responder a las necesidades habitacionales de su población".
Así, se ha referido a los "avances" logrados en la Comunitat Valenciana gracias a herramientas como el concurso de adquisición de viviendas, el decreto ley de ampliación del parque público y la compra directa a entidades financieras, que según ha destacado, han permitido a la Generalitat adquirir en poco más de un año cerca de 350 viviendas.
En el acto han intervenido la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, y la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris.
