Zaplana y la conexión internacional de blanqueo

VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana utilizó, a juicio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), varias mercantiles establecidas en territorios donde “se goza de ventajas fiscales y baja regulación legal y mercantil”, tales como Luxemburgo, Uruguay, Panamá y Andorra, para presuntamente mover y blanquear el dinero procedente de las mordidas. Unas mordidas que los investigadores cifran en casi once millones de euros y que vendrían del amaño de los contratos de las ITV y el plan eólico a favor de la familia Cotino.

Esta parte del sumario del caso Erial, la referente al blanqueo, continua bajo secreto de sumario. Sin embargo, a lo largo de los más de 3.000 folios que vieron la luz este miércoles y a los que ha tenido acceso este medio, se puede uno hacer una idea del gran entramado utilizado para mover, blanquear y repatriar el dinero.

La primera empresa a la que se hace referencia como punto de partida, y a la sazón matriz del entramado delictivo, es Imision Internacional, sociedad de la que era administradora Beatriz García Paesa, sobrina del espía que ayudó a fugarse de España a Luis Roldán. A juicio de la UCO a través de esa sociedad se creó, en paralelo, “un entramado empresarial, en el que se relacionarían países como Andorra, Uruguay o Panamá”. Un entramado internacional que ha dificultado muchísimo la búsqueda del dinero que iba y venía de un país a otro según los investigadores.

Imision Internacional

En sus informes aseveran los agentes que de una parte de la mordida, 6,4 millones de euros, “se ha acreditado el retorno a España a través de un entramado de sociedades de 2,9 millones de euros, quedando pendientes de acreditar el destino de 3,5 millones de euros”. Dinero que ya estaría acreditado atendiendo al auto de libertad, un auto que eleva el dinero finalmente intervenido a 6,2 millones de euros.

Los policías explican que para toda esa mecánica se creó un entramado societario para posibilitar el retorno a España de los fondos a través de las sociedades Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnis Sylvatica, todas con sede social en España, pero que recibía el dinero de los movimientos hechos a través de la matriz, Imision.

Costera del Glorio, por ejemplo, movió el dinero tan solo un día después de que Asedes ingresara 4,4 millones de euros en esta sociedad administrada por Miguel Barceló. Poco después, en octubre de 2010, Costera del Glorio y Miguel Barceló constituyeron Medlevante, siendo Barceló el administrador único Capital 3.500 euros.

Imision Internacional pasó a controlar Medlevante al transferir fondos por importe de 2,9 millones de euros en tres transferencias entre diciembre de 2005 y mayo de 2006 en la cuenta de Medlevante. El control que ejercía Imision Internacional se constató en que en el año 2014 se produjo un cambio, Pasando a ostentar el control de forma paritaria dos sociedades radicadas en Uruguay: Misleny SA y Disfey SA.

Ambas sociedades estaban gestionadas por un sobrino de Fernando Belhot, el testaferro de Lezo al que Zaplana le pedía dinero en una grabación policial, apareciendo vinculado en Sudamérica a operaciones de blanqueo de capitales. Es en estas últimas sociedades, las uruguayas, donde la UCO afirma que existían “serios indicios” de que el resto del dinero estaba ahí, porque las cantidades de dinero coincidían con las que previamente tenía Imision. Tanto es así, que fue en este país donde finalmente se encontró el dinero intervenido por la magistrada y que ha permitido a Zaplana abandonar la cárcel.

Sobre este cambio de sede del dinero, aseguran los miembros de la UCO que “Uruguay tiene una legislación societaria opaca, porque permite la posesión de acciones al portador sin desvelar el verdadero titular pudiendo ser gestionadas por un tercero y apareciendo de forma indiciaria como sociedades que recibirían el dinero no retornado a España”.

'Caso Erial'

 El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.