VALÈNCIA. La UTE formada por Dragados, del Grupo ACS, Rover y Tecsa se ha adjudicado, por 443,3 millones de euros, las obras del canal de acceso de València. El contrato, que Adif sacó a licitación por valor de 453,7 millones de euros, contempla el soterramiento de todas las vías a las estaciones de Valencia Nord y Joaquín Sorolla, prolongando los túneles del nudo sur, así como la remodelación de la estación del AVE.
Un 'macrodesarrollo' que había suscitado gran interés tanto por parte de firmas valencianas como de grandes compañías nacionales del sector de la construcción. Y es que esta obra urbanística y ferroviaria es esencial para la capital valenciana porque supone desatascar un gran nudo ferroviario y transformar la trama urbana de la ciudad. A su vez impulsará el Corredor Mediterráneo.
De hecho, se presentaron cinco ofertas, pero finalmente las obras se han adjudicado a la UTE Dragados, S.A. (45% de la licitación), Rover Infraestructuras (20%), Rover Rail (20%) y Tecsa Empresa Constructora (15%), al considerar que es "la oferta con mejor relación calidad-precio". De hecho, ya en la valoración económica había obtenido la mejor puntuación.
La intervención incluye no sólo el soterramiento de las vías de Cercanías y AVE desde la V-30, sino también la ampliación de la estación de Joaquín Sorolla, que en un principio iba a ser provisional pero que, con el incremento de usuarios derivado del desarrollo del Corredor Mediterráneo y la liberalización del sector ferroviario, necesitará más vías. El plazo de ejecución de las obras será de 60 meses.
En este proyecto también se derribará el conocido scalextric -el viaducto de Giorgeta- y se liberará por completo el espacio que ahora ocupa la playa de vías en superficie. La idea es adjudicar en enero de 2023 la actuación para en el primer trimestre del próximo año poner la maquinaria en marcha con vista a culminar en 2027 esta compleja actuación. Entonces sería el momento en el que el Ayuntamiento de València pueda empezar con la urbanización del futuro bulevar García Lorca, sobre el canal de acceso.
Adif licitó el pasado 2 de agosto las obras del proyecto de construcción con un presupuesto estimado de 453,7 millones de euros, cinco días después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, suscribieran el convenio para acometer la intervención que se dividirá en nueve fases diferenciadas.
Así, la ejecucción arrancará con el cerramiento de la zona de obras y se ejecutarán las expropiaciones necesarias para poder ubicar las siete instalaciones temporales previstas, así como para las zonas afectadas por la actuación. A partir de aquí, los constructores deberán construir en cinco años las vías ferroviarias bajo el suelo manteniendo el tráfico de trenes habitual en superficie.
Entre las actuaciones están el soterramiento del nudo ferroviario situado en las proximidades del hospital La Fe, hasta el norte, en la Estación Joaquín Sorolla, que culminará las obras en el extremo del canal de acceso. En la estación, de hecho, se construirán nuevos andenes, se remodelarán las instalaciones y se ampliará el aparcamiento aprovechando la demolición del viaducto de Giorgeta.
El proyecto cuenta con inversión total de 550 millones de euros y está financiada al 50% por el Gobierno central, y la otra mitad, a partes iguales entre la administración autonómica y la municipal. Así, las dos administraciones valencianas invertirán 132,92 millones cada una y Adif, 265,85. Asimismo, está previsto que 163 millones vayan a cargo de los fondos europeos Next Generation.
Durante la firma del convenio, la ministra Raquel Sánchez destacó que, si actualmente pasan por la estación alrededor de 3,8 millones de pasajeros anuales, se espera, de acuerdo a los estudios de demanda elaborados, que "en cinco años se pueda superar la cifra de los 8,7 millones".
Lo cierto es que esta licitación se ha demorado algo más de lo previsto después de que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la impugnara por incluir en su pliego de condiciones unas cláusulas que los empresarios consideraban "abusivas". De hecho, no era el único contrato de Adif parado con un recurso, ya que los contratistas recurrieron varias licitaciones que también recogían esos puntos.
El punto de fricción era la introducción de una cláusula por parte de Adif referente a los motivos e incumplimientos que puede incurrir el contratista y que comportan a la resolución del contrato. Una exigencia sobre "obligaciones esenciales y condiciones de ejecución del contrato que son incompatibles con el ordenamiento jurídico", "arbitrarias y que generaban inseguridad jurídica", criticaban los empresarios, y que les llevó a recurrir la licitación ante el el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC).
El Tribunal admitió el recurso y decidió suspender la convocatoria retrasando su tramitación. Sin embargo, y tras varias negociaciones, finalmente el gestor ferroviario decidía suprimir del pliego los requisito que habían generado malestar entre los contratistas, lo que permitió el desbloqueo de este desarrollo.