CASTELLÓ. Cuatro años después de que la filial de Edeis abandonara la gestión del Aeropuerto de Castellón, la multinacional francesa liquidará la compañía. El grupo ha iniciado los trámites para poner fin a la andadura de la compañía radicada en Castellón con el nombramiento del liquidador y la solicitud para la disolución voluntaria y la extinción de la mercantil, que recibía el nombre de Edeis Aeropuerto de Castellón S.A.
Así quedó reflejado este lunes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), donde se ha publicado el nombramiento de Charles Ruoz Daniel como liquidador de la compañía, que la firma francesa creó expresamente para gestionar el recinto aeroportuario de Castellón. Tras dejar de hacerlo en 2019, ahora la compañía ha decidido disolver la empresa.
El grupo francés tomó la determinación de abandonar la gestión del aeropuerto por las pérdidas que arrastraba la compañía debido a que se incumplieron las previsiones económicas proyectadas cuando se adjudicó la gestión. En el contrato, como informó Castellón Plaza, el Gobierno valenciano aceptó incluir una cláusula según la cual, si el descenso en los viajeros era mayor de un 25% respecto a las previsiones "y en el siguiente periodo de 4 años se prevé que no se va a alcanzar como mínimo el 85% del volumen de pasajeros previsto", el contratista tendría "la facultad de resolver unilateralmente el contrato". Y así fue.
El contrato también otorgaba a la Generalitat Valenciana la posibilidad de compensar el desfase económico con fondos públicos para mantener vigente el contrato de gestión. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo en este sentido y la compañía activó la cláusula mencionada y el servicio que prestaba mediante la concesión tuvo que asumirlo de manera directa la empresa pública Aerocas, dependiente de la administración valenciana.
Lo cierto es que, sin embargo, la firma francesa y su predecesora (la canadiense SNC-Lavalin) sí percibieron casi todos los fondos previstos en el contrato por parte de la Generalitat pese a que gestionaron el espacio durante cinco años en lugar de 20, como fijaba el contrato. Así, al romper el contrato ya habían percibido el 90% de los 25 millones que estableció el Consell como compensación por gestionar el recinto para los 20 años. Así pues, sin haber llegado a la cuarta parte del periodo establecido inicialmente, las dos compañías ingresaron de la Generalitat más de 22 millones de euros.
Sólo quedaron por abonar 1,6 millones previstos para 2020, 929.000 euros para 2021 y los restantes 366.000 de 2022. A partir de ahí, la gestión debía correr por cuenta de la gestora en base a sus ingresos propios. Pero la ruptura del contrato lo impidió y obligó a la Generalitat Valenciana, a través de la mercantil pública, a asumir la gestión de la infraestructura y a subrogarse a los empleados. Cuatro años después de la salida, la empresa desaparecerá.
