El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el director general de Urbanismo, Vicente García Nebot, durante su último encuentro en esta ciudad.VILA-REAL. El juez ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PP contra la decisión del equipo de gobierno municipal de Vila-real de declarar confidenciales los contratos y facturas emitidas por el abogado y actual director general de Urbanismo, Vicente García Nebot, según confirmó este martes el propio portavoz del gobierno local, Javier Serralvo, quien lamentó, por otro lado, que el Partido Popular vuelva a recurrir “a la manipulación de la realidad” para “intentar confundir a la ciudadanía, ya que no hay nada ganado ni perdido". Serralvo aclaró que el juez no se ha pronunciado sobre la confidencialidad que el gobierno local decretó en su día, sino que se limita a admitir a trámite el recurso del PP.
Previamente, desde el grupo municipal del PP en Vila-real, se había señalado que la Justicia había "asestado un duro revés al alcalde de Vila-real, José Benlloch", al que acusan de intentar "blanquear al imputado Vicente García Nebot". La decisión del juez hace que el contencioso administrativo -interpuesto por el PP para acceder a las facturas del abogado y urbanista- siga adelante después de que la sala haya rechazado el recurso del alcalde socialista para frenar el intento del PP de obtener datos sobre las facturas, según informaron este martes fuentes populares a través de un comunicado.
El recurso presentado por el equipo de gobierno municipal exigía tramitar el procedimiento por la vía ordinaria. Sin embargo, el PP defiende que el recurso debe gestionarse por la vía de la protección de los derechos fundamentales. El objetivo es, en la práctica y según el PP, "demorar la resolución del recurso, puesto que la ordinaria es mucho más lenta que la propuesta por el PP, que estima que se vulneran derechos fundamentales reconocidos.
Para Serralvo, contrariamente, la actitud del PP va dirigida a "subirse al carro del barullo y la desinformación aprovechando un caso de un municipio vecino que en estos momentos está en un juzgado”, aclara el portavoz, quien recuerda que el alcalde declaró la documentación "confidencial", con el aval de todos los informes técnicos y en base al artículo 14 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información y Buen Gobierno. Este artículo, indica Serralvo, fija los límites en el derecho de acceso a la información cuando "suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", así como para "garantizar la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva".
“Es decir -según el portavoz del gobierno local- el equipo de gobierno tenemos la obligación de velar por la defensa de los intereses de toda la ciudadanía y el deber de no interferir en un asunto judicial; y así lo han entendido también los técnicos municipales en sus informes para la declaración de confidencialidad del expediente”, concluye.
Para el PP, por contra, “es evidente que Benlloch tiene un objetivo que no es otro que blanquear a su amigo García Nebot, aunque para ello se salte las reglas de la transparencia, la participación y el acceso a la información”, señalan desde el PP de Vila-real. Según las mismas fuentes, "así lo demostró el pasado año, en noviembre, cuando declaró reservados los contratos a la empresa del director general de Urbanismo, imputado por la Justicia por un presunto delito de falsificación en documentos públicos". El PP, entonces, recurrió al contencioso y el alcalde presentó un recurso que “ahora la Justicia le ha tumbado”.
Para los populares “es sorprendente que como Grupo Municipal debamos presentar un contencioso para acceder a documentación que deberíamos tener disponible, sin zancadillas, sin bloqueos”, señalan desde el Grupo Municipal del PP, que indican que el caso de Vila-real no es el único. En Almenara, según señalan, el Grupo Municipal del PP se ha visto obligado a recurrir al Consell de Transparència para poder obtener los contratos que la alcaldesa socialista Estíbaliz Pérez ha negado al PP. En este caso, con el agravante, tal y como señalan desde el PP de Almenara, que la alcaldesa y secretaria de Organización del PSPV, también está imputada, junto a García Nebot, por un presunto delito de falsificación en documentos públicos.
