Foto: CARLOS CASTRO/EPVALÈNCIA (EP). La patronal Aerte afirma que la Conselleria de Igualdad sigue sin pagar los casi 50 millones que debe a las residencias privadas de mayores y empresas gestoras, con facturas pendientes incluso desde el pasado mes de noviembre, lo que está provocando "grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas".
Al respecto, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes, José María Toro, señala que el importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a unos 36 millones, incluyendo el mes de junio, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en casi a los 50 millones.
"Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia", advierte.
Así, explica que el concurso de plazas residenciales de personal mayores de 3.300 plazas, que fue el primero que llevó a cabo la conselleria de Igualdad, venció el 31 de agosto de 2021, mientras que el concurso que lo sustituye, de 7.100 plazas, está en la fase de adjudicación provisional actualmente y se espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2022, lo que supone "un año de retraso".
Además, señala que "muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, pero con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios".
Al respecto, recuerda que trasladaron esta situación en la reunión que mantuvieron con la vicepresidenta y consellera Aitana Mas hace dos semanas, que les informó de que se iba a resolver en este mes. Sin embargo, "todavía no están contabilizadas las facturas en el sistema informático lo que, desde nuestro punto de vista, impide que se puedan pagar en breve" critica.
De hecho, constata que este retraso en la contratación está provocando "un atraso en los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de noviembre del 2021 en adelante". Así, "al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas".
Por lo tanto, esta situación "no se debe a un problema de tesorería de la Generalitat Valenciana, sino a la deficiente gestión administrativa que impide formalizar los nuevos contratos y contabilizar las facturas que se generen hasta ese momento", lo que Aerte considera "inaceptable".
Toro señala que "aunque se han hecho algunos pagos, la situación general no ha cambiado: estamos en la última semana de julio y, nos tememos que lo que no se pague esta semana ya no se pagará hasta septiembre, lo que dificultará el pago de las nóminas de este mes para muchos centros". "La situación es insostenible", advierte.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
